¿Qué pasa cuando una empresa y una municipalidad contaminan?

Cuando una empresa contamina se quiebra el equilibrio en la naturaleza, eso es lo primero que pasa. Luego, ante ese supuesto de hecho, el Derecho prevé unas consecuencias que, en el peor de los casos, pueden llegar a ser todas las siguientes:

1. Multa.
2. Cierre de operaciones.
3. Pena de cárcel para los funcionarios responsables.
4. Mandatos de reparación y/o compensación del daño causado.
5. Responsabilidad por daños al ambiente.
6. Responsabilidad por daños a terceros.

Cuando una Municipalidad contamina también se quiebra el equilibrio ecológico. Y cuando el hecho es de conocimiento de la Autoridad, también podría tener las consecuencias legales señaladas arriba, en lo que fuera aplicable. Es decir, ante una contaminación y sin importar su causante (porque la naturaleza no hace distingos) el aparato estatal se debe poner en movimiento y las entidades correspondientes intervenir para exigir, al menos, que no se cause más daño y que éste sea reparado.

Aunque en el Perú tenemos todavía un Derecho ambiental incipiente (nos falta mucho para llegar a un desarrollo conceptual preventivo como el de los europeos), el Estado ya cuenta con los instrumentos legales básicos para intervenir y acudir en defensa del ambiente.

Sin embargo, en los últimos años el Estado ha demostrado ser selectivo en la fiscalización ambiental ya que no interviene de igual manera a todos. Debido a eso, por ejemplo, la contaminación que genera una municipalidad (con los botaderos de basura y los desagües ilegales) no es atendida de la misma manera que la contaminación que pudiera causar una empresa formal, menos aún si es una minera o petrolera. Es decir, en la práctica, las seis consecuencias señaladas arriba no se aplican a las municipalidades.

¿Cuál puede ser la causa de esta intervención selectiva del Estado en temas ambientales? A mi parecer, la causa es la “politización” de la materia ambiental en el país. Una “politización” (agudizada luego de Conga) que ha creado un escenario en el que las autoridades ambientales parecen “acomodarse” para intervenir únicamente en aquellos ámbitos que no les traen problemas con ciertos sectores de la población e inconvenientes en sus funciones.

Por ejemplo, respecto de los indispensables incentivos ambientales, el Estado no ha dudado en trabajar para promover la conservación de la biodiversidad a través de ellos. Sin embargo, sólo los menciona cuando se trata de promover la producción limpia entre las empresas formales. De hecho, el año pasado el Estado ha aprobado casi veinte normas de fiscalización ambiental de la industria, pero ninguna de fomento.

Los funcionarios del Estado parecen preferir estar “cómodos” tratando temas en los que determinados sectores de la población coinciden, antes que involucrarse en esos temas ambientales que han demostrado ser lo suficientemente complejos como para generar la renuncia de un Primer Ministro.