Salud fiscal, paraísos tributarios y otras regulaciones ante el Covid-19

Hay quienes todavía siguen discutiendo si el Presidente de la República se excedió o no cuando deslizó la posibilidad de expropiar las clínicas privadas. No se debe generar una tormenta en un vaso de agua ya que había un marco jurídico que lo avalaba. Son los gajes de nuestra realidad y la política nacional. En otros países con un Estado presente y más consolidado hubiera sido un elemento de negociación propia de un funcionario de alto nivel; aquí la figura presidencial es débil y peligra cada día. Sin gestos firmes es probable que los grupos de poder económico y mediático ya hubieran precipitado su caída, sustitución por alguien más débil e influenciable y mucho más acorde a sus intereses particulares.

Tampoco se vale utilizar este tema como cortina de humo para omitir la discusión sobre lo importante como lo relativo a la mejora estructural del sector salud, los elementos a considerar en un nuevo contrato social, de un sistema tributario capaz de enfrentar los nuevos retos y más equitativo, y redefinir las funciones de los organismos reguladores, entre otros. Por último, no hay que olvidar que esta maniobra presidencial está siendo útil para que las aseguradoras y clínicas se adecuen a nuestra cruda realidad. En positivo los costos de atención se van a reducir para los ciudadanos, aunque sin olvidar que el sistema de salud pública y privada está en el límite del desborde con muy poca capacidad de atención adicional. También siempre hay que recordar las muertes evitadas por el confinamiento social obligatorio decretado a partir del 16 de marzo.

¿Gobierno y Congreso enfocados?
Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República están cometiendo errores. Hay que reconocer la velocidad de los acontecimientos, pero también precipitación, falta de reflexión e intereses particulares encubiertos. El gobierno se acaba de equivocar nuevamente con las nuevas normas para la asignación de recursos del programa Reactiva Perú publicado el domingo 28 de junio. Simplemente se está reduciendo la posibilidad de asignar recursos a personas y empresas vinculados a actos de corrupción y delitos conexos, establecer un sistema de denuncias en Cofide y de colaboración con el Poder Judicial y Ministerio Público. Faltaron muchos otros elementos que hemos comentado con anterioridad. No hay compromisos para mantener el empleo, excluir empresas de grupos económicos, ni prioridades sectoriales o de evaluaciones financieras predeterminadas, entre otras.

Es obvio que el Congreso de la Republica también deja mucho que desear. Los intereses particulares se filtraron en la norma para facilitar la movilización interprovincial de personas fuera de Lima en vehículos no aptos para el transporte público; también cuando se estuvo a punto de debilitar la Ley Universitaria y a la Sunedu. Se equivocó en la liberación adicional de recursos de las AFPs, que están siendo consumidos por los aportantes o si les quedan excedentes en modalidades de depósito en los bancos con rendimiento cero o por debajo de lo que obtenían previamente. ¿No están los trabajadores terminando peor que antes?

Normas equivocadas
No es irracional pretender regular los precios de ciertas medicinas o limitar la posibilidad de desalojar inquilinos en tiempos de emergencia. Hay que examinar experiencias internacionales. Por ejemplo, en la Colombia liberal hay un sistema de regulación de precios de medicinas seleccionadas tanto por componentes genéricos como de marca a través de bandas de precios que se observan para los mismos productos a nivel internacional. Si el producto rebasa esos topes opera la regulación. De esta forma se evitan prácticas de diferenciación de precios y de ganancias extraordinarias de los productores y comercializadores de medicamentos en perjuicio de los ciudadanos.

Por otra parte, fue erróneo cancelar el cobro de peajes en las carreteras en tiempos de emergencia. Efectivamente, hay irracionalidades en los contratos que permiten que los vehículos de servicios público municipales paguen peajes dentro de su propio distrito; así como normas poco claras para el ajuste de las tarifas; pero otra cosa es congelarlas. Lo que debió hacerse es establecer nuevas bases para esos contratos de concesión y plantear la renegociación de los existentes; asimismo ajustar el tratamiento de la inversión extranjera de los Tratados Bilaterales de Inversión y de los capítulos sobre inversión extranjera en los TLC priorizando los derechos humanos, medio ambiente y la priorización de las instancias locales para la resolución de controversias como se plantea a nivel internacional a través de la Unctad.

Sobrecostos financieros
Tampoco el dictamen sobre reprogramación de créditos con un periodo de gracia de 90 días y un plazo de hasta cinco años sin modificar las tasas de interés es la salida apropiada frente a las actuales circunstancias. A mi juicio, en su caso, está se debería limitar a los créditos hipotecarios (17.1% del total de créditos al 31/12/2019); no ha créditos de consumo. Hay que reconocer que en todos los casos se producen incentivos perversos y riesgo moral, razón por lo cual hay que limitarlos. Efectivamente, hay que reconocer que numerosas familias están pasando por circunstancias económicas muy difíciles; tampoco hay que dramatizar la situación a favor de los bancos comerciales ya que tienen amplios márgenes financieros o spreads entre las tasas de interés activas y pasivas y es difícil que tanto su estabilidad como los ahorros del público se encuentren en peligro de aplicar una propuesta más ajustada en el Congreso.

