Un ingrediente para destrabar las inversiones

Uno de los retos que enfrenta el actual gobierno, al igual que le tocó a los anteriores, es encontrar la receta para destrabar las inversiones. En buen castellano, cómo lograr que los funcionarios ayuden a acelerar que los proyectos de infraestructura tengan viabilidad.

Primero hay que descartar los problemas que podrían ser centrales frente a la pregunta del millón. Es decir, se podría sostener a estas alturas que dinero hay, proyectos también e interesados en realizarlos de igual modo. Entonces ¿dónde está la traba que hay que destrabar, valga la redundancia? En mi modesto entender hay dos: 1) la carencia de equipos técnicos especializados que se ocupen en “dar pase” a los distintos proyectos y 2) el temor de los funcionarios públicos de actuar.

Un factor trascendental es contar con un sistema de prevención de delitos al interior de las entidades públicas, focalizado en brindar seguridad penal ex ante a aquellas personas que toman decisiones y las ejecutan.

Sí, una de las causas principales para la demora –y a veces parálisis– de los funcionarios públicos para tomar decisiones y ejecutarlas es el temor a las denuncias penales posteriores. Claro, y en esa atmósfera de temor muchas veces colaboran dos actores del sistema que, queriéndolo o sin querer, someten la gran mayoría de las acciones públicas a cuestionamientos: me refiero a la Contraloría y a la Fiscalía.

¿Cómo lograr entonces que esta situación no se produzca? No puedo pedir sensatamente que, ante indicios razonables, ni la Fiscalía ni la Contraloría operen. Pero ojo: dije indicios razonables y no ante cualquier denuncia.

Más allá de los defectos sistémicos que deberían ser abordados por la reforma postergada, es vital dar tranquilidad a los funcionarios y a toda la administración para que sus acciones correctas a fin de dar viabilidad a los proyectos de inversión no vayan a ser cuestionadas por “deporte”.

Aquí es donde interviene entonces el compliance. Tener un sistema de prevención de delitos al interior de las entidades públicas, focalizado en brindar seguridad penal ex ante a aquellas personas que toman decisiones y las ejecutan, será trascendental en ese sentido. Que cada funcionario público se asegure, en la cadena de responsabilidades, que la persona actuó correctamente y que él mismo no tiene nada que temer, es la lógica central de toda la propuesta. Una “bendición” penal antes de la ejecución. Esto se logra con una hoja de ruta específicamente diseñada para que el funcionario sepa qué puede –y qué no puede– hacer. Un sistema que genere evidencias (documentos) para probar que se hizo todo transparentemente y en consecuencia no hay caso penal probable.

Desde luego esta no es la receta completa. Es solamente un pequeño ingrediente que puede echar a andar la pesada maquinaria estatal. Una “aceitada”, pero de las correctas.

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