Nueva agenda social chilena

Es la denominación que agrupa las propuestas del gobierno chileno luego de las serias protestas de la semana pasada. Después del anuncio de estas medidas hubo una gran manifestación en Santiago con alrededor de un millón de ciudadanos y al día siguiente un gran incendio focalizado, al parecer, provocado por dos millares de manifestantes. Se plantea la renuncia del presidente chileno y el establecimiento de una Asamblea Constituyente. El desenlace final es desconocido, pero pareciera que las manifestaciones violentas están disminuyendo. Por otra parte, las medidas en fase de implantación son valiosas, pero mal denominadas e insuficientes, ya que deberían modificar la gestión económica del país. No sólo son deben ser un complemento, sino una forma diferente de pensar, valorar y promover el desarrollo económico a favor de sus ciudadanos.

Se ha elevado el ingreso mínimo garantizado en 16.3% a 350,000 pesos mensuales (US$ 474 respecto de US$ 280 de la RMV del Perú). La pensión solidaria se aumentaría 20%, así como se otorgarían mayores recursos fiscales para mejorar las pensiones de mujeres y mayores de 75 años. Se establecerían dos seguros para gastos en medicinas y de enfermedades catastróficas que operarían sobre umbrales particulares. Se crearía un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas a la par que se suspende el incremento reciente del 9.2%. Por el lado de la política fiscal se fortalecería el fondo común municipal para poder transferir recursos de las comunas más ricas (distritos) a las de bajos ingresos; se crearía un nuevo tramo del 40% del impuesto a la renta para los que ganen más de 8 millones de pesos al mes (US$ 10,800) y un plan de reconstrucción por US$ 350 millones. Hay propuestas de reducción de los sueldos de altos funcionarios y parlamentarios y, para reducir gastos en el Congreso. Finalmente, se implementaría una Defensoría de las Victimas para atender a los perjudicados por las protestas. El gobierno valoró inicialmente las propuestas en US$ 1,200 millones.

Las propuestas omitieron el perfeccionamiento de las instituciones regulatorias orientándolas a favor de los consumidores, con normas más duras contra quienes vulneren la libre competencia, regulen mejor las fusiones y adquisiciones empresariales y los precios y tarifas de sectores monopólicos. Ignoraron el añejo problema de los elevados costos de la educación universitaria pública. Tampoco queda claro quien pagaría los seguros catastróficos y de medicinas, y su conveniencia respecto de establecer un sistema universal de salud público gratuita y de calidad. La mejora de las pensiones a jubilados es positiva pero no va al fondo en la operación del sistema de las AFPs. No acotaron el espacio y nuevas reglas para las asociaciones públicas privadas en infraestructura y servicios sociales que eviten abusos y generen una distribución del ingreso más desigual. Faltó más energía y contenido en el tema tributario.

Muchos creen que las medidas propuestas son populistas o que deben ser un mero complemento de la política económica. Para ellos, la política económica debe permanecer incólume con la misma lógica. Están equivocados. ¿No es acaso populismo tener políticas para redistribuir el ingreso a favor de los ricos? Una política económica estándar (neoliberal) con matices sociales genera menores resultados que una política económica explícitamente redistributiva como la Postkeynesiana. Asimismo, aquellas personas creen que la desigualdad es exclusivamente un problema social, mientras que tiene severos impactos económicos, también en lo social y político. La elevada desigualdad económica genera ineficiencia, inestabilidad y menor crecimiento económico sostenible. Es hora que recuperemos, al menos, el mayor balance o equilibrio entre las diferentes fuerzas económicas y sociales (asalariados y propietarios) que se vivió en la Edad de Oro del Capitalismo.