Las cárceles y la inclusión social

El Premier, Pedro Cateriano, acaba de anunciar que presentará un Decreto Legislativo que permitirá la existencia de una sistema penitenciario mixto, con cárceles públicas y privadas. 

No existe nada inherentemente malo a la existencia de cárceles privadas. Al menos en teoría, existen tres posibles beneficios de su existencia.

1. Las cárceles privadas se construyen más rápido (2 años vs. 6 o 8 años que suele demorar la construcción de una cárcel pública).
2. Los costos de operación son menores.
3. Los reos se benefician de una mejor preparación para su reinserción y, los familiares, de un régimen más flexible de visitas.

Además, otros países ya han pasado por este tipo de reforma en el mundo desarrollado y también en América Latina. El sistema mixto existe en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Australia, Hong Kong, entre otros. En la región, se conocen experiencias en Chile y Brasil. 

Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles. En este blog, anteriormente argumenté cómo, a pesar de las ventajas teóricas de una Asociación Público Privada (APP), con poca transparencia y un contrato mal negociado, el remedio de las APP puede terminar siendo peor que la enfermedad.

En el caso de las cárceles privadas, ocurre algo similar, aunque con una agravante. Para ganar más dinero, los concesionarios o dueños de una cárcel necesitan: 

1. más presos en sus cárceles; 
2. cobrar más por preso; o
3. una combinación de ambas. 

Esto significa, por ejemplo, que si Usted fuera el dueño de una cárcel (o quisiera convertirse en uno), se pararía a aplaudir cada vez que el Premier o algún miembro del Ejecutivo o Legislativo plantee el endurecimiento de penas “para combatir la inseguridad”, pues este asegurará que sea más fácil que las personas lleguen a las cárceles y más difícil que salgan de ellas. Peor aún, lo más probable es que esté dispuesto a hacer lobby para que esto ocurra. Y esto es muy peligroso para la sociedad porque los intereses de los dueños de las cárceles privadas son los opuestos a los de la sociedad, aunque se disfracen de los mismos. Eso no hay que perderlo de vista: los peruanos no queremos más presos ni cárceles privadas sino más seguridad. 

El caso de Estados Unidos es bastante ilustrativo respecto de cómo opera la dinámica “privatización – lobby para endurecimiento de penas – incremento de la población penitenciaria – alto costo para el Estado y enorme beneficio para las empresas dueñas o que operan las cárceles”. En dicho país, la privatización de las cárceles se popularizó en los años ochenta. Desde entonces, la población penitenciaria se ha cuadriplicado. Como resultado de ello, Estados Unidos alberga en sus prisiones al 20% de todos los encarcelados del mundo, a pesar de solo tener el 5% de la población mundial. Esto llevó a Eric Holder, el ex Fiscal General de Estados Unidos, a afirmar que “en Estados Unidos, muchas personas están presas por un tiempo más largo del necesario y por razones injustificadas”. Y esto, junto con el hecho de que los encarcelamientos tienen un probado sesgo étnico en el país, ha motivado que el Presidente Obama plantee una reforma integral del sistema penitenciario.

Es precisamente a la luz de estas consideraciones que conviene reflexionar sobre la reciente propuesta del Premier Cateriano de crear un sistema penitenciario mixto. A continuación cinco elementos que podrían ayudar en este proceso:

En primer lugar, como sociedad debemos cada vez más involucrarnos en este tipo de decisiones pues son las que finalmente le darán forma el Perú de mañana. Así como en el caso del aborto, antes que prohibirlo o promover una industria privada alrededor de él, es mejor invertir en minimizar el número de embarazos no deseados; en el caso de las cárceles, antes de meter a la mayor cantidad de peruanos a la cárcel o hacer del encierro una industria, es mejor invertir en asegurar que cada vez menos peruanos vean al delito como una opción de vida. 

En segundo lugar, antes de comenzar a escribir un Decreto Legislativo que cree el sistema mixto, valdría la pena reflexionar sobre si es posible obtener el mismo resultado deseado (o quizás uno mejor) con un sistema alternativo. La gestión con estándares de eficiencia del sector privado puede conseguirse sin la necesidad de un sistema mixto. Por ejemplo, a través de una subcontratación. Si el problema es que no se consigue bloquear los celulares en las cárceles y existe la conjetura de que los operadores privados podrían ser más efectivos haciéndolo, ¿por qué el INPE no contrata empresas privadas para que le presten el servicio para hacer el bloqueo y luego asegurarse que se mantenga operativo?. Esto ya lo puede hacer sin ningún decreto legislativo de por medio.

En tercer lugar, si es que se decide de todas maneras crear el sistema mixto, las cláusulas que aseguren que los costos operativos privados sean menores a los del sistema penitenciario público deben ser estrictas, no renegociables y, sus resultados, transparentes, no solo al momento de la concesión o privatización sino al término de cada año de la prestación del servicio. Si no se asegura una mayor eficiencia en costos, los beneficios de la alternativa de la privatización de las cárceles se diluyen. Exactamente lo mismo ocurre con las APP. 

En cuarto lugar, los términos de las convocatorias para elegir operadores del sistema mixto deben permitir no solo la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras sino también la de ONG’s y organizaciones religiosas, pues varias de estas ya cuentan con experiencias exitosas de gestión de establecimientos penitenciarios en América Latina. Un buen ejemplo por consultar es el caso de Brasil.

En quinto lugar, la creación del sistema mixto y su implementación debe realizarse en el marco de un diálogo amplio y no debería precipitarse durante el período de facultades extraordinarias pues, de no existir un relativo consenso en la sociedad respecto de su conveniencia, la decisión corre el riesgo de revertirse tal como ya ha ocurrido en Canada y Nueva Zelanda.