México: ¿transición agitada?

Hoy se cumplen los tres primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México. Se han producido cambios en las formas de hacer política, modificaciones en los contenidos a la par que se enfrentan problemas heredados de los gobiernos anteriores. El país camina algo agitado, pero sin convulsiones. Los catastrofistas se están quedando con los crespos hechos. Estos habían olvidado que tuvo un buen gobierno en la Ciudad de México donde realizó una gestión austera, enfrentó la corrupción, impulsó más programas sociales sin desequilibrar las finanzas públicas.

Es un político pragmático con algunas fijaciones, pero que reconoce errores. No es un estadista con un plan articulado para el país; hasta el momento ha sabido torear con las fuerzas internas de un extremo y del otro. También es meritorio su temporal pacto de no agresión con Trump. Equivocadamente algunos analistas desde el exterior lo califican de izquierdista, cuando nunca ha mencionado ideólogos del socialismo; sus referentes son Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas. Oppenheimer y sus amigos están errados; asimismo la postura respecto a Venezuela y la separación del Grupo de Lima responde claramente a la doctrina Juarista y Estrada de no intervención en asuntos internos de otros países.

AMLO inició el gobierno elevando el salario mínimo en 16.2% y una duplicación del mismo en la zona fronteriza norte. Ni la inflación, ni la competitividad se han dañado. Por el contrario, este ajuste se alinea con el nuevo acuerdo comercial con EE.UU. que todavía nos es aprobado por los Congresos de ambos países. A diferencia de este tema, la reducción de sueldos en el Estado mexicano generó reacciones institucionales negativas en el Banco de México y la Suprema Corte de Justicia e individuales de muchos funcionarios públicos. La medida no les gusta, pero se puede justificar. Posteriormente, la Suprema Corte decidió realizar algunos ajustes voluntarios. A la par anunció el fortalecimiento de Pemex, Compañía Federal de Electricidad, el tren Maya en el sur pobre del país y más recursos para programas sociales.

Otra medida polémica fue la suspensión de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México donde hubo una reacción negativa inicial, pero que se solucionó con la recompra de toda la deuda emitida al valor nominal de los bonos. Todavía falta la valoración y pago de los avances de la obra física. Era indudable que el presupuesto inicial del proyecto de US$ 13,000 millones era un exceso. Por último, a pesar de la muerte de 133 personas y el desabasto, logró enfrentar el robo de combustibles promovido por la corrupción interna en Pemex, el crimen organizado (Huachicoleros) y consecuencia de la fallida reforma energética del gobierno de Peña Nieto.