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Economía aplicada Juan Mendoza Juan Mendoza

La adenda de Chinchero

La adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero es en extremo lesiva al interés público, y una de las peores negociaciones del Estado peruano con un consorcio privado. La adenda convierte un mal contrato en un atentado a las asociaciones público privadas (APP).

La adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero es en extremo lesiva al interés público, y una de las peores negociaciones del Estado peruano con un consorcio privado. La adenda convierte un mal contrato en un atentado a las asociaciones público privadas (APP).

El propósito de la APP de Chinchero era que el ganador de la licitación, Kuntur Wasi, construyera el aeropuerto a su cuenta y riesgo a cambio del usufructo de la concesión durante 40 años. En teoría, Chinchero debería haber sido una APP en que ganaban tanto el sector público como el concesionario. Ganaba el sector público porque el grueso del financiamiento, poco más del 71%, recaía en manos privadas, lo cual permitía construir el aeropuerto con menos recursos que como obra pública. Ganaba el concesionario porque tenía la concesión de un aeropuerto con flujo turístico poco menos que asegurado durante cuatro décadas.

Kuntur Wasi ganó la concesión en abril de 2014 ofreciendo $265 millones por la construcción del proyecto mientras que sus competidores ofertaron $348 y $411 millones. De acuerdo al contrato, el Estado debía pagar $265 millones a Kuntur Wasi más intereses. Se determinó pagar intereses pues los pagos se realizarían a partir del año sexto de la concesión, una vez que el aeropuerto ya estuviera concluido y en operación. Fíjese que en el contrato de concesión el Estado no le devolvía un centavo los $265 millones a Kuntur Wasi antes que el aeropuerto estuviera terminado.

El contrato era malo por dos razones. La primera era que no fijaba la tasa de interés que debía utilizarse para pagarle a Kuntur Wasi. La segunda es que no ponía un límite al tiempo que tenía Kuntur Wasi para conseguir financiamiento para el proyecto. Sin embargo, de acuerdo con el contrato, el Estado tenía absoluta libertad para aceptar o rechazar la propuesta financiera que realizara el concesionario. En otras palabras, a pesar de que el contrato no fijaba la tasa de interés, sí le daba al Estado toda la ventaja en la negociación de los términos del cierre financiero con el concesionario.

En julio del año pasado, Kuntur Wasi hizo una propuesta de cierre financiero que implicaba una tasa de interés superior al 22%. De acuerdo con su propuesta, Kuntur Wasi planteaba que el Estado les pagara $587 millones en intereses además de los $265 millones originales. En mi opinión, la propuesta de Kuntur Wasi era leonina e inaceptable. El Estado peruano puede endeudarse a una tasa de interés cercana al 7%. ¿Qué sentido tendría para el Estado pagar 22% de interés? En efecto, la propuesta de Kuntur Wasi fue rechazada en noviembre del 2016 por el MTC porque era perjudicial al interés público.

Lo más sensato, entonces, hubiera sido que Kuntur Wasi realizara una nueva propuesta financiera. A lo mejor 7% estaba fuera del alcance del consorcio, pero ciertamente lo razonable era que Kuntur Wasi pudiera encontrar financiamiento a menos de 10% pues tenía una concesión con ingresos cuasi asegurados.

Sin embargo, lejos de realizar una nueva propuesta financiera, Kuntur Wasi comenzó a negociar una adenda con el Estado peruano la cual se firmó en febrero pasado. La adenda de Chinchero es enormemente perjudicial al interés público por varias razones.

1. En primer lugar porque la adenda convierte al Estado en el banco de Kuntur Wasi a cambio de nada. En efecto, de acuerdo con la adenda Kuntur Wasi ya no tiene ni el riesgo ni la obligación de conseguir financiamiento porque el Estado le ira pagando conforme se avance la obra. Más aún, en la adenda se estipula que Kuntur Wasi recibirá un adelanto de $40 millones que no estaba contemplado en el contrato original. A pesar de estos claros beneficios para Kuntur Wasi, la adenda mantiene el plazo de 40 años de usufructo de la concesión.

2. Con la adenda, más del 80% del financiamiento del proyecto lo realiza el Estado. Así, la adenda poco menos que convierte a Chinchero en una obra pública, pues el grueso de los recursos para construir el aeropuerto salen del erario nacional. Además, a diferencia del contrato original, con la adenda Kuntur Wasi recupera sus $265 millones antes que el aeropuerto esté terminado. Uno se preguntaría, entonces, ¿para qué se necesita concesionar el aeropuerto a Kuntur Wasi si con la adenda gran parte de los riesgos financiero y constructivo recaen sobre el Estado? Considero que la adenda desfigura el carácter de APP del contrato original.

3. La adenda pone a Kuntur Wasi en una clara posición de ventaja de cara a cualquier disputa de arbitraje internacional. No hay duda que el contrato original era malo. Pero, en el contrato original, el Estado tenía la sartén por el mango pues tenía entera potestad para rechazar una propuesta financiera inconveniente. En cambio, con la adenda Kuntur Wasi tiene derechos y beneficios de los que no disfrutaba.

4. La adenda sienta un lamentable precedente para las APPs. La razón es que si hay un concesionario en problemas financieros en otra APP en el futuro, entonces se podría esperar que el Estado le saque las castañas del fuego como en el caso de Kuntur Wasi. Así, a lo que nos exponemos con la adenda es a que haya pedidos de adenda similares amparados por el precedente de Chinchero.

5. El fiasco de Chinchero hará harto difícil que el gobierno tenga éxito en destrabar otros proyectos paralizados. La razón es que en el caso de Chinchero ha actuado como si estuviera trabajando a favor del concesionario. Es probable, entonces, que mucho de lo que vaya a hacer el gobierno esté sujeto a enorme escrutinio público pues se ha generado desconfianza. Eso es bueno por supuesto por un lado. Pero, por otro lado, el enorme escrutinio va a demorar o hacer muy difícil el destrabar otros proyectos por el resquemor natural de los funcionarios públicos a ser criticados o denunciados.

6. La adenda es un torpedo para la institucionalidad de Ositran. Es inexplicable que los directores Dammert y Balbuena le hayan dado luz verde a la adenda en contra de todos los informes técnicos de Ositran. Es lamentable que Patricia Benavente haya tenido que renunciar a Ositran al no verse respaldada por Dammert y Balbuena. Muchos profesionales se preguntarán para qué hacer bien el trabajo, oponiéndose a adendas como la de Chinchero, si al final igual éstas se aprobaran por razones que nadie entiende.

7. En el plano político la adenda deja muy mal parado al gobierno. El gobierno destrabador no parece ser capaz de destrabar. La controversia pública sobre la adenda ha forzado la renuncia del vicepresidente Vizcarra a la cartera del MTC. ¿Por qué, si el gobierno estaba tan convencido de las bondades de la adenda, puso el futuro de Chinchero en manos de la Contraloría? ¿Por qué, luego del informe negativo de la Contraloría sobre Chinchero, el gobierno se ha dedicado a atacar a la Contraloría? ¿Qué quiere hacer el gobierno con Chinchero finalmente? ¿Dejar de lado la adenda como lo anunció Martín Vizcarra en su último acto como ministro? ¿Volver a negociar con Kuntur Wasi? Ojalá que en los días venideros se aclaré la estrategia gubernamental.

8. El incierto futuro de la adenda significa, en términos prácticos, que el Cusco seguirá esperando por su nuevo aeropuerto por un tiempo indeterminado.

Lima, 31 de mayo de 2017.

 

 

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