Los Señores Feudales

Llega un ejército de inspectores municipales a una empresa de transporte de carga ubicada en el distrito de Ate, Lima. Obviamente, se trata de una empresa formal con licencia municipal que, además, cuenta con otra licencia para operar un taller de mecánica para el mantenimiento de sus camiones. Pero como la consigna era cerrar la empresa, los inspectores “descubrieron” que en la zona del taller se guardaban los repuestos que debían ser utilizados para la reparación de los camiones y a los ingeniosos inspectores se les ocurrió preguntar por la “licencia” para almacenar esos repuestos.  Entonces, como carecía de esa “licencia”, clausuraron sus instalaciones. En unos minutos se paralizó toda una empresa dedicada al transporte de carga. Bajo la famosa frase del gran Cantinflas: “ahí está el detalle”, no importa lo que hagas; siempre encontrarán cualquier pretexto para clausurar una empresa. A eso se dedica ahora el alcalde de Ate. A cerrar empresas, comercios, centros comerciales y todo lo que se le parezca.

Como diría el Chapulín Colorado: “¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme?” Nadie. Las empresas afectadas prefieren pagar las multas y dedicarse intensamente a “subsanar” las “deficiencias” detectadas por los inspectores municipales para abrir prontamente sus negocios cerrados. Uno se preguntará por qué no recurren al Poder Judicial, impugnan las multas y llevan su reclamo ante un juez. Suena bien, ¿no? Pero las respuestas judiciales no llegan pronto, tardan años, y muchas veces es frustrante ver cómo esas decisiones solo sirven para protocolizar la arbitrariedad.

Entonces el mensaje es claro: no hay sanción eficaz ante la arbitrariedad. Cuando llega la decisión judicial, el alcalde infractor ya no está en el cargo, y, si se condena a la municipalidad al pago de alguna indemnización, ésta jamás se paga. ¿Cómo así? Porque la ley protege a cualquier entidad pública deudora y morosa. Si le ganas un “juicio” (proceso) a cualquier entidad estatal, no están en la obligación de pagar de inmediato. Te dicen “siéntate y espera”, porque la ley me protege y puedo pagarte de acuerdo con el presupuesto que se determine para el siguiente año. Lo peor de todo, te pueden pagar en cómodas cuotas “claeistas” (para los jóvenes: CLAE fue una financiera informal que estafó a miles de personas y prometió devolver en cuotas los depósitos), para que tus siguientes generaciones sigan reclamando.

Hace unos días, el BCR actualizó el estimado de crecimiento de nuestro país en lo que se refiere al PBI para este 2023: de 2.6% a 2.2%. Es decir, nuestra economía casi no crecerá, y, encima, nos damos el lujo de perseguir a quienes dan empleo formal y contribuyen al PBI de nuestro país. Pese a que la izquierda sigue pregonando el cambio de la “neoliberal” Constitución, ésta, en los hechos, no funciona. Las garantías a la inversión privada que contiene poco sirven ante entidades públicas que no tienen el menor respeto a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la inversión empresarial. Desde los municipios y gobiernos regionales se ejecutan políticas propias de un Estado controlista e interventor. Los gobernadores y alcaldes actúan como auténticos señores feudales. Son incapaces de administrar su presupuesto con eficiencia, en beneficio de su comunidad, y se dedican a lo más fácil: salir a perseguir a quienes aún invierten en nuestro país.

Recordemos cómo, por ejemplo, el entonces alcalde de La Molina, en plena pandemia, aisló su distrito impidiendo el ingreso o salida al establecer verdaderas tranqueras en todas las vías de acceso, como si estuviéramos en la serie apocalíptica “The last of us”. O, en la actualidad, el alcalde de Miraflores persiguiendo en los parques públicos a las personas que hacen ejercicio con algún entrenador.

¿Qué hacer? Primero, hay que reconocer que la descentralización realizada ha sido un completo fracaso. Debemos repensar la regionalización. En segundo lugar, revisar las competencias de los alcaldes y limitar razonablemente determinadas facultades como la de cerrar negocios o empresas por cualquier razón a solo criterio del fiscalizador municipal. Hay una iniciativa legislativa sobre esto último, esperemos que prospere pronto.