Pacto Perú en tiempos del Covid-19: ¿Acuerdo Nacional o Asamblea Constituyente?

La decisión del Presidente de la República de impulsar el denominado Pacto Perú es positiva. Se puede leer como un reconocimiento del Poder Ejecutivo, y por qué no de un segmento importante de la población, de que es necesario discutir las bases de nuestro acuerdo social. La reacción inicial de los poderes mediáticos fue crítica, para convertirse unos días después en una combinación entre escéptica y cauta; enhorabuena, ya que no podía ser de otra forma a pesar de que en sus fueros internos piensen que no es necesario discutir o modificar nuestras reglas de convivencia económica, social y política. La Constitución Política de 1993 es para ellos un documento intangible, soslayando los cambios profundos e impactos que en distintas esferas se están dando en el mundo y en Perú.

En el otro extremo algunos grupos insisten en la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente. Es indiscutible que se debe revisar nuestra Carta Magna a la luz de todos los acontecimientos que ponen en cuestión a nuestro Estado mínimo heredero del neoliberalismo, de los nuevos retos internacionales y los tradicionales por enfrentar. Sin embargo, ¿es eso posible en una coyuntura como la actual en tiempos del Covid-19?, ¿quiénes serían los actores representativos de la sociedad a menos de 9 meses de las próximas elecciones para el Poder Ejecutivo y Legislativo? Ahora el Pacto Perú es una buena oportunidad para ponernos a trabajar, y en especial todos los partidos y movimientos políticos, en los temas de fondo que preocupan a todos.

Agenda incompleta
Ni el contenido, ni los procedimientos propuestos por el Presidente de la República para este pacto estaban completos y menos eran claros. Sin embargo, su propósito central de generar un diálogo que vaya más allá de esta coyuntura que dé certezas necesarias, que siente las bases de un país con consensos básicos, que nos permitan consolidar la democracia, encauzar el debate político y permitirnos avanzar eran y son muy relevantes.

La lista de 5 temas incluía la construcción de un sistema unificado de salud; garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre educación urbana y rural; promover el crecimiento económico sostenible, las inversiones y políticas para desmantelar prácticas anticompetitivas. Asimismo, insistía en la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia; y, por último, solicitaba consensos para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. No está mal, aunque faltan muchos otros temas que preocupan a muchos.

Espacios positivos
La salida del Presidente del Consejo de Ministros no debe ser vista como un golpe al Pacto Perú, sino todo lo contrario. La lectura de su discurso al Congreso tenía algunos elementos que atentaban contra ese diálogo y búsqueda de acuerdos al definirlo como un proceso dirigido por el Presidente de la República que iniciaría una ronda de conversaciones con los dirigentes que forman parte integrante del Congreso de la República y donde la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional organizaría la agenda. ¿En qué se diferenciaría de los diálogos tradicionales que lleva a cabo el Ejecutivo con los diferentes grupos políticos?, ¿dónde y cómo se registrarían esos acuerdos?, ¿dónde quedarían las otras fuerzas políticas que no ingresaron al Congreso actual?

La metodología propuesta no solo era más de lo mismo; sino que al detallar los temas los desnaturalizaba. Dos ejemplos a la vista. El gobierno ofrecía una política nacional de competencia; pero a renglón seguido con la misma importancia el Presidente del Consejo de Ministros propuso fortalecer la eliminación de barreras burocráticas mediante un decreto de urgencia fortaleciendo Indecopi, por un tema que en realidad está fuera de sus atribuciones principales: defensa del consumidor y de la libre competencia. En esta norma legal se señalaría que la entidad pública que establezca requisitos y/o cualquier medida adicional a las dispuestas por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica o la reanudación de actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria sería sujeta a sanciones. Otra tergiversación consistía en pensar que la creación de un Centro Regulador de Servicios de Alta Complejidad es el primer paso relevante y contundente para avanzar en la integración de los servicios de salud pública.

Acuerdo Nacional insuficiente
Es indiscutible la importancia del Foro del Acuerdo Nacional suscrito en julio de 2002. También debe destacarse la capacidad de convocatoria, actividades desplegadas y resultados de sus sucesivos Secretarios Técnicos. Hay muchos frutos a la vista en términos de las 35 políticas de Estado agrupadas en democracia y estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad y Estado eficiente, transparente y descentralizado; asimismo, hay logros interesantes de los grupos de trabajo sobre temas específicos, los foros regionales y las actividades de seguimiento de las políticas de Estado.

Sin embargo, su problema básico radica en la muy limitada capacidad de concreción de los acuerdos; no solo por parte de las fuerzas sociales y políticas que los discutieron; sino de los sucesivos gobiernos que los ignoran en la práctica. Es obvio que muchos de estos pactos requerirían de normas legales concretas y hasta en algunos casos de modificaciones constitucionales, pero esto nunca ha ocurrido. Aquí se incluyen las valiosas notas más recientes sobre Hambre 0 y las medidas para reactivar la economía a propósito de la pandemia del Covid-19 sobre las cuales las autoridades no han concretado actividad alguna. ¿Qué se ha llevado a la práctica en términos de la seguridad alimentaria o el desarrollo de la ciencia y tecnología propuestos? Por último, faltan temas por discutir ya que domina una perspectiva estándar como ignorar el problema de la elevada desigualdad, la necesidad imperiosa de la diversificación productiva y el modelo de desarrollo o la fallida Visión del Perú al 2050.

Discusión inicial fundamental
Hace un par de semanas el filósofo Giusti (2020) de la PUCP nos recordó las diferentes perspectivas existentes a propósito del primer artículo de la Constitución Política de 1993. En esta se señala que “la persona humana (…) es el fin supremo de la sociedad y del Estado” que corresponde a una visión liberal e individualista. La opuesta corresponde a Aristóteles que señalaba que “La sociedad y el Estado (la polis) son el fin supremo de la persona humana”.

