El ranking de permisos ambientales (1ra parte)
El 24 de febrero pasado leí en Gestión que al menos seis empresas petroleras han dejado de invertir en el país por demoras en sus permisos. Si bien es algo muy serio, se trata de una noticia que no ha llamado la atención en el medio porque las complicaciones y demoras para obtener permisos es algo ya conocido.
Sin embargo, no se trata de simples demoras en los trámites, sino de aspectos de fondo. No hay que olvidar que los permisos son elemento clave en la determinación de la técnica regulatoria ambiental. A través de ellos se habilita a los particulares para que accedan y aprovechen los recursos naturales. Son ellos los que determinan el modo y las condiciones en que la industria debe desarrollar sus actividades en cada caso concreto.
Hay algunos proyectos de inversión que durante la etapa de construcción han llegado a obtener más de trescientos permisos, mientras que en operaciones tienen que mantener vigentes, más o menos, cien. El gran número de permisos no es el problema, es natural que grandes y complejos proyectos requieran diversos permisos, autorizaciones y licencias. Es un costo que las empresas asumen en el Perú, del mismo modo como lo hacen en el extranjero. Sin embargo, el costo que no deben asumir los inversionistas, al igual que ningún ciudadano, es el que se deriva de la inseguridad jurídica.
El inconveniente con los permisos ambientales no es coyuntural, éste radica al menos en dos cuestiones de fondo y no en las formalidades de los trámites administrativos. Por eso es que si el gobierno sigue pretendiendo solucionar los problemas únicamente modificando los trámites o creando entidades nuevas, seguirá errando.
Una de las cuestiones de fondo tiene sus raíces al interior del propio Estado, mientras que la otra tiene que ver con intereses de organizaciones contrarias a la inversión privada y con políticos oportunistas que han encontrado en el conflicto un medio de vida.
En lo que respecta al Estado, la débil institucionalidad y la ausencia de política han generado una fragmentación de la decisión ambiental gubernamental. A pesar de que el Estado es uno, según manda nuestra Constitución, las entidades públicas no comparten los mismos criterios y los ministerios no tienen una agenda ambiental común. Es por eso que los ministros de los sectores productivos encuentran limitaciones que no pueden superar. Incluso, algunas entidades ambientales parecen haber tomado distancia del sector empresarial para mostrarse “imparciales” ante la población. Esta desorganización estatal, por cierto, ha contribuido a que el debate y la agenda ambientales se hayan politizado, cuando debieron haberse mantenido en el ámbito técnico y científico, como así lo exige la ley.
Recuerdo, allá por los noventa, cuando el Consejo Nacional del Ambiente impulsó los sistemas de gestión ambiental en las empresas, creando con ellas un grupo que difundió la norma voluntaria ISO 14001. En ese entonces los funcionarios ambientales no tenían inconveniente en unir esfuerzos con los inversionistas.
La segunda cuestión no es tan grave como la primera, pero no deja de ser muy seria: hay quienes pretenden desacreditar a la industria extractiva a partir de ejemplos del pasado y de algunos malos ejemplos del presente. Lamentablemente, quienes se dedican a este “oficio” ya han concretado algunos objetivos y han impedido que la inversión contribuya a mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos peruanos. Esta realidad no tiene su raíz al interior del Estado peruano, pero sí en ideologías y conveniencias personales que pretenden imponer criterios de preservación para todo el Perú, utilizando argumentos que sólo son válidos respecto de algunos casos y de algunos lugares de nuestro territorio.