El Perú tiene un sistema bancario ineficiente que cobra mucho a algunos de sus clientes y paga poco a los ahorristas. Con base a información del Banco Mundial y del FMI se puede verificar fácilmente que el país tiene entre el segundo o tercero spread o margen financiero nominal y real más alto en América Latina desde inicios de los años noventa a la fecha. Brasil tiene el primer lugar seguido por entre Paraguay y Perú. En el promedio 2000-2014 nuestro país tuvo un spread bancario nominal de 18.4 puntos porcentuales, Brasil 34.7, Paraguay 20.4 puntos porcentuales. En Chile fue 4.1, Colombia 7.1 y Ecuador 6.2.

Los spreads bancarios permiten cubrir tanto los costos y gastos administrativos de los bancos como las ganancias. Las ganancias de los bancos en el Perú están por encima de los estándares internacionales. Tienen rentabilidades relativas entre tres o cuatro veces los niveles de EE.UU. y de Europa. Los spreads bancarios en América Latina se explican por los niveles de concentración de la banca, positivamente por la cartera vencida y de los niveles de encaje; e inversamente del nivel de crédito privado (Alarco y Del Hierro, 2020). Entre 2010 y 2014 los sobrecostos bancarios del Perú respecto de los mejores estándares promedio mundial (Banco Mundial) fueron equivalentes a 2.8% del PBI en 2010, 2.7% del PBI en 2011, 2.9% en 2012, 3% en 2013 y 2.4% del PBI en 2014. En Chile fueron negativos entre -1.5% y -2% del PBI en el mismo periodo.

Soluciones de fondo
Tanto la regulación de topes máximos como la simple entrada de instituciones financieras no generan una reducción de las tasas de interés activas. En un caso encuentran las formas de evadirlos y en el otro los nuevos bancos se coluden en la práctica con los viejos o atienden un segmento particular del mercado. Al 31/12/2019 los cuatro primeros bancos mantienen el 83.4% del mercado de colocaciones (BCRP, 2020). La elevación de las tasas de interés pasiva se logra introduciendo instrumentos financieros competitivos a los bancos con altos rendimientos a favor de los ahorristas desde el gobierno, el Banco de la Nación y Cofide. En los años setenta en el Perú tuvimos las experiencias positivas de las Cédulas hipotecarias del Banco Central Hipotecario del Perú y los Bonos tipo C de Cofide. El gobierno también debería ofrecer bonos al público desde montos reducidos. En EE.UU. los ciudadanos pueden comprar Bonos del Tesoro a diferentes horizontes desde US$ 1,000 que se pagan con tarjeta de crédito.

Por el lado de las tasas activas hay que poner a trabajar al Banco de la Nación y a Cofide ofreciendo créditos a micro, pequeñas y medianas empresas a menores tasas que los bancos comerciales. Desafortunadamente, los gobiernos neoliberales de las últimas décadas no han sabido aprovechar esas instituciones financieras con el argumento de la subsidiariedad del Estado.

Salud Fiscal
La oficina de Oxfam Perú acaba de emitir un documento sobre la salud fiscal para atender la crisis del Covid-19. Es un aporte valioso tanto en el diagnóstico como en sus principales recomendaciones de política que van a nuestro juicio en la línea correcta; siendo útil para reiniciar la discusión sobre el tema. El supuesto básico es que los requerimientos fiscales serán cada vez mayores y se necesitan recursos tributarios para hacerle frente y al mismo tiempo evitar la agudización de la elevada desigualdad.

Se promueve un plan de choque fiscal que debe tener en el centro la defensa de los sectores más vulnerables, la protección del empleo y la reactivación económica basada en la generación de valor real para el conjunto de la sociedad. Las prioridades para evitar que se agudice la desigualdad serían: 1) Garantizar el ingreso de las familias vulnerables; 2) Priorizar la protección de casi 7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas; 3) Proteger la agricultura familiar; y 4) Establecer criterios de equidad, valor compartido y transparencia en el apoyo gubernamental a las grandes empresas. Se propone un plan con medidas tributarias en tres fases tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Propuestas para mejorar la salud fiscal y equidad tributaria

Fuente: Oxfam (2020).

Algo más
La decisión de la Comisión de eliminación de barreras burocráticas de Indecopi en torno a la incapacidad del Ministerio de Salud para regular los octógonos informativos y la postergación de la entrada en vigor norma sobre control previo de fusiones y adquisiciones deben impulsar una revisión reflexiva del marco regulatorio y organizacional del citado organismo. Lamentablemente no es una isla de excelencia, hay que volcarla a la defensa prioritaria de la libre competencia, de los consumidores y usuarios. Lo que importa es el fondo de las cosas y no que se aprovechen los vericuetos legales en perjuicio del interés público.