Panorama social en América Latina 2020 en tiempos del covid-19

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió la semana pasada su informe anual sobre el panorama social de la región 2020; en este caso estrechamente vinculado a la evaluación de los impactos de la pandemia del covid-19, el análisis de las respuestas de los diferentes gobiernos en el campo social y algunas propuestas ante la crisis.

El documento tiene seis capítulos. El primero aborda las tendencias e impactos de la pandemia en la pobreza y desigualdad. El segundo se refiere a las brechas estructurales en el mercado de trabajo y como estas se han acrecentado. La protección social especialmente en salud y pensiones es el tema del tercer capítulo; mientras el cuarto analiza las tendencias recientes del gasto público social. El quinto capítulo analiza la economía del cuidado como sector estratégico para una reactivación con igualdad; y por último se reitera la necesidad de un nuevo pacto social. Mucha atención en el Perú a quienes quieren tapar el sol con un dedo.

Problemas estructurales
Según el informe la propagación del covid-19 y sus efectos económicos y sociales se vieron agravados por los problemas estructurales de la región: principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por tener sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados y asentamientos urbanos marginados carentes de acceso a servicios básicos. También presenta grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático.

CEPAL identifica una matriz de desigualdad social con diferentes ejes por: estrato socioeconómico, género, etapa del ciclo de vida, condición étnico-racial, territorio, situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros, que generan escenarios de exclusión, de discriminación múltiple y simultánea que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. En el ámbito de la salud, estas desigualdades se expresan en una cobertura, acceso efectivo y resultados de los servicios de salud limitados; así como en inadecuadas condiciones de salud básica de las personas y las comunidades.

Sistemas sanitarios débiles
El gasto público en salud de la región se mantiene lejos de la meta del 6% del PBI recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y existen problemas en cuanto a la asignación de los recursos. El financiamiento del primer nivel de atención no alcanza el parámetro recomendado de al menos 30% del gasto público en salud; todo ello va en detrimento de los niveles de eficiencia y calidad del sistema de salud, y los hogares se enfrentan a un nivel elevado de desprotección financiera que los empobrece al obligarlos a realizar pagos directos cuantiosos cuando lo necesitan.

En los países de la región existen barreras significativas al acceso a los servicios de salud, así como limitaciones en lo que respecta a la disponibilidad de recursos humanos y de infraestructura de salud. Cuando los niveles de contagio son elevados, los países que cuentan con menos camas y menos personal de salud tienen una capacidad inferior de reacción ante los casos graves que puedan presentarse y poco margen para reorganizar los recursos que disponen.

Sin embargo, CEPAL nos recuerda que también muchas economías de altos ingresos y recursos sufrieron los estragos de la pandemia. Esto relieva que la lucha contra la pandemia se da tanto mediante acciones de contención y mitigación extrahospitalarias (con acciones a nivel primario y en las comunidades) como en los hospitales, que deben estar preparados y dotados de personal, infraestructura e insumos suficientes.

Aumento de pobreza
En el documento se destaca que la pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, y la mayoría de los países experimentarán un deterioro distributivo. En 2020, se proyecta que la tasa de pobreza extrema se situaría en un 12.5% y la tasa de pobreza alcanzaría el 33.7%. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor si no se hubieran implementado medidas para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Sin estos programas la tasa de pobreza en 2020 habría aumentado 6.7 puntos porcentuales, alcanzando al 37.2% del total de la población, al tiempo que el 15.8% se encontraría en situación de pobreza extrema, un incremento de 4.4 puntos porcentuales.

Mayor desigualdad
CEPAL estima que con la pandemia los estratos de ingreso bajo habrían aumentado 4.5 puntos porcentuales (unos 28 millones de personas adicionales) y los estratos de ingreso medio se habrían contraído en una proporción similar (25 millones de personas menos).

Respecto al efecto de la pandemia sobre la distribución del ingreso de los hogares, un primer factor que debe considerarse es la pérdida de ingresos laborales. De acuerdo con las proyecciones, el aumento de las personas que dejarían de percibir ingresos laborales en el primer quintil (20% de la población de más bajos ingresos) alcanzaría los 5.7 puntos porcentuales, valor que disminuiría apreciablemente en los quintiles subsiguientes. En el quinto quintil, se prevé que la cantidad de personas sin ingresos aumentará 0.7 puntos porcentuales.

Un segundo factor es la disminución de los ingresos laborales de quienes mantuvieron su empleo. La importante reducción de la demanda y de las posibilidades de trabajar habrían generado una contracción del 15% del ingreso laboral promedio por ocupado. Como resultado de estas dinámicas, en el caso de las personas del primer quintil, la caída en los ingresos laborales habría sido de un 42%, mientras que, en el de las del quinto quintil, la caída promedio esperada es de alrededor del 7%. Los de más altos ingresos laborales pierden menos que los más pobres.

En síntesis, cabría esperar que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini promedio 5.6% más alto que el registrado en 2019. Ahora bien, al incorporar las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de Gini promedio para la región sería del 2.9%.

