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Las recientes operaciones de fusiones y adquisiciones (F&A) en la cadenas de farmacias y de gasolineras han llamado la atención de importantes sectores ciudadanos. Se trata de un tema delicado que puede afectar a los consumidores y al bienestar de toda la sociedad. Hay varias iniciativas legislativas para la regulación previa de F&A en el Congreso de la República, pero es claro que los diversos poderes económicos y mediáticos harán todo lo posible para evitar que se concreten.

Todas las iniciativas tienen elementos favorables pero también otros cuestionables que hemos comentado en columnas previas. Tanto la discusión como las presiones pueden prolongar en demasía la concreción de esta norma, razón por la cual se propone una moratoria de F&A en sectores sensibles. Hay que evitar que se produzcan más operaciones sin regulación alguna. Esta moratoria también puede ser útil para definir criterios para la regulación previa posterior.

Se propone una moratoria de al menos cinco años. La lista de sectores sensibles debería incluir aquellos que podrían tener mayor impacto en la canasta de bienes de consumo de las familias, sectores donde los indicadores de concentración son elevados y donde se han producido casos de abuso de posición de dominio. Esta comprendería la elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de papel y productos de papel, refinación de petróleo y derivados, fabricación de productos químicos, farmacéuticos y productos medicinales, productos de caucho, minerales no metálicos (vidrio y cemento especialmente), suministro de electricidad, gas y agua, transporte por vía acuática, aérea y terrestre, telecomunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades de enseñanza y de atención de la salud humana. Otras actividades dentro del sector comercio serían las cadenas de supermercados, gasolineras, farmacias y centros comerciales.

Impedir todas las operaciones de F&A en estos sectores sería irracional. Se propone, si lo desean las empresas, acuerdos caso por caso con Indecopi para concretar estas operaciones mediante procedimientos transparentes que incorporen la consulta pública. Estos acuerdos de largo plazo podrían incluir topes en los ajustes de los precios de bienes y servicios ajustados por productividad, metas en cuanto a la calidad, montos asignados a los gastos de investigación y desarrollo, compromisos de comportamiento en relación a los trabajadores, proveedores y los otros competidores, entre otros. Asimismo, habría que establecer un procedimiento similar a partir de un umbral específico (valor de la operación) en el caso de los otros sectores económicos no comprendidos en la lista anterior. Hay que evitar que economía se siga concentrando sin beneficio alguno para la Sociedad.

 

 

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