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Impactos económicos de Airbnb y Uber

El abogado A. Bullard continúa su campaña a favor de la desregulación económica en el decano de la prensa nacional. El sábado pasado señaló todas las ventajas de los servicios públicos totalmente desregulados como Airbnb (alojamiento y pasajes), Uber y Cabify (taxi). Ubicó sus ventajas tanto en los menores precios a favor de los consumidores respecto de las otras opciones reguladas así como que estos sistemas demuestran que el “mercado de la confianza” no está únicamente en manos del Estado. Se olvidó de los ingresos generados a favor de los prestadores de servicios. Tampoco mencionó elemento negativo alguno de estas opciones para los consumidores y la sociedad.

Estos servicios no son la panacea. En nuestra memoria reciente registramos robos, denuncia de violación, accidentes de tránsito serios y mala atención a cargo de algunos taxistas desregulados. Por otra parte, si bien estos sistemas retiran (en teoría) a los malos prestadores luego de una denuncia, se trata de mecanismos que suceden luego de ocurrido el evento en perjuicio del usuario. En los sistemas regulados hay una evaluación previa del prestador, hay requisitos técnicos y operativos, existen obligaciones para atender al usuario en caso de un siniestro (seguros) y la magnitud de la sanción no sólo se limita a la expulsión. El castigo es mayor. Cuando una oficina del Estado (directa o indirectamente) otorga estrellas a los hoteles el usuario conoce ex ante los servicios que debería recibir. En los servicios desregulados los conoce realmente ex post.

Desafortunadamente, todos los servicios con base al uso del internet conducen a la reducción de ingresos del Estado en perjuicio de todos. Esta es una preocupación a nivel internacional. La proliferación de estos reduce la presión tributaria en circunstancias en que las necesidades y costos de los gobiernos crecen. ¿De dónde van a salir los recursos para los servicios tradicionales, inversión pública y función redistributiva del Estado? Asimismo, en el futuro esta situación se agravaría cuando, por ejemplo, la robotización elimine el 57% de los empleos en las economías de la OCDE al 2035 (Oxford-Citibank, 2016) obligando a implantar sistemas de pensión universal que ya se discuten en las economías avanzadas (Bregman, 2017).

Todos olvidan que los propietarios de viviendas y choferes de las actividades desreguladas tampoco van a pagar contribuciones sociales. ¿Quién va a aportar al seguro social y a los fondos de pensiones? En realidad el mundo de los Airbnb, Uber y similares elevan la informalidad y precarizan a la sociedad. Tampoco se evalúan los impactos de convertir viviendas de alquiler en turísticas desplazando a los pobladores tradicionales de los centros urbanos y afectando a los que se queden allí (mayores movimientos y ruidos). Efectivamente, liberan ingresos de los consumidores (generalmente de ingresos medios) para otros usos, pero nada garantiza que en el mundo real se reciban mejores servicios y se beneficie a todos. Para que esto ocurra también hay que suponer que la economía funciona en competencia perfecta, no hay barreras a la entrada y responde a los incentivos, sin que estos generen beneficios extraordinarios para los dueños de los activos.

 

 

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