El impuesto predial y la inclusión social

Los peruanos hablamos mucho de cuán informal es la economía y cuán necesario—pero difícil—es hacer que todos los ciudadanos paguen sus impuestos. Vale la pena señalar que, al hablar de impuestos, la mayoría se suele referir al Impuesto General a la Ventas (IGV) o al impuesto a la renta. 

Evadir o eludir ambos impuestos, a pesar de los cada vez más importantes esfuerzos de la SUNAT, es todavía posible para una parte importante de los peruanos. Pero no se equivoque: si bien cuando se habla de delitos tributarios se suele pensar en el pequeño comerciante informal, lo cierto es que los grandes empresarios tampoco se salvan. Por ejemplo, al escribir estas líneas, todavía sigue prófugo de la justicia el ex vicepresidente de CONFIEP y ex presidente de CAPECO, quien ha sido condenado por el delito de defraudación tributaria.

¿Cómo es posible que, a pesar de tener una agencia de recaudación tributaria competente y relativamente moderna, tanto el empresario más pequeño como el más grande le puedan seguir sacando la vuelta al Estado, dejando de pagar los impuestos que les corresponde? 

La mala noticia es que no hay una respuesta sencilla ni única a esta pregunta pues confluyen una serie de factores. La buena noticia es que sí hay alternativas de solución.

Probablemente el 80% de la respuesta sea que la fiscalización del pago de ambos impuestos (IGV e IR) es muy difícil y costosa en una economía atomizada (con un gran número de empresas) y con un bajo valor de transacción promedio. Por eso, reducir cada punto adicional de evasión le cuesta tanto a la SUNAT y por eso es que con frecuencia nos quejamos de que se concentre en fiscalizar a los mismos de siempre (las empresas formales y más grandes). Lo que hace la SUNAT es absolutamente racional pues concentra sus escasos recursos de fiscalización en los contribuyentes donde estima que podría obtener una mayor recaudación. 

¿Y qué hay de los demás? Utilizando el IGV o el impuesto a la renta como los tributos principales de recaudación es muy poco lo que se puede hacer diferente, especialmente cuando existen gran cantidad de exoneraciones y regímenes especiales en ambos impuestos. 

Sin embargo, existe un impuesto bastante progresivo (grava menos al pobre y más al rico) que se recauda con relativa facilidad y del que suele ser bastante difícil escaparse. Se trata del impuesto predial: el impuesto preferido por los economistas y más odiado por los propietarios de predios.  Un impuesto predial bien aplicado gravaría tanto al pequeño propietario que accedió a la propiedad a través de una invasión que fue posteriormente regularizada por COFOPRI, como al dueño de departamentos en Lima Moderna cuyo valor se ha triplicado en la última década.

Además de ser relativamente fácil de recaudar, pues las propiedades no se mueven y existe siempre el interés del propietario por tener regularizada la titularidad de su propiedad, según un estudio realizado por el OCDE (2008), el impuesto predial genera la menor cantidad de distorsiones en la economía por cada dólar de ingresos que genera. La razón es bastante simple: cuando se sube el IGV, por ejemplo, se genera un desincentivo al consumo; y cuando se sube el impuesto a la renta, se genera un desincentivo al trabajo. La reacción de los consumidores ante ambas alzas es comprar y trabajar menos, respectivamente. Cuando sube el impuesto predial, la única salida que podrían tener los contribuyentes sería vender sus propiedades. Por supuesto que una subida del impuesto predial podría desalentar la venta de nuevas propiedades. Sin embargo, una vez que las propiedades están construidas y tienen dueño, no hay escapatoria. 

A pesar de que el impuesto predial es mucho más progresivo que el IGV, pues este último grava más al pobre que al rico, en Perú no es muy popular y su potencial recaudatorio no es aprovechado por tres razones:

• Primero, porque el impuesto predial grava con un porcentaje sorprendentemente bajo al valor de la vivienda si se le compara con los estándares internacionales;
• Segundo, porque su correcta aplicación requiere de contar con una base catastral adecuada en cada municipio, elemento que es bastante escaso en la gran mayoría de distritos del país;
• Tercero, porque hasta el momento no se le ha dado el impulso adecuado desde el gobierno central, que ha estado más concentrado en empujar la recaudación del IGV e IR.

Sin embargo, para un país con altos niveles de informalidad sería un tributo cuya recaudación sería muy costo-eficiente tanto en buenos tiempos como en malos y que, además, permitiría ampliar la base tributaria de manera significativa: un empresario puede manejar su negocio de la manera más informal posible pero lo más probable es que su casa esté adecuadamente registrada ante las autoridades competentes.

Asimismo, para un país con vocación descentralizadora, el impuesto predial es un instrumento de empoderamiento económico enorme para los gobiernos locales, pues la normatividad actual dispone que quienes recauden el impuesto predial sean los gobiernos locales. Con las capacidades técnicas y económicas adecuadas, los municipios podrían incrementar significativamente los recursos disponibles para su gestión, al menos en las  zonas urbanas del país donde tanta falta hacen mayores y mejores servicios para la población.

Finalmente, el impuesto predial, si es que grava más a las  viviendas o terrenos a los que no se les está dando uso económico,  permitiría evitar la especulación en el mercado inmobiliario y además alentaría una mayor declaración voluntaria de los contratos de alquiler, lo que a su vez impactaría positivamente en la recaudación por IGV.