¿Tiene futuro el modelo Bukele? El Estado policial de El Salvador pronto enfrentará un ajuste de cuentas

Desafortunadamente en nuestro país ha surgido todo un grupo de políticos y virtuales candidatos a las elecciones de 2026 que están vendiendo el modelo de Bukele para el Perú. Es indudable el impacto negativo de la delincuencia y el crimen organizado a nivel económico, social y político, pero de allí a imitar las prácticas de El Salvador hay un salto peligroso.

El artículo base de esta nota fue publicado en la revista Foreign Affairs el 11 de septiembre de 2025. Sus autores son Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros, profesores e investigadores del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y colaboradores del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho (CDDRL).

Ideas clave

El documento de Magaloni y Díaz-Cayeros sostiene que el modelo Bukele no es una historia de justicia, sino de terrorismo de Estado, en la que se han abandonado las protecciones legales, conseguidas con esfuerzo y que constituyen la base de una sociedad civil libre: juicios justos, presunción de inocencia, pruebas más allá de toda duda razonable.

Sin embargo, la aparente fortaleza del modelo es un espejismo. Presenta vulnerabilidades significativas. Bukele puede haber satisfecho en gran medida la necesidad de seguridad de los salvadoreños, pero no ha cumplido en otros ámbitos. La economía salvadoreña sigue estancada, con casi el 30 % del país viviendo en la pobreza. Si no se mejora el desempeño económico del país, acabará perdiendo apoyo, y tendrá que encontrar nuevas fuentes de control social.

Esto implicará mayor represión. El Salvador ha evadido por el momento la presión externa, pero en el futuro podrían presionarlo para que frene los excesos autoritarios y defienda los derechos humanos. Asimismo, si el gobierno convierte el estado de excepción en permanente podría seguir el camino de Venezuela: un régimen que ha perdido la confianza de su pueblo y del mundo exterior.

Antecedentes

Los autores anotan que el presidente salvadoreño se ha convertido en el autoritario más célebre de Latinoamérica. Ha recibido elogios, incluso del presidente Trump, por reducir la violencia de pandillas y transformar uno de los países más peligrosos del mundo en posiblemente uno de los más seguros. Pero él ha presidido la erosión de la democracia salvadoreña y la creación de un estado policial.

Gobierna mediante un implacable y perpetuo estado de emergencia: el régimen de excepción, que ha suspendido las protecciones constitucionales durante más de tres años. Y no se vislumbra un final. Él y su partido han monopolizado el control de los poderes legislativo y judicial, lo que, mediante una reforma constitucional, le ha abierto la puerta a la presidencia a perpetuidad.

Los datos positivos

Desde que Bukele asumió el cargo, los homicidios en El Salvador se han desplomado, de 2,398 en 2019 a solo 114 en 2024, según las estadísticas oficiales del gobierno. Aunque las cifras reales de homicidios probablemente sean más altas, no hay duda de que esta disminución ha producido la tasa de homicidios más baja en la historia del país.

Este supuesto milagro le ha ganado un amplio apoyo popular nacional y admiración internacional. Sin embargo, también ha tenido un costo asombroso: casi el dos por ciento de la población está encarcelado, la tasa más alta de este tipo en el mundo. De las más de 80,000 personas que ha puesto en las cárceles, la mayoría de ellos jóvenes, al menos 20,000 probablemente no estén involucrados con actividades de pandillas u otros delitos, según organizaciones de derechos humanos.

Violaciones

Los autores anotan que antes de Bukele, El Salvador era una democracia frágil pero estable. Tras el fin de la guerra civil de 12 años, en 1992, dos partidos se alternaron pacíficamente en el poder, e importantes límites constitucionales restringieron el poder ejecutivo. Durante sus dos primeros años de mandato, Bukele superó paulatinamente estas limitaciones, logrando el control total de los poderes ejecutivo y legislativo.

Su partido, obtuvo una supermayoría legislativa en febrero de 2021, la cual utilizó para destituir y reemplazar a los cinco magistrados de la Corte Suprema. Los nuevos jueces ayudaron a reinterpretar la constitución a favor de Bukele, en particular al anular las antiguas prohibiciones de los mandatos presidenciales consecutivos.

En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa salvadoreña dio un paso más al promulgar el régimen de excepción para combatir el recrudecimiento de la violencia pandillera. La medida autorizó la suspensión de derechos constitucionales fundamentales: libertad de movimiento, expresión y asociación; privacidad de las comunicaciones; derecho a la defensa legal; y condiciones para la detención.

Afectaciones iniciales

Magaloni y Díaz-Cayeros señalan que lo que comenzó como una medida temporal —prometida con una duración de 30 días— ya lleva cuatro años, prorrogada 42 veces por una asamblea obediente. El estado de excepción se ha convertido en la norma, transformando los poderes excepcionales en la maquinaria ordinaria de un gobierno despótico. Bajo este régimen, el Estado puede detener a cualquier persona, en cualquier lugar y por cualquier motivo, sin cargos, juicio ni recurso.

Según la Oficina de Washington para América Latina, una organización sin fines de lucro, más de 85,000 personas han sido detenidas bajo el estado de excepción. La población carcelaria total ha aumentado oficialmente de 36,515 en 2021 más de 107,055, con presos hacinados en instalaciones diseñadas para una fracción de su número.

Anti ONGs

Entre 2020 y 2021, Bukele sometió a periodistas a vigilancia mediante el software espía Pegasus, a investigaciones financieras y campañas de difamación. En abril de 2023, la creciente presión obligó al medio a trasladar sus operaciones a Costa Rica, y en mayo de 2025, el resto de su personal huyó del país cuando las autoridades prepararon órdenes de arresto. El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa salvadoreña promulgó una nueva ley contra las ONGs (como en el Perú) que restringe aún más a la sociedad civil que dependen del apoyo internacional.

