Dejemos que las autoridades investiguen

Esta frase, como otras similares, ya ha perdido seriedad en nuestro país. Sabemos cuánto tarda una investigación penal que, en la gran mayoría de los casos, termina perdiéndose en la sombra del olvido para -caleta no más- terminar archivada o con una pena venial a favor de algún funcionario con problemas.

Más allá de la indolencia que como país mostramos ante la urgencia de una correcta justicia, frases semejantes -en el contexto que vivimos- determinan una preocupante confusión de conceptos. Así, entonces un ministro investigado tiene la salida perfecta para mantenerse en el cargo porque lo protege la presunción de inocencia. Lo mismo ocurre con un congresista maltratador que infla el pecho señalando ser el primer interesado en que todo esto se esclarezca. El presidente de la República también, cómo no, alega -cual imputado criminal- tener a su favor el derecho a la duda.

Por supuesto, si el cargo de elección popular de más larga duración (llámese presidente o congresista) tiene un mandato de cinco años, sale a cuenta “patear” el asunto controvertido hasta que las autoridades se pronuncien finalmente. Un caso de corrupción, en el Perú, bien puede demorar más de cinco años. Luego entonces, y más aun tratándose del primer mandatario al que le suspenden los casos, nunca habrá responsables penales en ejercicio de este tipo de funciones. Una genuina palomillada que el mismo sistema facilita constantemente.

Esta manipulación de argumentos genera tranquilidad en todos los fiscalizadores, líderes de opinión y en el público en general que repite resignado, casi con cabeza gacha, “si pues no hay sentencia definitiva, habrá que esperar”. Esta tergiversación logra también que los iracundos defensores digan que la justicia no ha hablado y que por lo tanto todos son inocentes.

Y claro esto es cierto desde un estándar estrictamente legal. La misma Constitución señala que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, el abuso de la figura, ha determinado que perdamos de vista que los funcionarios del más alto nivel no pueden defenderse como un ciudadano cualquiera porque simplemente no lo son desde el momento que asumen representación popular. Es decir, tienes fuero, tienes chofer, tienes gollerías pagadas todos por nosotros ¿y quieres defenderte como cualquiera de nosotros?

La discusión que propongo va por otro plano un plano más elevado que el legal. Me refiero a ideas vinculadas a los valores, a la ética, a la moral, por qué no a la reputación y toma de consciencia. Desde ahí, resulta totalmente legítimo preguntarnos: ¿tenemos que esperar una sentencia para sostener una incapacidad moral como la que nos estalla en la cara todos los días? ¿tenemos que seguir esperando que la administración de justicia condene a alguien que no puede ser procesado?  ¿estamos esperando un vídeo o un audio directo que luego sea valorado como indicio razonable para recién poder darnos cuenta del nivel de corrupción en el que estamos? No, me resisto a seguir esperando.

Debemos elevar el nivel y no satisfacernos cuando nos limpian la boca con leguleyadas. Porque tan pillo es el que hace las raterías como “el que come callado”. En defecto de un presidente que no tiene consciencia de sus actos, de su moralidad, de su ética, ni de sus responsabilidades legales siquiera, otros debemos ser los encargados de evitar que caigamos más abajo. Los ciudadanos lo seremos cuando respetemos los valores más allá de la norma legal. Las demás autoridades lo serán cuando tengan la contundencia de poder mirar sin temores a los ojos de sus electores y poder decir: cumplí mi responsabilidad. El rol nuestro es entonces presionar y no claudicar.

Cumplan (cumplamos) con la responsabilidad.

                                                                                                              Lima, 24 de mayo de 2022

                                                                                                              Eduardo Herrera Velarde.