¿Concesiones corruptas y fallidas?

La confesión de la ex alcadesa de Lima abrió la Caja de Pandora. Desafortunadamente, no sólo se trata de errores sino de un posible problema delictivo que cuestiona toda su gestión y afecta a los que considerábamos era una opción para avanzar en el ordenamiento de nuestra caótica capital. Las concesiones de Línea Amarilla y Rutas de Lima están bajo la mira. No sólo comprometen su administración; sino que arrastran también al gobierno municipal anterior, al gobierno nacional y a futuros gobiernos. Se trata de un problema complejo con múltiples aristas y de difícil solución.

De partida habría que evaluar cómo fueron los procesos de concesión durante la gestión municipal de Castañeda y Villarán. ¿Fueron realmente competitivos?, ¿Hubo o no corrupción?, ¿Se tuvieron evaluaciones y análisis financiero serios (balance entre inversiones comprometidas y peajes)? Asimismo, previa a estas interrogantes tenían sentido económico-social que fueran autofinanciadas en lugar de co-financiadas con el apoyo del gobierno. ¿Se evaluó que ambas concesiones limitaban el derecho al libre tránsito en la Ciudad de Lima al no existir otras alternativas libres de pago? No hay que olvidar que estas se realizaron sobre infraestructuras existentes aportadas por la ciudad y financiadas a través de impuestos. ¿Alguien verificó la veracidad de las inversiones dizque realizadas por los concesionarios ya que tienden a sobrevaluarlas en el papel?

También habría que investigar si las renegociaciones de los contratos se asociaron a las aportaciones de campaña. La adenda de febrero del 2014 con Rutas de Lima, al parecer, fue más beneficiosa para el concesionario que para el concedente, extendiendo plazos y ajustes de tarifas. Otro tema pendiente de revisión son las autorizaciones realizadas durante la siguiente gestión posterior de Castañeda en 2016 en las cuales los propietarios iniciales de ambas concesiones vendieron sus participaciones a Vinci Highways (Línea Amarilla) y parcialmente a Brookfield (Rutas de Lima).

Hubo mucho dinero en juego. Vinci Highways pagó US$ 1,800 millones a cambio del flujo futuro de peajes y las inversiones realizadas por US$ 732 millones. Este monto total incluyó alrededor de US$ 500 millones de deuda. La inversión autofinanciada por OAS fue sólo de un poco más de US$ 200 millones. Vinci pagó casi 2.5 veces el valor de las inversiones totales realizadas. Por otra parte, en el caso de Rutas de Lima, Brookfield adquirió el 17% del capital de la empresa y el 57% de los derechos a voto con US$ 118 millones en efectivo y asumiendo deuda a través de una empresa afiliada por US$ 400 millones. Ambos fueron muy buenos negocios para OAS y Odebrecht respectivamente, pero malos para los habitantes de Lima que tendrían que pagar elevados peajes hasta los años 2046 y 2043. ¿Hubo corrupción en estas autorizaciones? Asimismo, con esos márgenes entre precios de adquisición e inversiones realizadas las empresas adquirientes actuaron de buena fe. ¿No era obvio que había ganancias extranormales en perjuicio de la sociedad? Las interrogantes siguen abiertas.

El gobierno nacional también tiene culpas en estos casos. Mantiene un marco regulatorio para las asociaciones público privadas (APP) lleno de vacíos, donde por ejemplo no existe un criterio cuantitativo y transparente (comparador público privado) para seleccionar entre una obra pública tradicional y una APP, entre otras omisiones. Difundió este instrumento sin la debida capacitación, pensando en que aligeraba funciones al Estado, cuando es todo lo contrario: se requiere mayores capacidades técnicas para supervisarlas. También es objetable de que las concesiones se puedan transferir, al parecer, fácilmente de un propietario a otro. No se debe olvidar, que estas se originan en concursos públicos donde se debe cumplir con un perfil y experiencia, capacidad técnica y económica determinada.

El gobierno nacional también es culpable en insistir en Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y capítulos de inversiones de los TLC obsoletos que llevan nuestros conflictos con los inversionistas internacionales de manera inmediata al CIADI. Desafortunadamente, en esta instancia la evaluación y decisión se circunscribe al análisis del contenido de los contratos. No hay referencia al interés público, los derechos humanos o a exigencias sobre responsabilidad social empresarial. El gobierno sigue ignorando las recomendaciones que sobre la materia ha establecido la UNCTAD. Tampoco aprendemos de la experiencia del Brasil que ha perfeccionado los TBI.

Ambas empresas corruptoras se deben seguir riendo de nosotros los peruanos. Se llevaron el dinero y nos dejaron un serio problema que perjudica a los habitantes de la ciudad. OAS en particular tuvo una ganancia de US$ 1,068 millones al transferir este negocio a Vinci Highways. Obviamente, con nuestra normatividad tributaria laxa también se dejaron de cobrar impuestos a las ganancias de capital de al menos US$ 300 millones. No podemos cruzarnos de brazos. Hay que aplicar nuestra máxima creatividad para resolverlos.