El último paso en la regresión democrática de El Salvador fue la aprobación de una reforma constitucional en agosto, que eliminó los límites a los mandatos presidenciales, eliminó las segundas vueltas (lo que significa que el candidato con una mayoría relativa, aunque no la mayoría, gana las elecciones) y reprogramó las elecciones legislativas y de alcaldes para que se celebren el mismo año que la contienda presidencial. Todas estas reformas contribuyen a garantizar un ejecutivo más fuerte y un país más firmemente bajo el control de Bukele.

Daños

Los autores señalan que es innegable que, al inicio del régimen de excepción, logró un drástico desmantelamiento de las maras, o pandillas, responsables durante mucho tiempo de los alarmantes niveles de violencia en El Salvador. Asimismo, La aprobación pública de estas políticas sigue siendo abrumadoramente alta.

Sin embargo, desde la implementación del régimen, el gobierno ha arrestado indiscriminadamente a cada vez más personas sin conexión con la violencia ni las pandillas. Según la propia admisión 8,000 personas inocentes ya han sido liberadas tras pasar meses bajo custodia. Según algunas organizaciones de derechos humanos, al menos el 20% de quienes aún están en prisión son inocentes, aunque la cifra real podría ser mayor. Estas personas no tienen antecedentes penales, trabajan o asisten a la escuela, y tienen vecinos y empleadores que han dado testimonio de su carácter e inocencia.

Abusos

Los detenidos son sometidos con frecuencia a un violento ritual de iniciación que consiste en palizas a manos de guardias penitenciarios, a menudo llevadas a cabo en formación coordinada, donde los presos son obligados a arrastrarse para que los golpes les impacten en la espalda, las costillas y las piernas en rápida sucesión.

El terror no termina ahí. Según las entrevistas que realizaron los autores, una vez confinados, los detenidos siguen sometidos a humillación sistemática y sufrimiento físico, negándoles necesidades humanas básicas como descanso, saneamiento, aire respirable, comida y agua. Algunas personas que estuvieron encarceladas denunciaron que los guardias lanzaban gas lacrimógeno a sus celdas y golpeaban repetidamente los barrotes durante toda la noche.

Los ex presos describieron que las celdas estaban tan superpobladas que a menudo se veían obligados a dormir por turnos: la mitad en el suelo, con los pies de sus vecinos pegados a sus caras, mientras que el resto esperaba de pie. La inanición forzada obliga a las familias a entregar paquetes de comida semanales, lo que supone una carga financiera y logística. Los otros dependen de la generosidad de compañeros de celda, o finalmente son trasladados a celdas reservadas para personas con desnutrición severa, donde mueren cantidades indeterminadas. Además, los presos tienen poco o ningún contacto con el mundo exterior: abogados o familia.

El futuro

Según Magaloni y Díaz-Cayeros, Bukele ha obligado a los salvadoreños a sacrificar libertades civiles por seguridad, pero la perdurabilidad de este acuerdo depende de si logra convertirse en un modelo de gobernanza sostenible, lo cual, dado el estancamiento económico actual y la creciente presión social, parece cada vez más improbable sin una escalada represiva.

Él podría seguir siendo un dictador querido por sus ciudadanos, manteniendo altos niveles de popularidad que le permiten gobernar durante décadas sin mayor dificultad, al igual que los caudillos populistas que admira. Los autócratas pueden sobrevivir cuando la represión se combina con la legitimidad obtenida por un desempeño eficaz.

En El Salvador, tal camino es improbable a largo plazo. Ahora los salvadoreños desean centros de salud funcionales, acceso adecuado a medicamentos, servicios públicos de calidad y empleos dignos. Hoy en día, los hospitales públicos tienen pocos suministros, pero los médicos y enfermeras guardan silencio sobre las pésimas condiciones en sus clínicas por temor a perder sus puestos. Después de que El Salvador redujera significativamente los niveles de pobreza en los primeros 20 años de este siglo, ese ritmo de reducción se ha estancado. Las oportunidades económicas siguen siendo escasas.

Otros escenarios

El segundo escenario, más probable para el futuro de El Salvador, es que, a medida que Bukele lucha por recuperar la economía y pierde legitimidad, recurra cada vez más a la represión para mantener el control. En este sentido, Venezuela ofrece un paralelo que sirve de advertencia.

La tercera posibilidad es que el cambio en las condiciones internacionales conspire para limitar el gobierno de Bukele, pero es difícil porque el modelo se está irradiando a Honduras y Ecuador y los deseos de muchos chilenos, peruanos y argentinos. Estos escenarios no son mutuamente excluyentes. De hecho, lo más probable es que el régimen oscile entre ellos, manteniendo su popularidad a corto plazo mientras intensifica gradualmente la represión y también sortea las dificultades internacionales.

Colofón

El peligro reside en que el modelo de Bukele, según Magaloni y Díaz-Cayeros, se convierta en la nueva normalidad. Los países de la región podrían llegar a aceptar que la suspensión del debido proceso, la detención indefinida y los poderes de emergencia permanentes son herramientas permisibles de gobernanza.

En las democracias más débiles, como el Perú, la adopción de estas tácticas podría conducir a una rápida conversión al autoritarismo; en las más sólidas, la erosión podría ser más gradual, pero no menos corrosiva. Si no se cuestiona, este modelo se extenderá, convirtiendo los abusos excepcionales en prácticas aceptadas y transformando el panorama político de América Latina durante generaciones.