Ecuador: Las propuestas de gobierno de Andrés Arauz en tiempos del covid-19

La posibilidad de que un partido político progresista asuma nuevamente el gobierno en el Ecuador no debe agradar a los grupos conservadores del Perú; es un mal ejemplo. Los resultados de las elecciones en Bolivia y la respuesta al referéndum chileno para elaborar una nueva Constitución Política tampoco les gustaron por las implicaciones que pueden tener en nuestro país. Sin embargo, como por el momento no tienen que criticar simplemente los ignoran. Respecto al Ecuador, a pesar de la vecindad, se ha dicho poco; solo se remarca que A. Arauz está en línea con Rafael Correa. No se presentan ni comentan sus propuestas de gobierno.

El plan 2021-2025 de Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral, se llama Construcción Colectiva del Programa de Gobierno 3.0. Es compacto con sólo 11 páginas. Se incluyen unos antecedentes, un objetivo general y once objetivos específicos que incluyen un diagnóstico, propuestas y estrategias. Su forma de presentación puede ser útil en nuestra campaña electoral. En esta nota nos centraremos en los temas económicos; sin abordar los relativos a la justicia global, soberanía e integración, entre otros.

Alternativas en juego
Arauz señala que quieren infundir miedo a los ecuatorianos planteándoles una elección urgente: entre cuidar la vida o mantener el trabajo, entre la salud y la economía, entre cuidarnos o preocuparnos por ganar el sustento diario. Para él, se trata de una falsa elección, ya que no hay salario que valga la pena sino hay vida saludable para disfrutarlo. Señala que no se puede confundir los medios con los fines, ni suponer que se debe elegir entre lo uno y lo otro. En medio de la pandemia los ecuatorianos deben aprender a preguntarse qué da verdadero sentido a sus vidas.

El plan de gobierno anota que hay dos alternativas en juego. Elegir la continuidad de la miseria, la explotación y la injusticia, que el neoliberalismo llama la nueva normalidad; o elegir romper con ese pasado por un mundo mejor, más libre, más justo y solidario. La elección será para él entre la vida y la muerte, entre la democracia y el autoritarismo; entre buen vivir y la barbarie. El candidato señala que el virus del neoliberalismo solo se curará con la vacuna de la unión por la esperanza.

Misión
Alcanzar el buen vivir: trabajo digno para todos; salud y educación gratuitas, universales y de calidad; ingreso básico y cobertura de seguro social para todos; vivienda funcional y en condiciones óptimas para todos; reactivar la economía con medidas concretas de aliento y estímulo, y especialmente recuperar al campo, dar importancia al sector agrícola para asegurar alimentos sanos y de calidad; cuidar nuestra naturaleza: el agua, el aire, el clima, para mejorar nuestra vida y permitir la de las próximas generaciones.

Objetivos
El objetivo general del Plan de Gobierno es recuperar la democracia, el Estado plurinacional e intercultural, la dignidad, el trabajo, una estructura económica y productiva sostenible y la soberanía para caminar hacia la construcción de la sociedad del buen vivir siguiendo la hoja de ruta trazada en la Constitución de la República.

El objetivo general se organiza a su vez en un plan plurianual con once objetivos específicos para asegurar la justicia por la vida y su reproducción; la justicia democrática participativa y deliberativa; la justicia productiva y económica; la justicia intergeneracional; la justicia global, soberanía e integración; la justicia decolonial, plurinacional e intercultural. Los últimos cinco objetivos son la justicia ecológica y transición energética; la justicia igualitaria para las mujeres y los grupos excluidos; la justicia digital y de la nueva economía; la justicia cognitiva; y la justicia justa e imparcial.

Herencia económica
El diagnóstico de lo económico parte de que con el actual gobierno las condiciones de vida se han deteriorado rápidamente, a la par que avanzó la exclusión social. La desigualdad de ingresos medida por el Gini aumentó 1.4 puntos y la pobreza 4 puntos porcentuales entre 2017-2019, lo que representa que más de 700.000 ecuatorianos pasaron a la pobreza; seguramente luego de la pandemia serán muchos más.

El PBI real por habitante tuvo una caída de más de 2%. Estos resultados demuestran que el modelo económico neoliberal no crea riqueza, crea pobreza. Por otra parte, en el primer trimestre de 2020, sin considerar los efectos de la Covid-19, la formación bruta de capital fija registró un decrecimiento de 6%. La ausencia de inversión del Estado, acompañada de la ausencia de inversión del sector privado, han sido constantes en este período de gobierno que termina.

La productividad laboral se estancó durante el período 2017-2019. En cuanto al sector externo, los datos tampoco son alentadores. La cuenta corriente pasó de un superávit a déficit. Asimismo, entre 2015 y 2018 la intensidad tecnológica de las exportaciones del país se redujo. La mismo ocurrió con las importaciones, ya que se contrajo la adquisición de bienes de capital para concentrarse en bienes de consumo.

Priorizar empleo
Según Arauz las primeras medidas se enfocarían en el empleo y el crecimiento económico. Lo anterior para reconstruir el mercado interno y articular otros mercados a nivel regional e internacional, en el marco del cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto implica que la inestabilidad financiera provocada por el sobreendeudamiento se debe abordar con transparencia y soberanía. Asimismo, a largo plazo, se requiere un cambio en las relaciones laborales, para abarcar el reconocimiento y la reciprocidad en la distribución de los tiempos dedicados al cuidado y el disfrute.