Trabajo en crisis
En el documento se muestra que la crisis ha repercutido de manera desproporcionada en los trabajadores informales y las mujeres, pues su representación en parte de los sectores económicos más afectados es mayor, y la carga de cuidados no remunerados en los hogares se ha intensificado a raíz del cierre de los centros educativos.

Las personas jóvenes, y, en particular, las mujeres jóvenes constituyen un grupo especialmente vulnerable. Asimismo, es posible que, en el futuro, el mercado laboral presente menos oportunidades para las personas mayores, cuya inserción laboral es muy importante para garantizar su bienestar en ausencia de sistemas universales de protección social. También es probable que se incrementen las desigualdades étnicas y raciales, así como las vinculadas al territorio, la discapacidad o la situación migratoria.

Recomendaciones
CEPAL señala que la pandemia ha puesto al descubierto las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar. Pero también el papel de la política pública se está revalorizando y se reconoce el papel del Estado como actor clave e indispensable para responder a los desafíos actuales. La pandemia representa así una oportunidad para tomar un nuevo rumbo de política pública, a fin de construir sociedades más igualitarias y resilientes, mediante la implementación de políticas universales, redistributivas y solidarias, con un enfoque de derechos.

Se espera que en nuestra región la crisis ayude a generar un consenso en torno a la necesidad de construir verdaderos Estados de bienestar, así como modelos sostenibles de producción y de consumo. Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social (más equitativo), ambiental (transición ecológica) y económica (diversificación productiva).

Para reconstruir y transformar (reactivación transformadora) con igualdad y sostenibilidad, es imprescindible avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y promover la protección social universal, asegurando, entre otros, el acceso a sistemas de salud pública y pensiones de calidad.

La pandemia ha sacudido el statu quo, es decir un momento excepcional que redefine lo que es posible, incluso lo que es pensable. Por ejemplo, no hace mucho el ingreso básico universal era un instrumento de política controvertido y experimental. Hoy, su factibilidad, alcance y función dentro de los sistemas de protección social han entrado a la corriente principal de las discusiones. En el contexto de la pandemia y sus secuelas, se vuelve menos arduo argumentar que todas las personas necesitan acceder a un nivel básico de bienestar y de ingreso, independientemente de su situación y característica individuales.

Economía del cuidado
Desde la perspectiva de la igualdad de género, es fundamental que las políticas públicas establezcan mecanismos que instituyan el derecho a cuidar y a ser cuidado, enfatizando en la infancia, el derecho a la vida digna de las personas mayores y el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Además de consolidar la autonomía de las mujeres y la inclusión de la economía del cuidado en los planes de mitigación de la crisis.

Enfrentar malestar social
Frente al escenario actual, CEPAL plantea que urge escuchar a la ciudadanía y considerar al malestar también como un factor positivo para el cambio y el progreso social. En particular, es necesario avanzar hacia políticas sociales centradas en el goce de derechos, la igualdad, el reconocimiento y el trato digno, y hacia la construcción de pactos sociales orientados a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y cohesionada.

Es urgente construir un proyecto común y desarrollar un sentido de pertenencia efectivo. La demanda de una sociedad más igualitaria y con plena garantía de derechos es positiva y abre espacios para la creación de nuevas alianzas y extensos pactos, con un papel sólido a desempeñar por la clase media, los sectores populares y el conjunto amplio de la población en el reconocimiento de su diversidad.

Asimismo, urge escuchar a la ciudadanía, tanto en términos de sus percepciones y evaluaciones como en cuanto a sus demandas. En particular, es fundamental oír la voz de los jóvenes y de la sociedad civil, cuyas organizaciones con frecuencia están a la vanguardia para impulsar las demandas de la ciudadanía, así como para exigir mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de los actores políticos en general.

Pacto social
Para la CEPAL el pacto social es un instrumento político que sirve para decantar consensos y acuerdos para el mediano y largo plazo. Se basa en el diálogo amplio y participativo. Este diálogo debe partir del espacio que nos impone la crisis sanitaria, económica y social, que requiere mecanismos universales de protección y mitigación. El pacto supone que los actores hagan una contribución e incluso que parte de los actores poderosos en términos de sus intereses inmediatos hagan cesiones importantes, con miras a lograr una situación más estable, provechosa, legítima y sostenible para el conjunto de la sociedad.

La experiencia histórica indica que los actores poderosos, aunque de ninguna manera los únicos, son interlocutores indispensables que deben participar de forma activa y comprometerse con los resultados. Finalmente, un nuevo pacto social debe abrir discusiones y abordar temas relegados o incluso omitidos por los principales actores económicos y políticos, con respuestas solidarias en los costos y el financiamiento, lo que exige pactos fiscales que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible, asegurando recursos constantes y suficientes para el bienestar y la resiliencia de la población.

Recordatorio
Cierro esta nota recordando a Luis Revoredo, nuestro Director y colega de muchos años; excelente persona y gran profesional del periodismo. Otra desafortunada pérdida de la pandemia; Descansa en paz.