Hacia una política de inversión minera (por Juan Mendoza)

Publicado en Gestión, Bajo la Lupa, 3 de Octubre de 2014

El Perú está excepcionalmente dotado de recursos minerales: Tiene las mayores reservas mundiales de plata, las segundas de cobre, y se encuentra entre los cinco países con mayores reservas de zinc y oro. Asimismo, el sector ha mostrado un extraordinario dinamismo en los últimos años reflejado en un crecimiento anual de aproximadamente 24% de las exportaciones mineras entre el 2001 y el 2011.

El crecimiento de la minería ha sido consecuencia de las inversiones realizadas a partir de 1990 y de las elevadas cotizaciones de los metales. Así, por ejemplo, las cotizaciones del cobre y del oro de los últimos cinco años son más de dos veces el promedio desde 1960. Sin embargo, las cotizaciones de los metales no sólo han dejado de crecer sino que se han contraído en más de 10% durante el último año y medio. Y, peor aún, las perspectivas de mediano plazo no son halagüeñas. De acuerdo a un reporte reciente del FMI las cotizaciones se mantendrán constantes en lo que queda de la década y ello recortará la tasa de crecimiento del PBI en dos puntos porcentuales.

¿Cómo podemos hacer entonces para estimular la inversión minera en un contexto de precios internacionales constantes o declinantes? Hay tres políticas concretas que nos podrían ayudar a evitar la contracción del sector minero y mantener su impacto macroeconómico. Recordemos que, entre el 2009 y el 2013, los tributos de la minería han representado el 25% del impuesto a la renta y el 13% del total de los ingresos tributarios.

La primera política sería aplicar el silencio administrativo positivo en los estudios de impacto ambiental, tanto de exploración como de explotación, así como en los planes de cierre de minas. Hay demoras notables en el cumplimiento de los plazos de revisión de los estudios ambientales por parte del Estado. Estas demoras han contribuido al aletargamiento de la inversión minera desde el 2011. No hay justificación para que los períodos de aprobación demoren más allá de lo que manda la ley, en especial cuando la minería es un contribuyente fiscal puntual y significativo. Así, se debería reformar los reglamentos ambientales para que las aprobaciones sean automáticas si, al cumplirse el plazo estipulado, no hay respuesta por parte del Estado.

La segunda política es que el Estado peruano respete sus propias disposiciones. Hay una serie de proyectos mineros de envergadura paralizados desde el 2011 debido a que el propio Estado ha dado marcha atrás en el proceso de aprobación de los estudios ambientales. El total de la inversión que no se ha realizado en estos proyectos asciende a 10,750 millones de dólares. De haberse realizado estas inversiones hubiesen contribuido entre 1.2 y 1.5 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PBI durante el 2013 y el 2014, y nos hubiesen permitido incrementar las exportaciones mineras en cerca de 5,000 millones de dólares en el 2015. El Estado no puede seguir perdiendo credibilidad al ceder al chantaje de grupos de presión regionales y a la posibilidad de disputas internacionales con inversionistas extranjeros como en el caso de la paralización de Santa Ana en Puno.

La tercera política es la revisión de la ley del canon minero. La actual normativa es un fracaso no debido a la dificultad en recaudar los recursos sino por la manifiesta ineficiencia e incapacidad de los gobiernos locales y regionales en gastar los recursos. Más aun, esta incapacidad contribuye a que se genere oposición a la actividad minera pues muchos habitantes que viven en regiones en que se desarrollan proyectos mineros no perciben beneficios tangibles de estos proyectos. Se podría, por ejemplo, eliminar el tope al crédito fiscal que las empresas pueden generar en el programa de obras por impuestos. Asimismo, se debería permitir que la provisión directa de servicios educativos y de salud por parte de las empresas mineras también sea fuente de crédito fiscal con cargo al impuesto a la renta. ¿Por qué no permitir que las empresas sean proveedoras de los servicios públicos que el Estado es incapaz de proveer?

Está en nuestras manos explotar la excepcional riqueza mineral con que nos ha dotado la naturaleza.