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Lecciones y soluciones que no son Bambas

El principio fundamental que debe regir las relaciones de convivencia e intercambio en un territorio es: “Si mi vecino está bien, yo estoy bien”

las bambas

En los últimos días, hemos visto nuevos hechos que ponen en evidencia la crisis en Las Bambas. Por un lado, encontramos una empresa que no ha logrado establecer relaciones sólidas con una comunidad que siente que sus derechos no están siendo respetados, a pesar de las compensaciones recibidas; por otro lado, un Estado que no ha sabido canalizar los recursos financieros, que no han sido pocos, para generar desarrollo humano que revierta la situación de pobreza extrema; y, finalmente, los comuneros que tienen reclamos legítimos, pero que han sido magnificados por asesores inescrupulosos que los incitan a la violencia para lograr ejercer presión, casi extorsiva, sobre la empresa y el Estado, lo cual termina deslegitimizando su protesta.

Para nadie es un secreto que existen responsabilidades compartidas entre las partes. Sin embargo, más allá de presentar y comentar exhaustivamente el desenvolvimiento de la actual protesta y, de señalar cuáles han sido los errores en la estrategia de comunicación de los protagonistas, queremos resaltar las lecciones de aprendizaje que está poniendo en agenda el conflicto y, al mismo tiempo, nuestra propuesta para dar luces sobre una posible solución sostenible y definitiva.

En primer lugar, el error más grave de partida es que las partes involucradas poseen visiones distintas y hasta contradictorias respecto de la enorme oportunidad que existe de desarrollar un territorio contando con un enclave minero. Desde nuestro punto de vista, éste debería entenderse no sólo como fuente de recursos y trabajo para muchos, sino también como el catalizador de otras actividades productivas que no dependan de la minería, pero que se potencien con su presencia. No obstante, para que esto último se lleve a cabo, deben cumplirse varias condiciones: que el territorio sea concebido como espacio común, donde todos como vecinos deben preocuparse el uno por el otro, en otras palabras, “si mi vecino está bien, yo estoy bien”; que todas las personas sean consideradas importantes y se les reconozca su papel activo en el desarrollo del territorio, no hay nadie que sea prescindible o de segunda clase; y, que la confianza sea vista como un valor que se construye de a pocos y es frágil, por lo tanto, no se ofrece lo que no se puede cumplir y si algo se ofrece se cumple a como de lugar.

 

En ese sentido, cada quien cumple un rol en una suma que multiplica. El Estado, por su parte, provee de la infraestructura de base y servicios públicos de calidad, la empresa minera aporta recursos financieros y técnicos como gestor del desarrollo -sin pretender reemplazar al Estado, por supuesto- y la comunidad pone a disposición su esfuerzo humano, tierras, agua y quizás lo más valioso, el conocimiento ancestral de su territorio donde han vivido por generaciones. Si armonizamos los objetivos, intereses válidos y los aportes de las partes, tendremos un modelo ganador.

Claro que alguno de los lectores nos dirá que estamos “inventado la pólvora”, pero si bien en la teoría parece fácil de hacer, no suele aplicarse en la mayoría de los casos y es uno de los factores principales por los que solemos enfrentarnos a conflictos sociales. Desde el Estado, se suele tener muchos planes derivados o no de mesas de diálogo; sin embargo, muchas veces no han pasado de ser listas de “buenos” deseos o salidas al paso para reducir un paro o promesas no cumplidas o cumplidas a medias.

Ahora, ¿qué pasaría si proponemos soluciones sostenibles a largo plazo? Y, si volvemos a poner las cosas en el orden que corresponde siendo desde un nuevo inicio más asertivos y capaces de reconocer el rol determinante y activo que cumplen los protagonistas. La lección que nos deja Las Bambas es que debemos apuntar hacia la toma de decisiones en conjunto sin dejar a nadie atrás. Dicho de otra manera, debemos trabajar articuladamente para alcanzar el desarrollo, el cual no es impuesto desde un actor hacia el otro sino más bien surge a partir del consenso entre las partes. Desde nuestra óptica, debemos aprovechar la oportunidad para generar una institucionalidad que garantice el cumplimiento de los acuerdos y, sobre todo, que haga gestión para alcanzar las metas de desarrollo que se determinen como posibles.

¿Cuáles son los pasos por seguir para trabajar como socios en vez de enemigos? Es verdad que primero habría que partir por subsanar los errores de entrada y poner a las partes en igualdad de condiciones. Es decir, cerrar las negociaciones de compensaciones u otros temas pendientes, pero respetando el marco jurídico establecido, con igualdad de las partes en cuanto a su capacidad de negociación y donde el Estado garantice el respeto a los derechos de todos por igual.

Luego, se debe trabajar en definir las potencialidades del espacio territorial, en cuanto a las actividades productivas con mayor viabilidad económica, definiendo las brechas de infraestructura y de servicios básicos para tener un panorama claro de lo que le toca hacer a cada actor para aprovechar esas potencialidades. Y después definir objetivos, metas e indicadores de seguimiento, estableciendo plazos y responsables. Nada de esto es nuevo y sólo hará sentido plantearlo, si tenemos una institucionalidad que ayude a conseguir resultados. Dicho planteamiento se vería plasmado en la creación de una entidad que tenga un Directorio público-privado, como una Corporación de Desarrollo, que tome decisiones sobre inversiones públicas y promueva inversiones privadas, en especial en el agro. Esta entidad deberá tener representatividad de la empresa minera, del Estado y de las comunidades, siendo la que administre el plan de desarrollo del corredor minero, en el caso que está latente, dando cuenta de sus avances.

Bajo la mirada de ese enfoque, el Instituto Crecer acaba de suscribir un Memorándum de Entendimiento con PRONATURA de Brasil, integrante de la “Plataforma de Valor Compartido (Share Value Platform)” que también incluye al IFC del Banco Mundial y el Water Resources Group, con la finalidad de llevar adelante esta estrategia de desarrollo productivo territorial sostenible en el Perú. Sólo de esta manera habremos logrado que la sociedad sienta que cuando se anuncia una inversión minera, el progreso ha llegado para todos.

 

 

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