De lo ambiental a la muerte

Nuevamente un conflicto ambiental ha causado la muerte de una persona. Esta vez en Pichanaki, en un contexto similar al de casos anteriores.

¿Por qué a partir de una preocupación ambiental llega a morir una persona? ¿Cuál es la relación lógica entre estos hechos? No parece ser una simple relación de causa efecto, hay algo más que lo debe explicar.

No creo que en los conflictos socio ambientales violentos lo ecológico sea el único asunto que los motive. Si realmente fuera así, probablemente no se llegaría al extremo de la pérdida de vidas humanas. Pero, entonces, ¿por qué muchos conflictos ambientales en el Perú resultan cruentos? En la respuesta a esta pregunta puede estar el meollo de la cuestión y creo que el análisis –que en última instancia corresponde a las autoridades– requiere considerar los siguientes argumentos:

1. El que ocurran conflictos ambientales no es el problema, el verdadero problema es que no sabemos solucionarlos. El Estado ha demostrado no tener la capacidad para ponerles fin y hacer que las partes acaten lo que él disponga. Se trata de una evidente debilidad institucional que está afectando el estado de derecho y, por tanto, la paz social.

2. Hay un común denominador en todos los conflictos: el aparente descontento de ciertos sectores de la población respecto del modelo de desarrollo que en los hechos plantea el gobierno y los beneficios que genera la actividad industrial a nivel local. Tal descontento queda latente aunque se solucionen los conflictos. 

3. La solución a los conflictos debe partir por una política de Estado relacionada con la ocupación del territorio. Es decir, un asunto al que deberían dedicarse los políticos y el Congreso de la República para lograr consensos nacionales. Si bien las “mesas de diálogo” son instrumento necesario para la solución de cada uno de los conflictos, se trata de un diálogo tardío y reactivo antes que propositivo.

4. El Estado no debe buscar las respuestas a los conflictos analizándolos caso por caso, sino en el contexto general de disconformidad de ciertos sectores de ciudadanos que no están cómodos con el modelo de desarrollo actual y que desconfían de la industria extractiva y de los funcionarios públicos. Pero además se trata de un contexto en el que movimientos de poder manipulan algunos conflictos para su beneficio propio.

5. En el análisis de cada conflicto es necesario romper con el facilismo de reducir siempre el problema señalando como causantes a “empresas corruptas” o a una “ONG de izquierda”. Tal argumento no hace otra cosa que generar mayor desconfianza en el escenario nacional. Y, como consecuencia de ello, empresas responsables que pueden contribuir al desarrollo local son impedidas de hacerlo.

6. La prevención de conflictos ambientales exige la debida coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Hasta el momento la sola expedición de documentos de política nacional no ha sido suficiente para organizar a estos tres niveles de gobierno en un objetivo de desarrollo común para el país. Este es el reto que enfrenta la sociedad peruana, un reto que exige formación cívica de sus ciudadanos y honestidad, principalmente, en sus políticos.

Expresado lo anterior, y para matizar un poco lo dicho, debo terminar señalando que el conflicto de Pichanaki sería un conflicto orquestado por grupos vinculados al MOVAFEF y al Etnocacerismo. Lo cierto es que la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de Pichanaki (ARPI) ha informado que no respalda las protestas y que el denominado frente de defensa ambiental no representa a los pueblos indígenas.Es decir, este conflicto no nacería de movimientos ciudadanos espontáneos, sino de acciones planeadas para desestabilizar el estado de derecho en un horizonte del corto plazo que podría tener como objetivo las elecciones del 2016. Por lo tanto, parece que en este caso la defensa del ambiente sería un pretexto para conseguir otros fines. El Estado tendrá que llegar al fondo del asunto.