Algunas propuestas frente a la crisis social y política actual: Perú 2023

La semana pasada presentamos un conjunto de elementos que contribuirían a explicar la actual crisis social y política en una perspectiva que intentaba ser sistémica. Hemos recibido varios comentarios en el sentido de que no consideramos la significativa indignación de ciertos segmentos de la población en algunas de las diferentes regiones del país. Asimismo, que nuestra mirada minimizó el rol del modelo neoliberal como factor explicativo de la crisis.

Al respecto, debemos señalar que esta indignación y resistencia fue anotada y que se acrecentó por la respuesta oficial ante las manifestaciones que generaron el desafortunado desenlace en términos de fallecidos que todos conocemos. Por otra parte, esas brechas en cuanto a la prestación y calidad de los servicios públicos de las diferentes regiones respecto de la Lima se deben tanto a un abandono estructural como, en el caso de las zonas urbanas a una retirada del Estado en la prestación de diversos servicios, mismos que se dejaron a manos del sector privado por la lógica neoliberal.

Salvedades
Debemos aclarar, al igual de lo que se hizo con el diagnóstico, que aquí no se debe esperar un conjunto de propuestas totalmente articuladas, sino más bien algunos elementos sueltos. La velocidad con la que se producen los acontecimientos puede convertir en inútiles nuestros comentarios; asimismo algunos de estos pueden sonar triviales, pero mejor es señalarlos que omitirlos. Por el momento, solo nos referimos a respuestas articuladas desde el Estado.

Hay también muchas respuestas simplistas que circunscriben todo a atender la denominada agenda pública relativa a la renuncia de la presidenta, tener elecciones generales inmediatas, cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente. Algunas de estas son plausibles, pero también hay que reconocer que aún, cuando se atendieran solo enfrentarían las protestas de corto plazo, ignorando que esta crisis detonó primero como una crisis política que luego se transformó en una crisis social donde coadyuvan diversos factores estructurales, coyunturales y detonantes que deben ser atendidos.

Objetivos
Es importante señalar que debe procurarse la solución de los problemas de fondo, y no simplemente quedarnos con las propuestas de corto plazo que atienden la coyuntura olvidándose que más temprano que tarde los mismos problemas detonarán más adelante. Desafortunadamente, llevar a cabo elecciones generales inmediatas sin reformas políticas e institucionales es condenarse a repetir los mismos problemas observados a partir de 2016.

No solo se debe atender los problemas de fondo, sino que en toda circunstancia hay que recordar que el fin no justifica los medios. Hay que generar respuestas paso a paso en un ambiente de pacificación y reconciliación nacional. En todo momento se deben internalizar las palabras de Gandhi en el sentido de que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Por otra parte, rechazar a quienes plantean la necesidad de avivar las contradicciones, para sustituirla por otra visión de que tenemos que mitigarlas más que avivarlas aislando a los oportunistas del caos. Por último, tener presente que tenemos muchos interpretes de esta crisis, pero muy pocos pronunciamientos de sus actores directos, lo que dificulta el diagnóstico y la formulación de propuestas.

Con o sin Dina
Es indudable que ha cometido graves errores; sin embargo, hay que recordar que es nuestra presidenta en términos legales, aunque ha perdido legitimidad, pero ¿quién la tiene en el Perú para todos? Tampoco, nada garantiza que a partir de su renuncia se produzca un cambio en la Mesa Directiva del Congreso y que esto garantice un nuevo cronograma electoral aceptable para la ciudadanía. Por otra parte, las evidencias muestran que hay temerle más a las iniciativas y normas legales propuestas desde el Congreso, que al propio Poder Ejecutivo.

Es altamente probable que sin cambios en la Mesa Directiva las protestas ciudadanas se intensifiquen con un más desafortunado saldo en fallecidos que es imprescindible evitar. Lo que si debe hacer la presidenta es licenciar (o destituir inmediatamente) al presidente del Consejo de Ministros para dar lugar a nuevas autoridades que tengan como objetivo central la pacificación y reconciliación nacional. Más discusión sobre este asunto puede ser estéril por la velocidad de los acontecimientos.

Cero fallecidos
El nuevo gabinete debe plantearse como objetivo inmediato Cero fallecidos. Hay que trabajar inmediatamente por el lado de la ciudadanía y de las fuerzas del orden. Los ciudadanos tenemos malas prácticas con relación a las protestas en el sentido que estas necesariamente deben perturbar el orden público, los derechos de terceros y hasta ser violentas. Eso no es admisible en una sociedad que se dice democrática; ni que las fuerzas del orden respondan siempre de manera violenta.

Hay que instaurar una cultura por la paz donde se valen las manifestaciones ciudadanas pacíficas y no haya riesgo de perder la vida. Corresponde al Poder Ejecutivo procurar las mejores prácticas internacionales no violentas; asimismo como transparentar y difundir intensamente los protocolos de intervención dependiendo del tipo de activo e infraestructura. En ninguna parte del mundo se pretende tomar aeropuertos y es obvio que se generará una significativa reacción de las fuerzas del orden.

Caso por caso
La reconciliación nacional exige justicia para cada una de las victimas sean estas civiles o policiales. Se trata de sustituir esa visión que contabiliza solo el número de fallecidos por otra de caso por caso. Hay que investigar que ocurrió, que falló, determinar responsabilidades y responsables, proceder en lo que corresponda en los casos de negligencia y dolosos abriendo los procesos de investigación y judiciales que correspondan. Obviamente, en otras circunstancias enmendar, establecer medidas correctivas y nuevas prácticas de intervención.

