Informe sobre la Desigualdad Global del Comité Extraordinario de Expertos Independientes del G20
El pasado noviembre de 2025 el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, presentó el informe con el título de esta nota en la Cumbre del G20. Este grupo está conformado por la Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos—, así como por dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.
El Comité extraordinario de expertos independientes fue creado durante la presidencia sudafricana del G20. Este fue presidido por el profesor Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel. También participaron la Dra. Adriana E. Abdenur (Brasil); la Sra. Winnie Byanyima (Uganda); la profesora Jayati Ghosh (India y EE.UU); el profesor Imraan Valodia (Sudáfrica); y el Dr. Wanga Zembe-Mkabile (Sudáfrica).
Como todos los documentos sobre el tema tuvo una difusión marginal a nivel global, ninguna en nuestro país. Aquí se presentan muchos elementos valiosos para incorporar en la discusión electoral de los partidos políticos de centro y progresistas del Perú. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202511/g20-global-inequality-report-full-and-summary.pdf
Tema central
El informe presenta un diagnóstico de las fuerzas que impulsan a la desigualdad y de su estado actual. Se analizan las políticas que podrían contribuir a reducirla, poniendo especial énfasis en el ámbito internacional, incluyendo los esfuerzos por frenar la concentración empresarial y por reformar la arquitectura fiscal internacional, que ya figuran en la agenda del G20.
La principal recomendación del Comité fue la creación de un nuevo panel internacional e independiente, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que supervise las tendencias y evalúe las causas y consecuencias de la elevada desigualdad, así como las políticas alternativas para abordarlas, con el objetivo de orientar a los gobiernos, los responsables políticos y a la comunidad internacional.
Se señala que combatirla es necesario y posible. La desigualdad es resultado de decisiones políticas que reflejan actitudes éticas y morales, así como compensaciones económicas. No solo debe ser una inquietud de países individuales, sino una preocupación global que debería estar en la agenda internacional, y del G20.
Impactos desigualdad
El informe inicia señalando que la desigualdad es una de las preocupaciones más urgentes en el mundo actual y genera muchos otros problemas en las economías, las sociedades, las políticas y el medio ambiente. Esta fragiliza la vida de las personas, generando percepciones de injusticia que generan frustración y resentimiento. Esto, a su vez, socava la cohesión social y política, erosionando la confianza ciudadana en las autoridades e instituciones.
Las consecuencias son la inestabilidad política, la disminución de la confianza en la democracia, el aumento de los conflictos y la disminución del interés por la cooperación internacional. La desigualdad también afecta nuestra capacidad para afrontar los desafíos planetarios. También tiene importantes efectos transfronterizos y las normas globales sobre comercio, finanzas e inversión y el conocimiento son determinantes clave de las desigualdades dentro de los países y entre ellos.
En países con movilidad ascendente limitada, las aspiraciones también pueden verse limitadas, lo que puede restringir las inversiones productivas. Existen otras consecuencias sociales de la desigualdad con implicaciones económicas: existe evidencia de que, en muchos lugares, la desigualdad se asocia con un mayor endeudamiento personal o familiar, lo cual tiene implicaciones para la estabilidad económica.
Democracia socavada
En este informe, al igual que el de Oxfam comentado la semana pasada, la riqueza puede socavar la democracia porque quienes poseen grandes fortunas pueden tener una influencia desproporcionada en la economía y la política. Las desigualdades económicas tienden a traducirse en desigualdades políticas, incluyendo, por ejemplo, el acceso a la justicia o la participación en el proceso político.
En muchos países, los medios de comunicación están controlados por los ultrarricos, lo que les otorga un papel dominante en el discurso social. Este problema se ha visto exacerbado por la llegada de las redes sociales y las plataformas tecnológicas, con las que el control de la plaza pública del siglo XXI ha quedado en manos de muy pocos.
Algunas evidencias
Al inicio del informe se destaca que, a nivel nacional, el 83% de los países presentan una alta desigualdad de ingresos (según la definición del Banco Mundial de alta desigualdad como un coeficiente de Gini superior a 0.4). Estos países representan el 90% de la población mundial.
A nivel mundial, la desigualdad de ingresos entre las personas del mundo ha disminuido desde el año 2000, debido en gran medida al desarrollo económico de China e India. Sin embargo, sigue siendo muy alta, con un coeficiente de Gini de 0.61. No obstante, las divergencias entre países siguen siendo considerables, especialmente entre los más ricos y los más pobres. La divergencia entre algunas regiones ha aumentado, por ejemplo, entre gran parte de Europa Occidental y el África subsahariana.
La desigualdad de la riqueza es mucho mayor que la desigualdad de ingresos. A nivel mundial, entre 2000 y 2024, el 1% más rico captó el 41% de toda la nueva riqueza, en contraste con solo el 1% que capturó la mitad más pobre de la humanidad). El 10% más rico del mundo concentra el 54% del ingreso global total y el 74% de la riqueza global total.
Distribución riqueza
Las desigualdades de riqueza tienen un impulso creciente a medida que el interés compuesto aumenta las fortunas y, en ausencia de impuestos efectivos a la herencia, la riqueza se transmite de una generación a otra, lo que socava la movilidad social y la eficiencia económica. En todas las regiones principales la riqueza pública se ha estancado o disminuido.
En el informe se anota que también se ha observado un debilitamiento de los grupos de ingresos medios en muchas partes del mundo, lo que se refleja en ingresos más inseguros y una vida materialmente precaria. En algunos países, existe una clara evidencia de una desintegración de la clase media, lo que puede tener consecuencias significativas para la estabilidad económica y política.
