Reforma tributaria urgente

La revisión de la información sobre la recaudación tributaria nacional en perspectiva internacional comparada proporcionada por la OCDE es dramática. El último reporte de ese organismo señala que la presión tributaria peruana al cierre del 2017 fue 15.3% del PBI, respecto de 16.1% en 2016 y 17.2% en 2015. Entre el 2017 y 2019 se han tenido algunas mejoras que nos ubicarían alrededor o un poco por encima del valor del año 2017. La diferencia respecto al promedio latinoamericano es de 6 puntos porcentuales del PBI equivalentes a una brecha recaudatoria de al menos US$ 14,000 millones; mientras que son 17 puntos porcentuales respecto del PBI considerando el promedio de todas las economías de la OCDE.

La revisión de la información tributaria nacional proporcionada por la Sunat también nos genera algunas sorpresas desagradables. Si bien al cierre del 2018 los ingresos tributarios de gobierno central fueron S/. 104,600 millones también se presentaron devoluciones de impuestos por S/ 16,600 millones, equivalentes al 15.9% de los ingresos. De este monto destacan S/. 10,100 millones que corresponden a la devolución del IGV por exportación. En 2017 ese concepto monto ascendió a S/. 12,170 millones. Los gremios empresariales insisten en que es una práctica internacional. Sin embargo, cuando se aterriza a la información particular de las empresas beneficiarias la situación es insostenible.

Una de las grandes empresas beneficiadas por esta devolución ha sido la Compañía Minas Buenaventura, holding minero controlado por la familia del ex presidente de Confiep. La información proviene del flujo de caja de la empresa publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores. En 2018 pagó por impuesto a la renta US$ 30.9 millones y regalías mineras por US$ 13.2 millones. Sin embargo, recuperó por regalías cobradas a sus unidades mineras US$ 20 millones y recuperó IGV del gobierno por US$ 106.6 millones. La empresa con ventas superiores a los US$ 1,250 millones recibió un subsidio fiscal de US$ 82.6 millones. En 2014 el subsidio fue de US$ 15.1 millones, US$ 75.5 millones en 2016, US$ 88.2 millones en 2016 y US$ 65.8 millones en 2017. Un total de US$ 327.2 millones en los últimos cinco años equivalente al 10.9% del patrimonio neto reportado al 2018.

Frente a esta situación solo cabe aplicar el mismo criterio al resto de las personas naturales o jurídicas o reformar el sistema tributario. La primera opción implicaría no solo deducir de la renta imponible como gasto todas las inversiones realizadas sino recuperar del gobierno el IGV pagado por los bienes y servicios que son parte de esa inversión. El efecto negativo sobre los ingresos fiscales sería oneroso. Otro camino consistiría en eliminar la devolución del IGV a todas las empresas, sustituyéndolo parcialmente por el drawback por el IGV a los insumos locales asociados a la exportación no tradicional, nunca sobre la inversión.