¿Quién contamina qué?
Ésta es una de las preguntas que debemos responder si es que nos preocupa la degradación ambiental de nuestro país y queremos hacer algo al respecto. Es también una de las preguntas que debe responder el Estado para sincerar la situación y actuar en consecuencia, tutelando la calidad ambiental.
La respuesta deja en evidencia que la actividad fiscalizadora del Estado no debe limitarse a cierto tipo de contaminadores, sino que debe extenderse a todos, incluidos usted y yo.
Hay distintos “perfiles” de contaminadores. Están, por supuesto, los mineros ilegales; así como las empresas que no cumplen con la ley y las municipalidades que tiran la basura en botaderos. Están los propietarios de vehículos que emiten monóxido de carbono por encima de lo permisible, así como los agricultores que usan plaguicidas contaminantes. Están las curtiembres informales que vierten sus ácidos al ambiente y las empresas públicas de saneamiento que vierten sin tratar debidamente el desagüe de sus colectores al mar y los ríos. Están los ciudadanos que tiran la basura en las calles y las “bolicheras” que echan al mar sus desechos al terminar la faena. Son, en buena cuenta, diversos tipos de actores que amenazan y dañan nuestro ambiente. Es a todos ellos a quienes la sociedad debe hacerles frente; es a todos ellos hacia quienes debe apuntar el Estado, haciéndolos responsables por el daño ambiental que están causando.
Así como hay distintos “perfiles” de contaminadores, hay también distintos tipos de contaminación en nuestro país. El primer lugar de la lista es para la contaminación con mercurio en la Amazonía. Luego, sin poder hacer un “ranking”, habría que nombrar el caso del océano Pacífico que está siendo contaminado por los desagües de Lima; el caso del agua del río Rímac contaminada con coliformes fecales; el muy preocupante caso de la contaminación del lago Titicaca; el de la contaminación de algunos ríos de la sierra (1) por la minería que no cumple con la ley; el caso de la contaminación atmosférica en el centro de Lima; el caso de las pequeñas bahías, como Pucusana, contaminadas por la actividad pesquera; y también habría que añadir el caso de La Oroya.
Creo que en el Perú estamos viviendo un momento muy particular. Estoy convencido de que la indignación que hoy sentimos la gran mayoría de los peruanos por lo que hace la minería ilegal en la Amazonía, es energía que debe ser aprovechada por el Estado para no ceder ante la presión -también política- de esos delincuentes. Una energía que también debe ser usada contra todos aquellos que contaminan nuestro país, sin excepción.
Es hora de que el Ministerio del Ambiente deje esa “fijación punitiva” contra un sector industrial formal e intente una aproximación más comprehensiva al problema de la contaminación. Sin dejar de fiscalizar a las empresas mineras y petroleras, es hora de que asuma verdaderos retos, aquellos más difíciles, sabiendo que cuenta con el apoyo de muchos ciudadanos indignados por lo que está sucediendo.
Como decía un profesor español, no es el Estado contra las empresas, sino la sociedad en contra de los contaminadores.
(1) Hay, sin embargo, ríos que están contaminados de manera natural por la alta concentración mineral en algunos lugares de los Andes.