Para concretar esta tarea con credibilidad debería constituirse una Comisión de la Verdad y Reconciliación que integre tanto al Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que agrupa a diversas ONGs en la materia y quizás a algunos representantes ciudadanos.

Dialogo nacional
Efectivamente es difícil, por que no decir imposible, el dialogo entre el gobierno nacional, algunas regiones y localidades en particular. Hay un problema claro de interlocutores visibles, algunas regiones y localidades se niegan a dialogar. Sin embargo, hay que proceder conversar donde sea posible. Las diferentes Iglesias pueden ser facilitadores.

También es importante que los ciudadanos transparenten sus inquietudes en los ámbitos locales. Se debe canalizar la energía ciudadana en forma constructiva. Hay que transparentar demandas económicas y sociales, más allá de las políticas. Esto puede ser útil para platicar, debatir y negociar con las autoridades actuales en los diferentes niveles de gobierno y para preparar una agenda frente a los futuros candidatos de los procesos electorales por venir.

Constitución Política
Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conducir un proceso de transición hacia las nuevas elecciones con horizonte de mediano y largo plazo. Esto requiere avanzar en, al menos, definir el contenido de las reformas políticas e institucionales que requieran o no cambios en la Constitución Política. Esta discusión y avances se puede dar sin la necesidad de convocar a un referéndum sobre una nueva Asamblea Constituyente.

En lo político hay muchos aportes en línea con lo propuesto por la Coalición Ciudadana en 2022. Asimismo, se debe constituir, como se hizo en el Gobierno del presidente Paniagua un grupo a la par de ciudadano, descentralizado y especializado que plantee las reformas constitucionales que se requieran. Es imprescindible canalizar creativa y pacíficamente la actual energía ciudadana.

Definir propuestas
No es necesario pensar en una nueva Constitución Política desde cero; Ecuador nos da la pauta para establecer los temas y contenidos que habría que modificar. La lista hay que discutirla y consensarla colectivamente. Esta puede comenzar con derechos ciudadanos, nuevo balance entre el Poder Ejecutivo y el Congreso (voto de confianza, censura, vacancia e incapacidad moral), transición ambiental, relievar planeamiento estratégico, priorizar ciencia-tecnología e innovación, diversificación productiva, entre otros.

Hay también temas intocables como intentar ampliar la reelección presidencial, modificar la intangibilidad de los depósitos, la tenencia libre de moneda extranjera, la independencia del BCRP con prohibición de financiar al gobierno. Sin embargo, en este último caso se le podría agregar la función de mitigar las fluctuaciones negativas significativas en los niveles de ocupación y empleo.

Cultura y Comunicación
Según Bitar (2022) hay que propagar y alentar una cultura de acuerdos y no violencia. Afianzar a través de los medios de comunicación un relato de que no hay democracia sin orden público, y respeto a los derechos humanos, que la inseguridad socava la convivencia y el Estado, junto a la sociedad civil, deben combatir la droga, el crimen organizado y la violencia anarquista. Asimismo, combatir la elevada desigualdad, la discriminación y el limeñocentrismo, dignificando a las regiones y localidades más apartadas.

Priorizar la educación para la democracia en la escuela, universidades, organizaciones sociales, y priorizar el desarrollo de los jóvenes para pensar futuros y resguardar los derechos de las nuevas generaciones. Anticipar y concordar acciones ambientales para la supervivencia de todos.

Cerrar brechas
A propósito del dialogo entre ciudadanos; entre estos y sus respectivos niveles de gobierno hay que definir una agenda para el cierre de las brechas sociales entre las diferentes regiones del país y Lima. La semana pasada mencionábamos algunas de estas. Hay que partir de los lugares en que estas sean más significativas y dañinas para asignar recursos en programas multianuales con metas precisas supervisadas por consejos ciudadanos.

Elevar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos esenciales a toda la población, esencialmente en salud, educación, vivienda, pensiones y seguridad, a fin de generar mayor igualdad y solidaridad, sustento esencial de un proyecto colectivo. Elevar la eficacia y capacidad del Estado para proveerlas, fortalecer su coordinación interna y acrecentar los recursos humanos, financieros e institucionales para mejorar su ejecución, y con ello alcanzar más inclusión tal como plantea Bitar (2022).

De una vez por todas hay que identificar no solo las brechas respecto a los estándares limeños; sino pensar en el caso de Puno y otras regiones fronterizas lo que ocurre en los países vecinos. Hay que reconocer que Bolivia otorga diversas ventajas a sus ciudadanos respecto de las que proporcionamos en el Perú. Se debe enfrentar los intereses particulares que han impedido que la Región Sur del país tenga acceso a GLP y Gas Natural en condiciones más ventajosas. Urge también redefinir la política de aduanas y arancelaria recordando que se trata de un comercio entre la misma etnia.

Visión y Recuperación Transformadora
Hay que poner a trabajar al CEPLAN, las regiones y gobiernos locales para construir desde los ciudadanos un proyecto país. Hay que lograr un adecuado equilibrio entre ese seudo boceto nacional respecto de los proyectos (por construir) de las diferentes regiones y localidades del país. Ellos son parte de un todo, pero donde se deben admitir sus especificidades.

El Poder Ejecutivo debe diseñar e implantar una estrategia de Recuperación Transformadora que nos recuerda que el mediano y largo plazo se construye a partir de atender las urgencias económicas, sociales, políticas e institucionales del momento con una mirada de largo plazo atendiendo a los retos estructurales del entorno internacional e interno.