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Cyberlaw Abel Revoredo

NUEVAS BARRERAS A LAS TELECOMUNICACIONES

El jueves 12 de julio, mediante Resolución Ministerial No 520-2018 MTC/01.03 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la publicación de un proyecto de Decreto Supremo que busca modificar el procedimiento para la construcción de torres celulares. Básicamente el objetivo es cambiar la “aprobación automática con revisión ex-post” existente por una “aprobación previa con silencio administrativo positivo”. Ambas en manos de las municipalidades.

Esta modificación se podía prever tras varios pronunciamientos de funcionarios del MTC en las últimas semanas y de un comunicado de dicha institución detallando que la autorización para instalar torres o antenas debía ser otorgada por cada municipio y no por ellos. 

¿Por qué se manifestó el MTC si la actual regulación ya dispone que la autoridad responsable  es el municipio? Pues, desde hace varias semanas se vienen difundiendo las quejas de algunos ciudadanos y representantes de municipios en contra de la instalación de antenas y torres. Estas quejas se sustentan en el supuesto daño a la salud que causarían las antenas,  algunas razones estéticas y en cuestiones medioambientales (que si están en cancha del MTC). 

Ahora bien, según un estudio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se requieren más de 17 mil antenas para que en 2021 se pueda atender la demanda de acceso a Internet y comunicaciones de la población. Si no se instalan las antenas, no se atiende a la demanda, es decir, miles de peruanos no podrán acceder a este servicio fundamental cuya mejora en muchas ocasiones reclamamos. 

El panorama internacional también nos demuestra que tenemos una importante brecha en infraestructura celular. En 2015, en Lima y Callao se registró un aproximado de 3 mil 583 antenas para más de 9 millones de personas. En Santiago de Chile, se contó más de 8 mil antenas para 7 millones de habitantes y en ciudades con un poco más de 8 millones de habitantes como Londres y Nueva York, existen entre 30 mil y 36 mil antenas. 

Por otro lado, existen estudios sobre la seguridad de las antenas que conviven con las personas en las zonas urbanizadas. La OMS ha indicado que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad no afecta en absoluto la salud de las personas. De hecho, el máximo nivel de radiación identificado no supera el 0.22%, siendo el límite el 1% de los niveles de radiación ionizante. 

Sin embargo, pese a que muchos países avanzados facilitan la construcción de infraestructura para las telecomunicaciones, aquí en Perú, se intenta proponer una nueva modificación de la Ley 30228 que actualmente dispone que la aprobación de la instalación de las antenas es automática mientras la empresa cumpla con todos los requisitos, facilitando el desarrollo de las redes de telecomunicaciones. 

Es decir, esta propuesta de modificación supone que retrocedamos más de 5 años y volvamos al modelo de aprobación previa que tanto problemas generó cuando estaba vigente; pues cada municipalidad establecía criterios independientes para la construcción de antenas en su territorio (1,800 municipalidades significaban 1,800 criterios) o simplemente la prohibían como sucedió en algunos distritos de Lima. 

Someter a aprobación previa la instalación de las antenas supone que los ciudadanos o autoridades distritales decidan acerca de un tema que requiere de mucho conocimiento técnico sin contar con información adecuada o usando información no científica; basada en percepciones; o, lo que es peor, intereses políticos. Por esa razón el gobierno anterior dictó una ley 

Esta nueva propuesta de modificación de la ley generaría más trabas burocráticas y debilitaría un sistema eficiente y así lo hizo notar OSIPTEL en la prensa y en las redes sociales. El mismo Presidente de OSIPTEL participó en diversos debates en redes sociales resaltando la necesidad de ampliar la cobertura celular y fomentar la construcción de infraestructura móvil.

Esperemos que prime la sensatez, se use información científica y se establezcan criterios técnicos, que no estén librados a la decisión unilateral de una persona, sujetos a una política nacional de expansión de infraestructura y a criterios únicos que permitan reducir la brecha que actualmente nos afecta. Esta responsabilidad le corresponde al MTC.

 

 

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