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La economía de la inclusión Luis Triveño

El Lote 192 y la inclusión social

El fondo del debate del Lote 192 y sobre cualquier rol del Estado en la actividad empresarial no es ni ideológico ni científico, sino económico.

El líder mundial en la producción de computadoras no es Apple sino la empresa china Lenovo. Aunque a esta última le gusta hacerse pasar como una empresa privada, la Academia China de Ciencias, una institución controlada por el Partido Comunista Chino, fue la organización que dio el capital semilla para la empresa y es la que todavía es dueña de una parte importante de ella. Entre las transacciones más importantes que registró Lenovo en la última década destacan las siguientes tres:

  • En 2004, adquirió el negocio de computadores personales de IBM; 
  • En octubre de 2014, compró el negocio de servidores X86 de IBM; y
  • También en octubre de 2014, adquirió la empresa Motorola Mobility a Google para continuar su expansión en el mercado mundial de smartphones.

Si Usted piensa, estimado lector, que resultaría tonto concluir que debido al ejemplo de Lenovo, los peruanos deberíamos estar a favor de la actividad empresarial del Estado, tiene toda la razón. En este post, intentaré convencerle de que es igualmente tonto utilizar los ejemplos de fracasos pasados para oponerse a cualquier forma de actividad empresarial del Estado.

Para comenzar, es bueno que se saque de la cabeza que ejemplos como los de Lenovo son más la excepción que la regla. Esto no es así: por ejemplo, las dos terceras partes de las empresas de países emergentes que formaban parte de la lista Fortune 500 en 2014 tenían al Estado como accionista mayoritario o minoritario.

Luego, es importante que tenga presente que hacer comparaciones entre el desempeño de empresas privadas y públicas es extremadamente difícil. Por ello es que existen solo contados estudios que tengan resultados a partir de una metodología científica válida. Esto, por supuesto, tampoco quiere decir que no existan los múltiples beneficios que la empresa privada trae a una economía. 

Finalmente, es indispensable que se de cuenta que detrás de la polarización del debate entre quienes promueven la privatización de todos los activos del Estado; y quienes defienden una participación más activa del Estado, no hay ideología sino puro interés económico. Es decir, no es verdad que una opción (el régimen privado) tenga necesariamente que ser mejor que la otra (el régimen público). Simplemente son distintas y ambas pueden funcionar bien. También, por supuesto, funcionan bien los regímenes mixtos en los que un activo o empresa tiene como accionistas tanto al Estado como al sector privado.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la polarización del debate? En mi opinión, ganan solo quienes tienen intereses económicos en alguno de los bandos y pierde la población. 

Los canales a través de los cuales esto ocurre son tres:

  1. En primer lugar, por la corrupción. Según la OECD, la mayoría de casos de corrupción internacional, involucran a gerentes de empresas estatales. En países como China, donde la actividad estatal es importante, la cúpula de los 50 dirigentes más importantes del Partido Comunista tiene una riqueza combinada de casi USD 100 mil millones, 50 veces la de sus pares en Estados Unidos. 
  2. En segundo lugar, por el clientelismo o el intercambio de favores. La corrupción es una moneda de dos caras que también involucra al sector privado, tal como lo muestra el escándalo de Petrobras en el cual estaban involucradas las dos empresas constructoras más grandes de Brasil: Odebrecht y Andrade Gutiérrez. La maquinaria de corrupción de Petrobras es un ejemplo de cómo opera el clientelismo y la corrupción en perjuicio de los ciudadanos. A través de este, un político recibe favores (o directamente dinero) de parte de empresarios que desean obtener algún privilegio, beneficio o negocio. El clientelismo también aplica, por supuesto, cuando un político en etapa preelectoral busca “comprar” con favores los votos de una región, algo de lo cual podría haber estado presente en los intereses detrás de los parlamentarios que promovieron la norma que busca una intervención más activa del Estado en el Lote 192.
  3. En tercer lugar, por los conflictos de intereses. Estos existen cuando un político asume el encargo de gestionar la producción de un bien o servicio de parte del Estado y privilegia este el rol sobre el de defensor de los derechos de los consumidores. Y también existen cuando una empresa privada procura hacerse de la propiedad o concesión de un activo para luego aprovecharse de una regulación laxa o inexistente para afectar a los consumidores.

Con estos ejemplos, lo que trato de mostrarle, estimado lector, es que el fondo del debate del Lote 192 y sobre cualquier rol del Estado en la actividad empresarial no es ni ideológico ni científico, sino económico.

Que no le vendan gato por liebre: quién es el dueño o titular de un activo (si es el Estado, un individuo o una empresa) no tiene  relevancia.

Las privatizaciones o las concesiones pueden ser igual de malas que la actividad empresarial estatal si la regulación no es adecuada y si el Poder Judicial es una coladera que impide que las empresas se hagan responsables de sus actos. Lo mismo les señalé en un post de hace unos meses sobre las APP. Esto no quiere decir que privatizar y/o concesionar un activo o empresa estatal no sea la mejor opción a veces. Lo único que quiere decir es que hay casos (y no son pocos) en que esta no es la mejor solución.

Lo que sí es importante tanto para empresas públicas como privadas es cómo se gestionan los activos y cuán bien se atienden las expectativas de la población.

Quizás la prueba más importante de que en el debate sobre el Lote 192 (al igual que lo que ocurrió respecto de la eventual adquisición del Estado de los activos de Repsol) lo que existe es una pugna entre los bandos que quieren apropiarse de un recurso, es que nadie ha planteado la posibilidad de que la propiedad de los activos del Estado no solo se mantenga sino que pueda ampliarse y gestionarse de tal forma que alcance los máximos niveles de rentabilidad, corriendo el menor riesgo posible y satisfaciendo de la mejor manera los intereses de la población.

Hace solo unas décadas, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hacía noticia por estar detrás de una de las hiperinflaciones más grandes del mundo. Hoy es uno de los bancos centrales más serios y Julio Velarde, su presidente, ha llegado a ser calificado recientemente como el mejor banquero central del mundo. ¿Cómo se produjo este cambio? Gracias a una Ley Orgánica que blindó de la intervención política el manejo de la política monetaria y la gestión de las reservas internacionales. Esto último es muy importante pues el BCRP no solo ha mantenido baja la inflación desde que su gestión se modernizó sino que ha gestionado las reservas internacionales con los principios  de prudencia que manda su Ley Orgánica.

El Estado ya sabe cómo gestionar eficientemente sus activos, solo que ha comenzado por los activos financieros y ha dejado de lado los no financieros. Si se decidiera a hacer lo mismo con los activos no financieros, si pudiéramos tener una entidad como el BCRP que gestione con profesionales de primer nivel los activos del Estado, no tendríamos más debates como los de REPSOL o del Lote 192. Y si hacemos el trabajo igual de bien que lo hizo el BCRP, en algunas décadas hasta podríamos llegar a ser reconocidos como los líderes mundiales en la gestión de activos del Estado, manteniendo la propiedad en manos de todos los peruanos y generando retornos como los de la mejor empresa privada para financiar las inversiones que requieren los que más lo necesitan en el Perú. La inclusión social no solo consiste en gastar los recursos del Estado sino también en gestionar sus activos mejor.

 

 

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