Se señala que resulta imprescindible enfrentar el actual escenario con un amplio acuerdo social para la generación de riqueza a partir del fortalecimiento de capacidades productivas e innovadoras: estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada, lo cual consiste tanto en detener la caída de la producción como en recuperar los niveles de producción real; recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización; impulsar la transición hacia una economía post petrolera estimulando la producción con énfasis en sectores de valor agregado, procurando un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alto contenido de conocimiento y tecnología. También es necesario incentivar a las micro y pequeñas empresas que les permitan mantenerse y evitar cierres ante la crítica situación económica.

Auditoría deuda
Se propone realizar una auditoría integral de la deuda pública (externa e interna). Asimismo, el Estado debe cumplir una función en la reactivación económica y productiva: hay que recuperar la inversión estatal en los sectores sociales y aplicar los presupuestos sociales sectoriales de acuerdo con las proporciones señaladas en la Constitución; así como recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios esenciales y de calidad en las áreas de salud, educación, inclusión social, justicia y seguridad. Asimismo, se debe implantar una reforma tributaria progresiva para que paguen más los que más riqueza tienen.

Justicia productiva y económica
El plan de gobierno establece que en los casos de aquella producción de bienes y servicios en donde no se compromete la vida, derechos o necesidades básicas, es necesario que los mercados sean verdaderamente dinámicos y menos explotadores, lo cual requiere el diseño de políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos productivos incluidos el conocimiento y la tecnología y restrinja las prácticas de competencia desleal.

El fortalecimiento de la competencia fomentará tanto la innovación y el desarrollo tecnológico como la reducción de la desigualdad. Es preciso impulsar los mecanismos de protección de los consumidores, con políticas como la extensión de la protección a la transparencia de los contratos, así como la prohibición de las cláusulas abusivas y la proscripción de las cláusulas de arbitraje. El Estado deberá establecer mecanismos expeditos, eficientes y gratuitos para la resolución de conflictos derivados del abuso a los consumidores.

También hay que democratizar el acceso a los recursos financieros mediante un fortalecimiento de la banca pública y las finanzas populares como motor de la inversión nacional. Otra acción urgente es disminuir de manera generalizada las tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas, en detrimento del crédito de consumo suntuario.

Economía popular y solidaria
Arauz señala que hay que proteger a los sectores articulados a la economía popular y solidaria y fortalecer su posición en el mercado. De manera complementaria hay que divulgar las tecnologías de dominio público, es decir, las patentes vencidas o vigentes en otros países, pero que no son sujeto de protección en el Ecuador, para el fortalecimiento del sector tecnológico nacional.

Un sector históricamente relegado es el campo; hay que impulsar especialmente a la agricultura familiar y campesina. Para ello es imprescindible crear institucionalidad para la soberanía alimentaria, desarrollar otra propia para la acuacultura y pesca, establecer una política nacional de comercialización, distribución y almacenamiento.

De la misma manera, hay que impulsar la agregación de valor y la agroindustria; reducir la dependencia tecnológica en las cadenas productivas nacionales; desarrollar las fuerzas productivas con equidad territorial, desde una perspectiva de cadenas de valor; e impulsar una agenda de la calidad que fomente el acceso a nuevos mercados de exportación y haga sostenible el consumo en el Ecuador.

Justicia intergeneracional
El plan señala que es necesario y urgente un contrato (re)distributivo que considere el devenir del tiempo y el impacto ambiental y social que tienen las acciones y decisiones del día hoy. Esto requiere una transformación profunda de las prácticas y actitudes actuales, que relegan el futuro y olvidan la historia absorbidas por el presentismo, evitando o acentuando la desigualdad como legado y sentencia fatal para las siguientes generaciones.

La recuperación económica pondrá énfasis en el trabajo juvenil y en las mujeres al implantar el programa trabajo digno universal correspondiente a un salario mensual por el trabajo que usualmente no ha sido reconocido por la economía y la sociedad como el trabajo doméstico, el cuidado de la naturaleza, el trabajo de los artistas, entre otros. Todo ello será útil para transformar patrones de consumo y producción que sean ecológicamente responsables, económicamente viables y socialmente justos, promoviendo conocimientos y saberes e innovaciones no predatorias, que minimicen el uso no renovable de recursos naturales y materiales tóxicos, así como de los desechos emitidos a través del ciclo de vida de los productos y servicios.

Justicia digital
Arauz propone cerrar la brecha digital mediante una alianza entre los actores económicos para realizar una gran transición hacia una nueva economía digital, que permita recuperar la información como un bien público y común prohumanidad, democracia y sostenibilidad ambiental, que respete el derecho a la privacidad de las personas. La conexión digital será un derecho básico de acceso gratuito; se alfabetizará digitalmente y se impulsarán el desarrollo de estas tecnologías.

Justicia ecológica
Se plantea que en una sociedad ambientalmente justa se debe recuperar el equilibrio de las vidas; es decir, la armonía entre los seres humanos, no humanos y la naturaleza. Como parte de esta transformación se propone fortalecer el Ministerio del Ambiente para que cumpla efectivamente las funciones establecidas en la Constitución de 2008. También es necesario realizar un plan de emergencia para recuperar el patrimonio natural y potenciar la biodiversidad; impulsar la ejecución de una estrategia nacional de cambio climático, articulando en el territorio las intervenciones para la adaptación y mitigación.

El cuidado de la naturaleza debe ir de la mano con la promoción de la transición energética. Para eso se propone garantizar a todos los ecuatorianos el acceso a energía confiable y sostenible como un derecho humano fundamental. Esto implica avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva enfatizando en la demanda de energías alternativas. A la par, se establecerá un plan nacional de movilidad alternativa, con políticas para incentivar el uso de energías limpias y tecnologías alternativas, con criterios de inclusión social.

Algo más
La propuesta de plan de gobierno tiene elementos interesantes que pueden ser útiles al Perú.