Lobbies en acción

Los operadores de los lotes petroleros, especialmente de la costa norte, están preocupados. El proyecto de Ley de Hidrocarburos que está en el Congreso puede caerse. Hasta el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha objetado con el argumento de que su implantación erosionaría las finanzas públicas. Tanto las empresas como el decano de la prensa nacional están moviendo el tema y publicitando un plan alternativo desde PerúPetro para que se favorezca a cada uno de los operadores actuales. No informan que su empresa vinculada, Graña y Montero Petrolera, tiene los lotes III y IV en el Nor-Oeste. ¿No existe un conflicto de interés entre la función informativa y los negocios de la familia?

Hay que reconocer que efectivamente las regalías de los lotes petroleros de la costa norte fluctuaron en agosto de 2018 entre 19.8% y 50.9% del valor de la producción. Sin embargo, hay que recordar que estos se entregaron con reservas probadas y operativos desde los años noventa cuando se comenzó a desmembrar Petroperú. Los niveles de regalías son claramente inferiores cuando se trata de lotes sin producción previa y se tienen que realizar inversiones en exploración. Muchos olvidan que la iniciativa de la ley de hidrocarburos se gestó en 2016 cuando los precios del petróleo estaban alrededor de los US$ 40 por barril; ahora los marcadores están entre US$ 70 y 80 por barril.

El proyecto de Ley parece tener varios nombres propios ya que con el argumento de promover más inversiones y producción se extendería el plazo adicional de los contratos actuales en 20 años y otros extras. Asimismo, se dispone la renegociación a la baja de las regalías a partir de la tercera disposición complementaria final. ¿Por qué habrían de invertir más si algunos operadores tuvieron casi tres décadas para hacerlo y no lo hicieron?, ¿por qué no licitar los lotes en la fecha de vencimiento de los contratos?

El Congreso debe desechar esta iniciativa que perjudica al país. Hay que formular una propuesta desde una perspectiva del interés público y no para favorecer intereses particulares. Desde años atrás muchos hemos planteado la necesidad de establecer un plan energético de largo plazo que defina la matriz energética acorde a nuestros recursos y necesidades. Es imprescindible que se incorpore la noción de seguridad energética que consiste en satisfacer la demanda de energía con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados en el presente y futuro. Basta ya de priorizar la exportación de gas natural mientras no se intensifica su uso internamente (se pierde entre 1.4% y 2.3% del PBI). Hay que aprovechar las ventajas comparativas y competitivas dinámicas de nuestros recursos. Se debe colocar a la energía al servicio de nuestros ciudadanos y el aparato productivo.