Dimensiones
Según el informe la desigualdad existe en múltiples dimensiones. Si bien la desigualdad económica (en ingresos y riqueza) suele estar fuertemente correlacionada con desigualdades en otras áreas (salud, educación, empleo, condiciones de vivienda, exposición a riesgos ambientales, participación en procesos políticos, acceso a la justicia, etc.), la magnitud de este efecto varía porque también depende en gran medida de las políticas públicas.
Además, dentro de los países existen desigualdades interrelacionadas debido a la clase, el género, la raza y la etnia. La ubicación y la condición de residente/migrante pueden generar múltiples privaciones o, por el contrario, privilegios y poder multidimensionales para unos pocos. Esto también es evidente a nivel global: los ultrarricos del mundo tienden a ser predominantemente blancos, hombres y residentes en países ricos.
También existe una fuerte correlación entre la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de resultados. En la mayoría de los países, las perspectivas de los jóvenes dependen en gran medida de los ingresos y la educación de sus padres, pero esto es mucho más cierto en algunos países.
Impulsores desigualdad
Según el Comité de Expertos se observa que existen tanto fuerzas estructurales a largo como fuerzas a corto plazo. Las fuerzas estructurales condujeron, por ejemplo, a un aumento de la desigualdad en los países avanzados en las primeras etapas de la industrialización, seguido de un período de disminución de la desigualdad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y las dos décadas posteriores, seguido, a su vez, por una era de marcada desigualdad.
Por otro lado, en los primeros años de esta década, predominaron con frecuencia fuerzas a corto plazo muy variables. El apoyo masivo y, en gran medida, igualitario brindado como respuesta a la pandemia de la Covid-19 redujo la desigualdad de ingresos en países como EE.UU, al tiempo que aumentó las desigualdades educativas y laborales. En muchos otros países, la pandemia y sus consecuencias reflejaron e intensificaron las desigualdades existentes. Más recientemente, la Guerra Rusia-Ucrania, la inflación post pandemia la agravaron.
Rol políticas públicas
Las políticas públicas pueden jugar tanto a favor como en contra de mayores niveles de desigualdad. Gran parte del aumento de la desigualdad observada en muchos países en las últimas décadas pueden atribuirse al debilitamiento de las fuerzas equilibradoras y al fortalecimiento de las fuerzas desequilibradoras.
En las últimas décadas se han fortalecido las fuerzas desequilibradoras por la desregulación de los mercados financieros, la relajación de las normas a favor de la competencia y la privatización de empresas y servicios estatales en sectores como la energía, el agua, el transporte, la educación y la salud.
La contrapartida fue el crecimiento del poder y ganancias corporativas. Asimismo, las políticas de austeridad fiscal u monetaria (subida de las tasas de interés) coadyuvan a mayores niveles de desigualdad. También contribuyen la liberalización del comercio internacional, la globalización, los acuerdos de propiedad intelectual y el actual sistema tributario internacional.
Panel internacional y propuestas
Una conclusión clave del Comité de Expertos es que los responsables políticos a menudo carecen de información suficiente, fiable o accesible sobre las tendencias de la desigualdad y los impactos de las políticas propuestas en la desigualdad, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, recomiendan el establecimiento de un nuevo organismo: Panel Internacional sobre Desigualdad (IPI), para apoyar a los gobiernos y a los organismos multilaterales con evaluaciones y análisis fidedignos de la desigualdad. Estos análisis informarían y fortalecerían la formulación de políticas.
También destacan la importancia de los cambios regulatorios, como las políticas para frenar el excesivo poder corporativo, la legislación sobre salario mínimo, la regulación de la inversión y la actividad económica para proteger el medio ambiente, entre otras. Por otra parte, reconocen el papel crucial que desempeña la provisión pública para garantizar el acceso universal a bienes y servicios esenciales de buena calidad (por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad social) a lo largo de la vida de las personas especialmente de los excluidos o marginados.
En el informe se destaca la idea errónea que presupone que el sector privado es más eficiente que el público. Esto contradice la evidencia de que los servicios públicos, en muchos casos y contextos, son necesarios y superiores. La inversión pública es esencial para alcanzar los objetivos sociales y de desarrollo, y para garantizar una transición energética justa. También es crucial que los países se centren más en la creación de empleos decentes con salarios justos y sólida protección social que garanticen el acceso de todos a bienes y servicios esenciales, y que trabajen para regular los mercados laborales para garantizar los derechos de los trabajadores.
Gastos e ingresos públicos
Los autores destacan que un mayor gasto público también requiere mayores ingresos. Dado que en muchos países quienes están en la cima pagan un tipo impositivo más bajo que otros, es necesario pasar de los impuestos indirectos regresivos (como el IVA o IGV) a una tributación más directa para las personas adineradas y las grandes empresas. Los impuestos sobre la renta deben ser más progresivos.
Un acuerdo entre países para establecer un impuesto mínimo sobre la renta corporativa ayudaría a prevenir la destructiva carrera a la baja en la tributación corporativa. Los acuerdos de inversión que restringen a los países la imposición de nuevas regulaciones o impuestos son más problemáticos.
Colofón
El Comité de Expertos termina proponiendo reescribir las normas internacionales de propiedad intelectual, los acuerdos de inversión, la cooperación internacional en temas de competencia, las reglas del comercio internacional, y la gobernanza de las instituciones financieras internacionales.
También insisten en impulsar la producción de bienes críticos como las medicinas, y mejorar el acceso a los alimentos a precios estables (ayudando a la creación de reservas nacionales de granos y otros alimentos), entre otras propuestas.

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