¿Promover APPs nuevamente?

Aunque la inversión privada no es el único elemento para promover el crecimiento económico, es central considerarla. Es imprescindible que los empresarios entiendan que también se debe actuar simultáneamente a través de los otros componentes de la demanda y oferta. Históricamente, como máximo, en la década de los noventa llegó a explicar el 31% del crecimiento. El tema es complejo, ya que a la par de la necesidad de elevarla, su vehículo clave las asociaciones públicas privadas (APPs) han sido involucradas en innumerables actos de corrupción. Aquí algunas propuestas para que la ciudadanía recupere la confianza en este instrumento que bien diseñado, implantado y controlado puede ser útil a todos.

De partida hay que reconocer que enfrentar la corrupción requiere una perspectiva sistémica. Lo primero es reforzar los valores individuales y sociales a través de la familia, educación formal y los medios de comunicación. El compromiso de las empresas, ciudadanos, organizaciones de la Sociedad Civil es clave. Hay que atacarla considerando elementos políticos, económicos y jurídicos-institucionales.

Una primera idea concreta que se debe incorporar en la cabeza de todos es que más APPs requiere como contrapartida un Estado eficaz, eficiente, estructurado, honesto y con recursos fiscales suficientes. No débil, ni marginal. En segundo lugar hay que potenciar el rol del planeamiento estratégico (y del Ceplan) con palabras clave: necesidades, brechas, priorización, selección de tecnologías apropiadas y alineamiento con las señales de mercado. Tercero, el gobierno y los promotores deben olvidar proyectos insólitos y problemáticos que generan problemas sociales como los peajes de Fauccett-Aeropuerto, Puente Piedra, Javier Prado, entre otros. En Chile y Colombia se habla de la tercera o cuarta generación de contratos. ¿Dónde están registrados, internalizados y corregidos los errores producidos en las APPs previas de aeropuertos, carreteras y puertos? La lista es larga.

Es imprescindible que Indecopi participe en los procesos asegurando que los postores y el ganador no afecten las condiciones de competencia. No pueden promoverse proyectos sin los estudios técnicos, económicos y financieros detallados para evitar adendas, suspensiones, cancelaciones y sobrecostos. Se debe descartar los criterios subjetivos actuales de elegibilidad de los proyectos sustituyéndolo por un comparador público privado objetivo y cuantitativo. Establecer la obligatoriedad de evaluar los proyectos cada cierto tiempo con indicadores clave y medir adecuadamente sus pasivos. Por último, debe primar la transparencia absoluta en el proceso previo al concurso, durante, el desarrollo y la operación de los proyectos. El actual registro nacional de contratos es insuficiente.