Multas ambientales SÍ. Arbitrariedad NO.

Lo cierto es que estamos defendiendo a nuestros clientes y denunciando la arbitrariedad de OEFA. La arbitrariedad de multar por daños ambientales que no existen. La arbitrariedad de afirmar que, absolutamente, todo exceso de límites máximos permisibles causa daño. La arbitrariedad de sancionar un riesgo como si fuera un daño. La arbitrariedad de aprobar normas en las cuales el riesgo y el daño son tratados de manera similar, creando categorías jurídicas inaceptables para el Derecho de daños peruano. De eso estamos defendiendo a nuestros clientes y no nos ha quedado otra opción que acudir al Poder Judicial para que OEFA no viole sus derechos, tal como lo dispone nuestra Constitución Política.  

Creo que todos coincidimos en que los infractores deben pagar las multas que legalmente imponga OEFA. Y también coincidimos en que los empresarios delincuentes deben, además de pagar la multa, cumplir la pena que les corresponda. 

Es evidente que las multas deben imponerse y que el Estado debe paralizar las operaciones industriales que no cumplen con la ley. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que en muchos casos la actuación de OEFA no está respetando el Estado de Derecho.

El Gobierno ha errado al optar por una gestión ambiental exclusivamente punitiva respecto de la industria. En realidad, viene siguiendo un modelo regulatorio que los países con más experiencia que nosotros han desechado hace años. Además de no dirigirnos hacia la mejora y formalización ambientales de nuestro país, este modelo no distingue a una empresa con funcionarios responsables de una que tiene funcionarios delincuentes.

Por supuesto que el Gobierno no debe dejar de multar, pero no debe olvidar que las multas, por sí mismas, no mejoran la calidad del ambiente. Éstas son únicamente un castigo, la confirmación de un error, un veredicto en contra de toda la sociedad. Por eso, vale preguntarse si, además de imponer multas ambientales, el Estado tiene otros planes para impulsar la producción limpia en el Perú y liderar el cambio.

El poder de policía del Estado es sólo uno de los elementos de la gestión ambiental estatal, pero no el único. Para que una gestión sea eficaz requiere como mínimo de otros tres elementos: una verdadera política ambiental, una institucionalidad sólida y normas eficaces. A partir de estos tres elementos el Estado puede actuar con objetivos claros y de largo aliento; puede actuar identificando los problemas prioritarios y estableciendo una agenda; convocando a las universidades, a las empresas y organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos en la solución de los problemas identificados como prioritarios; promoviendo la capacitación ambiental de las pequeñas empresas; pidiendo a la gran industria que contribuya a la mejora ambiental del país; otorgando más recursos y mejorando la capacidad científica de las entidades que otorgan permisos ambientales; consolidando el Sistema Nacional de Información Ambiental; creando incentivos para que las empresas -pequeñas y grandes- alcancen una producción más limpia sin perder competitividad; entre otras muchas acciones.

Quizás, como el tema ambiental está politizado, el Gobierno se ha visto “forzado” a mostrarnos logros ambientales de corto plazo, yendo por el “camino fácil” de apuntar hacia quienes no bloquean carreteras y sólo utilizan los mecanismos que la ley les franquea. 

Yo me pregunto lo siguiente: si la gestión punitiva de SUNAT, tan “dura” y a veces arbitraria, ha demostrado ser ineficaz en lograr la formalización tributaria en nuestro país. ¿Por qué, entonces, el Ministerio del Ambiente ha replicado este modelo de gestión?