¿Economía de contactos o libre mercado?

Cada vez son más las voces que señalan que el Estado debería intervenir más en la economía. No solo ante la crisis que vivimos, sino de manera permanente. Las crisis siempre generan presiones hacia una estrategia distinta. En este caso, el punto central de las críticas está relacionado con el libre mercado. Todas tienen en común un elemento: las culpables son las grandes empresas a quienes no les afecta nada y además son corruptas. Recordemos 2020. En un inicio se culpó a las AFP’s, luego siguieron los colegios, los bancos, las farmacias, las clínicas, etc. Poco a poco se va llegando al consenso que el sector privado es el culpable de todos los males del país. Entonces, la respuesta es el Estado.

Primero, aclaremos los términos. Muchos sostienen que Perú tiene un modelo de mercado. Sostengo que tiene algunos elementos que constituyen una economía social de mercado, pero no todos. Ni siquiera estoy seguro si tiene un modelo. Los casos de corrupción que se han destapado en los últimos tiempos, tanto en el sector privado como en el público, muestran algo: para lograr algo en nuestro país, necesitas tener contactos con funcionarios públicos de distintos niveles. Digamos que quiero hacer una carretera y postulo a un concurso público. Si estoy conectado con quien decide, gano la licitación, pero a cambio de favores futuros. Necesito una licencia para poner un negocio. Tengo que conversar con las personas encargadas que casi parece que nos hicieran un favor. Eso no es libre mercado; es mercantilismo, corrupción e incapacidad. No generalizo, pues conozco funcionarios honestos, pero son la minoría.

El mercantilismo, estrategia por la cual se logran objetivos no por méritos, sino por conexiones con el poder, es opuesto al libre mercado. Y esa es una conducta típica en el Perú que se debe desterrar. El libre mercado se basa en decisiones individuales en igualdad de condiciones y en un Estado que provea los servicios básicos justamente para lograrla. Se llama liberalismo no libertarianismo. En nuestro país los ganadores son quienes tienen contactos en el Poder Judicial o cualquier ente público que tome decisiones, por lo que se convierte en una apuesta sin riesgo. Y esa corrupción no es gratis, sino a cambio de desvío de recursos que perjudica al país. Miremos el caso de Odebrecht. Detesto ese tipo de comportamiento.

Segundo, en la medida que los mercantilistas logran más objetivos que aquellos que no tienen sus conexiones, la riqueza se concentra en unos pocos. La desigualdad de ingresos se deteriora. Y la convulsión social aumenta. Una de los principales objetivos que algún gobierno tiene que enfrentar es la eliminación de la corrupción y la economía de favores. El mercado no puede funcionar así. Sin embargo, se le culpa y más allá de la posición ideológica de cada uno, es un error. Sin reglas claras e iguales para todos, no hay mercado que opere ni un Estado que redistribuya los beneficios del mercado. El problema es institucional. Así de simple.

Tercero, toda economía que funcione usa al mercado y al Estado, a ambos. Miren el extremo de Venezuela o de Corea del Norte. No funcionan. Requerimos que el Estado y el mercado funcionen. Una pregunta simple, en los últimos 50 años, ¿acaso han existido sistemas públicos de salud y educación que realmente hayan llegado a todos? No y eso no puede seguir así. Por eso está justificado que la gran mayoría no crea en los políticos.

Esto no quiere decir que el sector privado sea la panacea. También es fuente de corrupción. Y no se justifica. No debe ocurrir que una empresa, cualquiera sea su tamaño, tome la iniciativa de acercarse al Estado en busca de favores o privilegios. No puede ser que un congreso legisle, en apariencia para todos, pero cuando escarbamos un poco, encontramos que algunos de los parlamentarios que deciden, se ven favorecidos por esa misma ley que defienden porque supuestamente beneficia a todos.

Entiendo nuestra frustración como ciudadanos. Pero veamos que la raíz del problema no está en la estrategia económica pues esta se asienta en una realidad institucional, caracterizada por altos niveles de corrupción e incapacidad de gestión. La alta desigualdad de acceso a servicios básicos tampoco ha sido enfrentada. Pasar a más Estado no solucionará nada ni tampoco lo hará, quedarnos como estamos. O hacemos las reformas de salud, educación, pensiones y de acceso a servicios básicos para todos, o no habrá modelo que funcione.