La ausencia del Ministerio de Ambiente

Por su impacto en las estructuras de poder y gobierno, los conflictos socio ambientales son sin duda alguna la principal causa del freno de la industria minera formal en el país. Se trata de conflictos que podrían haberse minimizado –desde hace ya un par de gobiernos– si el Estado hubiera tenido una actuación decidida al respecto.

Lamentablemente durante los últimos años el aparato anti minero ha logrado influir en el poder político y ejecutivo de la Nación. Uno de esos casos parece ser el del Ministerio del Ambiente. Si desde su creación –sin desatender su rol tutelar– se hubiera acercado a la industria minera contribuyendo a impulsar la producción limpia, quizás los conflictos tendrían magnitudes y consecuencias distintas en estos momentos. Hoy este ministerio está distanciado de la industria minera formal y no está contribuyendo a la solución de sus problemas de fondo.  

La omisión de la autoridad ambiental peruana en liderar una vía de solución a los conflictos ambientales de la minería formal ha facilitado que los grupos anti mineros logren generar la percepción de que prácticamente todas las empresas mineras formales son abusivas y contaminadoras, lo cual no es cierto.

Para esos grupos de poder los proyectos de inversión minera formal –cuyos derechos y permisos son otorgados por la autoridad legalmente constituida– sirven para atacar al Estado y el sistema social establecido. Por eso es que ellos no hacen paros en contra de los mineros informales, porque como estos trabajan al margen de la ley no es posible utilizarlos como medio de ataque a la autoridad o al Estado de derecho.

Ahora que algunos han descubierto esto –que el conflicto socio ambiental es un instrumento útil para atacar el Estado de derecho o conseguir réditos políticos–, su prevención y solución son muy complejas y exceden, por supuesto, el ámbito de competencia del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, éste no deja de tener una responsabilidad al respecto.

La actuación fiscalizadora de este ministerio durante los últimos años –utilizando un OEFA cuyo sesgo anti industria inicial tuvo que ser corregido por el Congreso de la República– no ha generado un cambio ni en la sociedad ni en la industria. Es hora de que la autoridad ambiental nacional se siente en una mesa, al menos, con las empresas mineras y las entidades públicas para empezar a generar ese cambio y trazar el camino hacia el objetivo común que otros pretenden truncar: el desarrollo sostenible de nuestro país.