El reto principal es evitar el populismo
Existe mucha expectativa de parte de los agentes económicos (familias, empresas, trabajadores) sobre lo que dirá el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, el próximo lunes 27 cuando acuda al congreso para pedir el voto de confianza, respecto del derrotero que seguirá la política económica para contrarrestar la desaceleración que muestra el crecimiento del PBI.
En realidad, ya no hay mucho que decir para el corto plazo. Los diagnósticos están claros y las proyecciones indican que este año la economía crecerá, en el mejor de los casos entre 3.5% y 4%, dependiendo básicamente de la performance de los sectores primarios que, sin mayor influencia de la política de gobierno, podrían elevar el PBI en uno o dos puntos porcentuales dependiendo de si factores externos, como el clima o los precios, ayudan a mejorar la actividad pesquera y la minería, ya que todo indica que los sectores ligados a la demanda interna continuarían desacelerando su crecimiento, en un contexto de deterioro de las expectativas y caída de la inversión privada, y de menor dinamismo del consumo.
Para que se configure un escenario de crecimiento de 4% o más, aparte de que este año tendría que ser mejor para la pesca y la minería, la inversión pública se tendría que incrementar sustancialmente, lo cual pasa principalmente porque se aceleren las inversiones en las regiones y municipios, variable que no controla el gobierno central. Pero, aún si la inversión pública creciera sustancialmente, la contribución no sería suficiente para contrarrestar la caída que viene sufriendo la inversión privada y la desaceleración del consumo.
Para el lago plazo sí hay mucho que decir porque la agenda es amplia en relación a todas aquellas reformas pendientes que tienen que ver básicamente con aumentar la productividad (mejoras en capital humano) y la competitividad, mejorar la institucionalidad (seguridad, poder judicial, autonomía de entidades públicas clave como los entes reguladores y de las empresas públicas), la infraestructura de servicios públicos, entre otros. Pero, en el mejor de los casos, y asumiendo que haya voluntad para ello, a un año y tres meses de la finalización de este gobierno, ya no queda tiempo sino para poner las bases de estas reformas.
Lograr levantar las expectativas empresariales y, con ello, iniciar el camino de la recuperación del crecimiento de la inversión privada ya sería un logro en lo que resta de este gobierno, pero tampoco será fácil. Juegan en contra el que estemos en un año preelectoral donde las señales del gobierno empiezan a tener menos peso que los anuncios de los candidatos con mayor opción y cuando, no pocos, ya van a esperar el resultado de la elección general y no tomarán decisiones de riesgo como iniciar o desarrollar inversiones.
Sin embargo, ambos (poner las bases de estas reformas pendientes y dar señales claras para levantar las expectativas) son acciones que el gobierno debería impulsar lo más posible para retomar cuanto antes un crecimiento económico alto y sostenido (e inclusivo) y permitir que el gobierno entrante inicie con una economía ascendente. El riesgo principal es que terminen primando los objetivos políticos en las elecciones generales venideras y que, en lugar de concentrar el esfuerzo y recursos en estas acciones, se enfaticen actividades y medidas de corte populista orientados a obtener resultados electorales favorables. La presentación del primer ministro en el Congreso será oportunidad para conocer mejor lo que se viene.