El anuncio del Ministro de Economía: ¿cambio de rumbo ambiental?

Leí en el Gestión de hoy el anuncio de Castilla: que, sin debilitar la actividad fiscalizadora, se modificarán las normas para que Oefa (la entidad supervisora del Ministerio del Ambiente) no se financie vía multas porque eso se ha constituido en un incentivo perverso para la propia entidad, generando sobrecostos innecesarios a las empresas.

Lo anterior es importante, pero lo que más me llamó la atención es que el Ministro de Economía también declaró que estas modificaciones normativas tienen como finalidad que haya una mayor racionalidad en la labor del Oefa.

Toda actuación irrazonable y desproporcionada de la Administración es una actuación arbitraria y, como tal, está prohibida por la ley y los principios generales del derecho administrativo. Es a erradicar este tipo de actuación, entiendo, a lo que se refiere Castilla cuando declaró que con estas medidas el gobierno busca una mayor racionalidad en la actuación fiscalizadora ambiental.

Yo considero que se trata de una buena noticia porque demostraría una toma de conciencia  por parte de un gobierno que tiene la voluntad de “corregir el rumbo” al reconocer que la gestión ambiental punitiva que ha venido llevando a cabo el Ministerio del Ambiente no sólo perjudica a toda la industria (sin diferenciar al responsable del contaminador), sino que también perjudica al país.

Puedo afirmar, por mi experiencia profesional, que la actuación arbitraria del Estado en materia ambiental ha perjudicado antes al empresario peruano responsable que al contaminador.

Recuerdo cómo hace unos diez o quince años varias empresas se involucraban en proyectos de mejora ambiental que iban más allá del mero cumplimiento legal, incluso celebrando convenios y compartiendo objetivos con ONG conservacionistas. Hoy los funcionarios de esas mismas empresas, que no se merecen el título de contaminadoras, están tan abrumados por las exigencias de la actuación arbitraria de Oefa y las complicaciones de los permisos ambientales que ya no tienen capacidad para pensar en la mejora ambiental.

Ojala este “cambio de rumbo” lleve al fomento de las actividades de mejora en las empresas responsables y, al mismo tiempo, consiga imponer condenas efectivas a los contaminadores. Ni uno ni lo otro se ha concretado aún en nuestro país.