Crisis europea: Una visión general
Desde 2010 Europa atraviesa por una crisis de deuda soberana, originada tanto en la situación existente pre-crisis, como en las políticas fiscales expansivas implementadas para afrontar las consecuencias recesivas de la primera crisis financiera internacional del siglo XXI.
En otras palabras, tuvo orígenes internos que fueron gatillados por la
crisis de los Estados Unidos. El problema fiscal en las economías
avanzadas tuvo cuatro causas: en primer lugar, las políticas fiscales
procíclicas durante el período de auge previo a la crisis financiera de
2007 (mayor gasto público aprovechando el crecimiento y los mayores
ingresos tributarios del período de auge). En segundo lugar, los costos
fiscales directos de los rescates de los sistemas financieros, debido a
burbujas inmobiliarias en varios países. En tercer lugar, la recesión
iniciada en el último trimestre de 2008, que redujo los ingresos
tributarios. En cuarto lugar, los programas de estímulo económico,
basados en mayor gasto público y menores impuestos. El financiamiento de la expansión fiscal provino de un aumento de la deuda pública externa.
Los países más vulnerables fueron Portugal, Italia, Grecia, España e
Irlanda, cinco miembros de la eurozona. 1 La pertenencia a la eurozona
implica aceptar el Stability and Growth Pact que establece los
denominados criterios de convergencia para ser parte de la Unión. En
primer lugar, la inflación anual de un país miembro no puede ser mayor
en 1.5 puntos porcentuales que el promedio de los tres países con menor
inflación; en segundo lugar, un déficit fiscal menor que 3% del PIB;
en tercer lugar, un nivel de deuda, como proporción del PIB menor que
60%. Al ser una unión monetaria y no fiscal, los países no tienen
política monetaria independiente, pues el Banco Central Europeo (BCE)
asume la responsabilidad. Los países no pueden devaluar (no tienen
moneda propia) y existe una cláusula que impide que el BCE acuda al
rescate como prestamista de última instancia (Tratado de Lisboa). El
resultado es que ante una crisis no tienen las herramientas que pueden
usar, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos. Los problemas de
deuda solo pueden enfrentarse con más deuda, crecimiento económico,
ajustes fiscales, moratoria o rescate atado a la corrección fiscal. 2
Sin embargo, hasta antes de 2007, el mercado asumía que un país miembro
de la eurozona cumpliría con los requerimientos del Pacto de
Estabilidad. Ser parte del acuerdo proporcionaba un sello de calidad y
por ende acceder a préstamos baratos del exterior, por igual a Alemania
y Grecia, por citar dos ejemplos.
Sin embargo caben algunas diferencias: mientras España e Irlanda
tuvieron un boom crediticio que llevó a una burbuja inmobiliaria,
Grecia y Portugal tuvieron un problema de déficit fiscal; es decir, en
España e Irlanda la crisis fue primero privada y luego pública al ser
cubierta por el gobierno, mientras que en Grecia y Portugal fue pública
desde un principio. Más aún, Grecia e Italia ya tenían problemas de
exceso de sobreendeudamiento público en el año 2000 de 103 y 109% del
PBI respectivamente.
En el año 2009 los déficit fiscales de algunos países de la eurozona
fueron los siguientes: 9.4% del PIB en Portugal, 7.5% en Francia, 11.2%
en España, 14.3% en Irlanda y 13.6% en Grecia, todos por encima del 3%
establecido como tope para ser admitido en la eurozona. Más aún, la
eurozona, en promedio mostró un déficit fiscal de 6.3% del PIB y una
deuda pública equivalente a 81.8% del PIB.
Grecia merece especial atención. Los mayores problemas de Grecia
fueron la falta de credibilidad y los déficit gemelos: el externo y el
fiscal. 3 La combinación de un nivel de deuda soberana equivalente a
115.1% del PIB, una brecha fiscal de 13.6% del PIB y una brecha externa
de 11.2% del PIB en 2009 era insostenible. Grecia era parte de la
eurozona desde el 01 de enero de 2001.