Luego rememoró que la tesis de Aristóteles ha sido preservada por muchos autores incluyendo a Rousseau, Hegel o más recientemente por filósofos comunitaristas a los cuales se les suele identificar como parte de la tradición republicana. El Republicanismo descansa en el autogobierno democrático, la ausencia de dominación y la virtud cívica concebida como la disposición del ciudadano a dejar de lado sus intereses particulares en aras del bien común. Las virtudes cívicas incluyen el ser tolerante, deliberar con los otros, ser solidario y actuar con justicia y autonomía (Richter Morales, 2019).

Títulos y temas a mejorar
Una revisión somera de la Constitución Política de 1993 nos indicaría los principales títulos y capítulos a modificar. Los ajustes intermedios habría que establecerlos sobre el título de régimen económico y estructura del Estado; mientras que serían menores en los casos de persona y sociedad y, Estado y la Nación. A nuestro juicio los títulos sobre garantías constitucionales y la reforma de la constitución no requerirían de ajustes.

La lista de temas para discutir y concertar (o en su caso precisar) puede tener dos niveles de profundidad; una agenda mínima y una máxima. Somos de la idea que hay que situarnos en una posición intermedia que postule modificaciones concretas a la Carta Magna; no son tiempos para discutirla totalmente. Como se ha señalado en otras oportunidades se puede partir desde los temas más vinculado a la pandemia y a las necesidades de las personas fortaleciendo la garantía plena a los derechos a la alimentación sana y suficiente, salud, educación en todos los niveles, vivienda digna y acceso a servicios públicos de calidad, accesibles y asequibles.

Hay que relievar la importancia de las personas y ciudadanos al centro y los negocios como un medio, no un fin en sí mismo. Se debe insistir en un Estado con mayores capacidades y recursos, eficaz y eficiente en un nuevo balance más equilibrado con el mercado. Descentralización fiscal a la par de gobiernos regionales y locales con mayores recursos y responsabilidades. De acuerdo a los nuevos tiempos hay que incidir en un Estado para la transición ecológica con ordenamiento territorial y economía circular. Asimismo, mejorar el rol de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales y sus remuneraciones incluida la mención explícita a la remuneración mínima vital. También sería positivo la priorización de las modalidades empresariales autogestionarias y cooperativas.

Defensa de consumidores
En línea con lo anterior habría que establecer constitucionalmente la priorización de la defensa de los derechos los consumidores o usuarios finales respecto de los otros actores en Indecopi y los reguladores sectoriales. Durante la pandemia algunos de estas instituciones tuvieron comportamientos sesgados a favor de las empresas reguladas afectando el interés público. De manera complementaria habría que insistir en el establecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social empresarial en todas las empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno. De ninguna forma se trataría de mantener la forma tradicional de operación de estas firmas.

Temas de largo plazo
En una mirada con perspectiva para el mediano y largo plazo se debe destacar la importancia del planeamiento estratégico en los diferentes ámbitos nacional, regional y local; como base del resto de sistemas de gestión pública en particular del presupuesto, programación de la inversión pública y de coordinación de inversiones en asociaciones público privadas. No se trata de volver a fórmulas del pasado, sino que se alinee el planeamiento con señales de mercado, sea integral, ágil, oportuno y útil.

En la Constitución deben priorizarse las actividades de ciencia, tecnología e innovación entendiéndolas como el vehículo para hacer frente al futuro a través de nuevos y mejores procesos de producción y a la mejora de la calidad de vida de la población. Hay que incorporar, en lo que corresponda, las políticas de Estado acordadas en el Foro del Acuerdo Nacional. Otra palabra que debe quedar impresa es la necesidad de diversificar nuestro aparato productivo sin menoscabo de las actividades extractivas desarrolladas en armonía con el ambiente y la sociedad. Priorizar la agricultura campesina y el desarrollo rural. Establecer los criterios de la relación de los sectores extractivos con las comunidades y el medio ambiente, señalando quizás que las empresas privadas deben adscribirse a la Responsabilidad Social Empresarial y a la Creación de Valor compartido.

Como en la Constitución chilena hay que establecer mayores facultades de intervención y regulación en condiciones de emergencia nacional. La Carta Magna debe incluir una preocupación para frenar la elevada desigualdad y los instrumentos para mitigarla. Sentar las bases para alcanzar una mayor justicia fiscal (progresividad y reingeniería tributaria) dotando al Estado de mayores recursos, exigiendo eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. Hay otros temas importantes como igualar el trato a la inversión extranjera al nivel de la nacional; la priorización de los Derechos Humanos y de las instancias internas para la solución de controversias como promueve la Unctad. Endogenizar las respuestas de la política monetaria y fiscal anticíclica ante reducciones significativas en los niveles de ocupación y empleo, tal como lo hace la Reserva Federal y el gobierno estadounidense.

Algo más
A pesar de la convulsionada situación política hay que aceptar el reto del Pacto Perú. Es una oportunidad perfecta para avanzar en la búsqueda de consensos en los temas propuestos, precisar los que están en cartera en el Foro del Acuerdo Nacional y en todos los otros que se han comentado aquí. Desafortunadamente, la evidencia histórica muestra que este tipo de convocatoria a menos de un año de terminar el mandato han sido infructuosas. Sin embargo, a pesar de todo puede ser muy útil para que los diferentes actores sociales y políticos definan agendas y plataformas programáticas precisas para el proceso electoral del 2021. Hay que hacer política con P mayúscula.