Diálogo social mutilado

Al cierre de 2018 nos sorprendieron con la publicación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Efectivamente desde julio pasado se presentaron los ejes principales que fueron sometidos a discusión y que comentamos a tiempo. La versión final es claramente superior a la anterior. Obviamente como todo documento tiene elementos positivos, también importantes carencias y aspectos negativos. Un capítulo nuevo es el de la sostenibilidad ambiental. Llamó la atención de que a pesar de que el gobierno a inicios de diciembre señaló que dialogaría toda la problemática laboral en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, la nueva titular del sector haya firmado el decreto supremo sin diálogo alguno. Ahora se está convocando tardíamente sobre un diagnóstico y propuestas implícitas discutibles.

Las mejores prácticas laborales internacionales incorporadas en la ISO 26000 sobre Responsabilidad Social (RSE) relievan la importancia del diálogo social entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Se plantean recomendaciones concretas a las empresas para que se analicen conjuntamente sus implicancias, se proporcione toda la información necesaria a los trabajadores y estas se deberían comprometer a abstenerse de alentar a los gobiernos a restringir el ejercicio de los derechos laborales. Ni el gobierno, ni el sector empresarial procedieron adecuadamente.

El capítulo laboral del PNCP comienza mal al soslayar la declaración de Filadelfia de la OIT de 1944 mediante la cual se señala que el trabajo no es una mercancía; que significa que los trabajadores no deberían ser tratados como un factor de producción ni estar sujetos a las mismas fuerzas de mercado que aplican a las mercancías. Repiten los falsos argumentos empresariales sobre las causas de que el 65% de los trabajadores tengan contratos temporales y solo 35% permanentes. Nunca se menciona el costo integrado de los sueldos y salarios sobre el PBI donde nos ubicamos por debajo de los estándares regionales e internacionales. No se señalan como atenuantes de los “costos del despido” las 9 modalidades de contratos temporales. Las 38 causales de despido individual por falta grave, los 18 supuestos de contratación temporal (despido anticipado) y los 10 para ceses colectivos, sin referirnos a otras normas específicas como la de exportación no tradicional (Javier Mujica, 2019).

La perspectiva general del PNCP es por el lado de la oferta como es tradicional en los economistas estándar. En realidad, hay que concebir que la competitividad y productividad también está influenciada por políticas por el lado de la demanda y los ingresos. La competitividad depende de factores meta, macro, meso y micro (Esser et al, 1996). ¿Dónde quedaron por ejemplo las políticas del lado macro? En el documento no hay mención alguna a la primera política industrial que es la política cambiaria (Rodrik); tampoco a la estructura de distribución del ingreso (participación de los sueldos y salarios en el PBI); o al volumen, composición nacional de la inversión privada o a la relación capital-producto. No se mencionan los significativos sobrecostos de seguir utilizando hidrocarburos líquidos en lugar de gas natural (alrededor de 2% del PBI) o la medición de los sobre costos financieros por los elevados márgenes de intermediación financiera que antes hemos comentado. No se evalúa la política comercial internacional a la luz de los acontecimientos recientes y a la contribución marginal cada vez menor de los TLC (Alarco, 2018), entre otros elementos. Seguimos en más de lo mismo.

Los trabajadores no rechazamos la competitividad y productividad, pero esta debe garantizar la mejora del bienestar de la población, ya que esta no es un proceso automático. Se debe inscribir dentro de la lógica de la RSE y de valor compartido propuesta por M. Porter. No debe vulnerar acuerdos internacionales e inscribirse en una noción de ventajas competitivas dinámicas y de diversificación productiva. Hay que mirar al siglo XXI y no al XIX.