En el caso griego, los problemas fiscales fueron originados, además de
la crisis financiera como factor común, a dificultades propias del
país. En octubre de 2009 las elecciones generales griegas llevaron al
poder como primer ministro a George Papandreou, líder del Movimiento
Socialista Panhelénico. Unas semanas después anunció que el déficit
fiscal proyectado para 2009 ascendería a 12.7% del PIB, más del doble
que el 6.9% reportado por el gobierno anterior y del 3.7% del PIB
comprometido por Grecia ante la Comisión Europea a inicios de 2009. La
falta de credibilidad generó dudas sobre la capacidad real de repago de
la deuda y la sostenibilidad fiscal desde fines de 2009. El nerviosismo
de los mercados financieros se extendió a lo largo de los países de la
eurozona. El problema era la sostenibilidad de la deuda soberana y los
inversionistas dejaron de financiar al país.
En enero de 2010 Grecia implementó el Programa de Estabilización y
Crecimiento, con el objetivo de reducir el déficit fiscal a 3% del PIB
en 2012. Las medidas incluyeron un recorte del gasto público
(trabajadores, defensa y salud) y un aumento en la recaudación
tributaria en un país conocido por los altos niveles de evasión. Los
mercados financieros reaccionaron de manera negativa pues las metas no
eran creíbles y los papeles de deuda griega cada vez valían menos. Las
opciones eran un programa de rescate o una moratoria de la deuda.
En abril de 2010 optó por un ajuste fiscal a cambio de un programa de
rescate a través de un acuerdo con el FMI, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo (conocidos como la troika). El objetivo era
lograr un superávit fiscal de 6% en 2015. Desde el punto de vista
presupuestario, el programa con el FMI fue similar a los aplicados en
otros países emergentes durante las crisis de fines de la década de los
noventa, es decir, estuvo basado en recortes del gasto público e
incrementos de los ingresos fiscales. La variación del PIB solo sería
positiva en 2012. 4 El financiamiento del programa provino del FMI y de
préstamos bilaterales de los quince miembros restantes de la eurozona,
por un monto equivalente al 46% del PIB griego de 2010.
(% del PIB)
Sin embargo, el programa de asistencia a Grecia no evitó la corrida de
inversionistas de Portugal, España e Irlanda, a pesar de las medidas
de austeridad fiscal para evitar un posible contagio griego. El
problema fue la sostenibilidad social y política. Las alternativas al
ajuste fiscal eran la reestructuración de la deuda, la moratoria y una
salida de la eurozona y por ende el retorno al drachma, la moneda
nacional. En otras palabras, Grecia enfrentó una disyuntiva: el ajuste
fiscal y quedarse en la eurozona o devaluar, lo que implicaba salir de
la misma, opción que ponía en riesgo a toda la unión monetaria.
Las restricciones de Grecia, determinadas por su presencia en la
eurozona, crearon las condiciones de un eventual contagio a otros
países del mismo bloque con problemas de deuda. Irlanda, España y
Portugal aparecieron como candidatos. La Comisión Europea respondió a
través de la creación de la European Financial Stability Facility
(EFSF), financiado por recursos de otros países en agosto de 2010.
Apareció la figura del prestamista de última instancia para enfrentar
el problema de deudas soberanas, a pesar que estaba prohibido por los
mismos convenios constitutivos de la eurozona.
Grecia se encuentra aparentemente ante una disyuntiva: o mantiene los
programas de austeridad para recibir los fondos de rescate y pagar la
deuda u optan por dejarlos de lado, con lo cual no podrían pagar la
deuda y tendrían que salir de la eurozona. En la siguiente entrega
ahondaremos en estos temas.
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2. Las alternativas no son excluyentes. El rescate con corrección fiscal puede acompañarse de una reestructuración de la deuda.
3. En 2009 asumió un nuevo gobierno y el primer ministro, Georges Papandreou recibió un estimado de déficit fiscal para el año en cuestión de -3.7% del PIB; dos semanas después bordeaba -14% luego de diversas revisiones. La subestimación de cifras para cumplir con los criterios de convergencia de la eurozona generó un problema de credibilidad. En términos simples, Grecia falseó las cifras.
4. El ajuste implicó medidas impopulares, como la elevación en la edad de jubilación a 60 años, el aumento del impuesto al valor agregado de 21% a 23%, recortes en los salarios públicos, privatización de empresas públicas, etc.