Interés público relegado

Llamó la atención la entrevista al Ministro de Relaciones Exteriores publicada en el decano de la prensa nacional a inicios de esta semana. En esta se refirió a la posibilidad de que Bolivia venda gas natural y GLP en la zona sur del país y al desarrollo de otros proyectos energéticos. No parece mal, pero lo lamentable es que nuestras autoridades le siguen dando vueltas al asunto cuando estos se plantearon formalmente desde inicios de 2019. Nuestro canciller señaló que se puede hacer un proceso de cooperación energética que permita “tal vez” a la zona de Puno tener acceso al gas boliviano. ¿Por qué tal vez? Asimismo, que “podemos” conversar con Bolivia para tener acceso a su gas a precios competitivos. ¿No hay avances concretos? También el Presidente Vizcarra sólo se ha referido al proyecto boliviano de construir un poliducto de Bolivia al Puerto de Ilo, una planta de almacenaje y la exportación hacia oriente. ¿Qué ocurre con los otros proyectos que beneficiarían a nuestros ciudadanos y empresas locales?

El paquete propuesto por la empresa estatal YPFB y del gobierno de Bolivia comprende la inversión en un poliducto, una planta de almacenaje en territorio peruano y ahora se está ampliando a una planta para exportar gas natural licuado. La inversión inicial de los dos primeros proyectos ascendería a US$ 400 millones. A estos se sumaría participar en la masificación de la provisión de gas natural en el sur del Perú instalando redes de distribución para los segmentos doméstico, industrial y comercial. Se cierra con la venta masiva de GLP. Tanto en el caso del gas natural como el GLP los precios bolivianos -que generan rentabilidad a su empresa pública- son actualmente cercanos a la mitad de los peruanos.

Nuestra política de masificación de gas natural camina a paso de tortuga y los precios a nivel del consumidor ya no generarían ventajas respecto del uso de otros hidrocarburos líquidos. Asimismo, el precio del GLP peruano llega a la zona sur del país con precios por encima a los de Lima. Al precio asociado a un referente internacional se agregan elevados costos de transporte y de distribución. Las propuestas bolivianas serían claramente ventajosas para los usuarios si se mantienen o aproximan los precios domésticos de esa economía a los del exterior. No hay que aceptar referentes internacionales de América del Norte.

Tampoco hay que temer por la interconexión de sistemas energéticos de Bolivia y Perú; eso es una práctica internacional que no afecta la seguridad energética, sino por lo contrario la refuerza en ambos países. Por otra parte, la interconexión genera un arbitraje en los precios entre los dos gases naturales y dos GLP. Un gas caro se abarata con la corriente del otro con precio más bajo. Es probable que los enemigos de estos proyectos bolivianos sean nuestros productores locales y distribuidores que quieren seguir extrayendo excedente del consumidor y generando ganancias extraordinarias. Sus razones sociales son por todos conocidas.

Asimismo, las futuras redes de distribución de origen boliviano podrían ser complementarias a las del futuro Gasoducto del Sur Peruano (GSP), si este se reactiva. Por otra parte, la competencia sería útil no sólo para aterrizar las elevadas inversiones alrededor de los US$ 6,000 millones del GSP, y mejorar los precios beneficiando a los usuarios del sur peruano. No hay que temer a la competencia. Un cálculo somero de sustitución de todos nuestros hidrocarburos líquidos importados por gas natural podría significar para las cinco regiones del sur del país (que tienen el 15% del PBI nacional) alrededor del 0.2% del producto nacional. Estas cifras no son despreciables.

No hay que desechar oportunidades por intereses particulares o ideológicos. Nos extraña que se continúe postergando una iniciativa de inversión boliviana a diferencia de lo que ocurriría con otras que provengan de economías desarrolladas o de nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Por último, ¿dónde quedó la globalización que pregonan nuestras autoridades? Hay que recordarles a nuestros funcionarios gubernamentales que están para servir al interés público, no intereses particulares.