El Fin de la Responsabilidad Limitada: ¿Una Amenaza para la Inversión en el Perú?

El Proyecto de Ley N° 9448/2024-CR propone regular el levantamiento del velo societario con el objetivo de responsabilizar a los socios de una empresa cuando esta se utilice para cometer actos ilícitos como fraude, corrupción, conflicto de intereses, entre otros. Esta iniciativa, presentada bajo la premisa de fortalecer la lucha contra la corrupción, plantea serios cuestionamientos en términos de seguridad jurídica, derechos de los accionistas e impacto en la inversión privada.

Uno de los pilares fundamentales del derecho societario es la autonomía de la personalidad jurídica de las empresas. Este principio permite que los accionistas no sean responsables por las obligaciones de la empresa más allá del capital invertido. Sin embargo, el proyecto de ley introduce una regla de levantamiento del velo societario de manera generalizada y sin atender a los principios que históricamente han justificado su aplicación, como el abuso de la personalidad jurídica o la simulación fraudulenta.

El levantamiento del velo societario ha sido reconocido en la doctrina y la jurisprudencia como una herramienta excepcional para evitar el fraude o el abuso del derecho. Se justifica cuando los accionistas crean estructuras societarias para eludir responsabilidades legales o perjudicar a terceros. No obstante, su aplicación debe ser prudente y basada en pruebas concretas de abuso, no en presunciones genéricas de fraude.

Un aspecto problemático del proyecto de ley es la imputación de responsabilidad solidaria e ilimitada a los socios de una empresa sin distinguir entre quienes participan en la gestión y quienes son meros inversionistas. En una sociedad anónima, muchos accionistas adquieren participaciones con fines de inversión sin involucrarse en la administración. Si estos accionistas pasivos son responsabilizados por actos en los que no tuvieron participación, se generaría un desincentivo a la inversión privada, debilitando el mercado de capitales y afectando el desarrollo económico del país.

El principio de responsabilidad limitada es un incentivo clave para la inversión. En la doctrina internacional, se reconoce que la previsibilidad de los riesgos es un factor determinante para la toma de decisiones económicas. La propuesta de atribuir responsabilidad ilimitada a los accionistas en casos de corrupción y otros ilícitos generaría incertidumbre jurídica, lo que podría traducirse en una menor atracción de inversión extranjera y local.

En el derecho comparado, los sistemas jurídicos han establecido criterios específicos para la aplicación del levantamiento del velo societario. En Estados Unidos, por ejemplo, la jurisprudencia ha determinado que esta figura solo procede cuando se demuestra que la sociedad es un mero “alter ego” de los accionistas y que se ha utilizado con propósitos fraudulentos. En el Reino Unido, se sigue un criterio similar, limitando la responsabilidad de los accionistas salvo en casos de fraude manifiesto. En contraste, el proyecto de ley peruano pretende aplicar esta doctrina de forma amplia, sin requerir una demostración clara de fraude o abuso.

Desde una perspectiva penal, la propuesta también presenta serios inconvenientes. Tradicionalmente, la responsabilidad penal es personal y solo puede atribuirse a quienes han participado en la comisión de un delito. Con la evolución de la teoría de la responsabilidad penal de las empresas, algunos ordenamientos han reconocido la posibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas. Sin embargo, en ningún caso se ha extendido esta responsabilidad a los accionistas de forma automática.

A nivel jurisprudencial, la Corte Suprema del Perú ha desarrollado criterios para la aplicación del levantamiento del velo societario, estableciendo que solo es procedente cuando se acredita el uso fraudulento de la sociedad. En la sentencia del 5 de marzo de 2013 (Expediente N° 451-2009), se reconoció que esta figura no implica un desconocimiento de la personalidad jurídica, sino una excepción para evitar el abuso del derecho.

Finalmente, consideramos que, aunque es fundamental fortalecer los mecanismos para combatir la corrupción y otros actos ilícitos en el ámbito empresarial, las medidas propuestas deben equilibrarse con la necesidad de mantener un entorno propicio para la inversión y respetar los principios básicos del derecho societario y penal. La aplicación del levantamiento del velo societario debe ser excepcional, basada en evidencia clara de abuso, y no una regla general que pueda generar inseguridad jurídica y desincentivar la participación de inversores en el mercado.