El "ambientalismo por conveniencia" y los mineros ilegales
El viernes pasado el editorial de El Comercio criticó la decisión del presidente Correa de abrir el área del parque nacional Yasuni a la explotación petrolera. Este texto fue titulado “Ambientalismo por conveniencia” porque el mandatario que promoviera que la nueva Constitución Ecuatoriana reconozca derechos a la naturaleza y que se enfrentara a las “petroleras contaminadoras”, hoy no ha dudado en borrar con la mano izquierda lo que hizo con la derecha.
Pareciera que el presidente Correa es “ambientalista” extremo por conveniencia y otras veces -también por conveniencia- impulsor intransigente de un Estado petrolero, a pesar de que se vaya a afectar una de los ecosistemas más sensibles y biodiversas de nuestro planeta.
Al leer el editorial de El Comercio se me ocurría que tal “ambientalismo por conveniencia” no era privativo del presidente Correa, sino que también tiene algunas manifestaciones muy peculiares en el Perú. Una de ellas apareció a propósito del caso Tambogrande que, aunque culminó en 2001, no ha perdido vigencia como ejemplo de lo que aún sigue sucediendo en nuestro país.
La empresa canadiense Manhattan Minerals fue expulsada de esa localidad piurana por la supuesta amenaza ambiental que la extracción minera representaba para el valle de San Lorenzo y sus pobladores. El sector “ambientalista” se levantó en contra del proyecto; recuerdo que se hicieron chapitas con el texto “Minería no” y también recuerdo la ingenua campaña publicitaria que aludía a una posible desaparición del limón y del cebiche en el Perú; tampoco olvido las manifestaciones de personas disfrazadas de limones frente al Ministerio de Energía y Minas en Lima.
A diez años de que los “ambientalistas” lograran truncar el desarrollo del proyecto Tambogrande y expulsar a Manhattan Minerals, centenares de labores mineras ilegales se han apoderado del lugar. Sin embargo, los “ambientalistas por conveniencia” no salen a denunciar esta minería. Tampoco hay personas disfrazadas de limón manifestándose en contra de esta industria. Parece, pues, que al igual que Correa cambiaron de opinión.
Hoy, me parece, el Gobierno peruano también se ha convertido en un “ambientalista por conveniencia” porque actúa en función al ámbito en el que se encuentre. A las empresas mineras formales -tal como lo era Manhattan Minerals- les exige de manera draconiana el más estricto cumplimiento de la ley, multándolas incluso arbitrariamente; mientras que por el otro lado tiene “manga ancha” con los mineros ilegales, a quienes no duda en otorgarles facilidades para que continúen con su labor.
Creo que hemos llegado a esto por la política ambiental reactiva que el Gobierno ha mantenido en los dos últimos años, contribuyendo a que lo ambiental se politice aún más de lo que ya estaba en el gobierno anterior. Ha sido esta politización aguda el factor determinante para que el Gobierno ceda ante los mineros ilegales contaminadores. Y ha sido esta misma politización la que ha llevado al Gobierno a anunciar en la prensa, con números y estadísticas, a manera de trofeo, su “eficacia” en la acción punitiva contra la minería formal. Sin embargo, y esto debe tenerlo presente el Gobierno, la única catástrofe ambiental de nuestro país no ha sido creada por la minería formal, sino por los ilegales. ¿No estará acaso “peleando” contra el “rival” equivocado?