La autocrítica y la inclusión social

Los analistas políticos y líderes de opinión han criticado la falta de autocrítica del Presidente de la República, Ollanta Humala,  en su último mensaje a la Nación. El mandatario, por su parte, ha señalado que el momento para la autocrítica será al final de su mandato.

Una crítica se debe realizar al final de un evento o de un período de mandato. La autocrítica en la gestión pública, sin embargo, debe ser permanente. Sin ella, las posibilidades de mejora continua se esfuman. Además, la autocrítica era necesaria en el mensaje presidencial pasado por la sencilla razón que este debió haber marcado el inicio de un proceso de preparación para el debate electoral sobre los temas clave para el futuro del país y para la transición al siguiente equipo de gobierno, aun cuando este todavía no haya sido elegido.

Para quienes gobernarán el país a partir del 28 de julio de 2016, conocer los logros del actual gobierno les será de poca utilidad. Lo que más les importará será conocer dónde están los problemas más importantes, dónde los más urgentes y con qué recursos se cuenta para enfrentarlos. 

A partir de hoy, si bien el presidente Humala perdió una gran oportunidad de informar al país sobre estos aspectos, no debería perder la ocasión de mostrar sus valores democráticos encargando a sus ministros la elaboración de diagnósticos y recomendaciones de política para el próximo equipo de gobierno en al menos ocho temas. 

Uno de estos son los programas de inclusión social, sobre los cuales se requiere un análisis crítico que vaya mucho más allá de los indicadores de cobertura y que termine determinando las áreas en las que el próximo equipo de gobierno debe enfocarse para potenciar su capacidad para impactar las vidas de la población.

Solo entre junio y julio pasados se conocieron tres hechos que deberían motivar una auditoría de los programas sociales, así como un análisis de su estrategia y funcionamiento.

• El primero fue el robo sistemático en los programas Juntos y Pensión 65, que contó con la complicidad de funcionarios del Banco de la Nación.  

• El segundo fue la incapacidad del programa Qali Warma para asegurar la cobertura del programa en los colegios de Lima y Callao. Hacia fines de junio, se conoció que solo el 40% de los colegios que debía recibir desayunos escolares del programa de Qali Warma era atendido, luego de 4 meses del inicio de las clases escolares. 

• El tercero fue la incapacidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para entregar los kits de abrigo que son necesarios en 14 regiones en plena estación de friaje.

Las explicaciones oficiales han sido escasas y poco afortunadas. 

• En el primer caso, más allá de una remoción de funcionarios, no se han publicado los resultados de una investigación que identifique el monto total de fondos que fueron robados en todos los programas sociales durante el gobierno actual, no se han hecho conocer las acciones iniciadas a los responsables; y tampoco las medidas correctivas adoptadas al modelo de funcionamiento de los programas para que esto no vuelva a ocurrir. 

• En los dos últimos casos, la explicación oficial fue la falta de proveedores privados dispuestos a atender los requerimientos del Estado o el retraso en los procesos de contratación.

Solo en el caso de Qali Warma se conoció que hubieron 8 convocatorias de proveedores en Lima y que varias de ellas tuvieron que ser declaradas desiertas por no existir interés en las licitaciones para la entrega de raciones debido a los precios que se habían asignado en las convocatorias. 

La pregunta que surge en este caso es si tiene sentido que el Estado tenga que realizar 8 convocatorias antes de tomar una decisión alternativa y/o provisional mientras se realiza una nueva convocatoria para conseguir un proveedor. ¿Acaso dejar sin desayuno a unos 260 mil niños de inicial y primaria durante 4 meses no constituye una situación de emergencia?

¿Qué se pudo haber hecho? ¿Qué podría hacer el siguiente gobierno para superar este tipo de obstáculo? El punto de partida es entender que muchas de las tareas que el Estado debe cumplir y de las respuestas que debe dar con rapidez a poblaciones vulnerables no son un buen negocio para el sector privado. En un contexto así, la solución no es seguir tratando de convencerles ni convertir artificialmente la intervención en un negocio privado rentable a costa del dispendio de una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, el gobierno podría haber realizado las siguientes tres acciones:

• Declarar en emergencia la entrega de desayunos escolares en Lima.
• Comprar directamente leches envasadas para consumo directo a la industria.
• Comprometer a todas las entidades que puedan apoyar provisionalmente con la entrega de raciones como las panaderías y los centros de producción de las Fuerzas Armadas o la planta y/o los CITE del Instituto Tecnológico de la Producción.  

No es posible que, en un país que aspira a ser parte de la OCDE, las vías rápidas para atención de emergencias no funcionen, que el Estado no sepa usar dichas vías o que tenga miedo a hacerlo. 

Este es precisamente el tipo de diagnóstico y visión de futuro que un líder democrático, que ya se ha dado cuenta que el momento para dorar la píldora ha terminado, debería ofrecerle al país. No tengo la menor duda que este tipo de mensaje le haría recuperar algunos puntos de popularidad y le permitiría defender mejor a los programas sociales de las críticas de quienes todavía dudan de la utilidad de su existencia.