Minería ilegal: es tiempo de acabar con ella

La minería ilegal es una actividad atractiva en el Perú porque resulta ser muy rentable y, al mismo tiempo, porque el riesgo es bajo para aquellos que la practican. Esa alta rentabilidad proviene de los altos precios del oro, pero también de la explotación de la mano de obra que emplea: con salarios a comisión (porcentaje del oro que se extrae) que inducen a jornadas de trabajo mucho más largas que la jornada legal, sin ningún beneficio social (pensiones y salud).  Esta actividad incluso explota  a niños (menores de 15 años). Y, por supuesto, no paga impuestos.  

Entonces, buena parte del problema es la ausencia de fiscalización
laboral, tributaria e incluso de salud pública en esa actividad. Y es
eso lo primero que se debería rescatar, el imperio de la ley. Lo segundo
es afrontar la famosa ´problemática social´ que usualmente se invoca
para postergar las acciones a tomarse (o para retroceder en las medidas
tomadas). El argumento central de esta excusa es que hay miles de
trabajadores involucrados en la actividad ilegal, cuya supervivencia
depende de ella y, por lo tanto, las medidas deben ser graduales (ya
tenemos más de medio siglo con ese argumento).  

Lo que se debe hacer
es  liberar a esa gente de la explotación laboral a la que están
sometidos y simultáneamente aplicar programas públicos de reconversión
laboral intensiva y gratuita para que esos trabajadores puedan
reorientarse a otros rubros. Hay que darles toda la ayuda posible pero
también ser muy claros en no permitir esa actividad por ser un delito.

También
habría que crear desincentivos económicos para la minería ilegal. Por
ejemplo,  aplicar una alta penalidad económica a los inversionistas
mineros ilegales por invadir territorios no concesionados; un sistema de
retención del IGV  con una tasa alta para los intermediarios que
comercializan el oro que adquieren de la minería informal-ilegal, así
como una tasa del IR mucho más alta para dichos intermediarios.

Además,
se debería aumentar los años de prisión efectiva para los que cometan
este delito y aplicar el doble de la pena para los empleados y
funcionarios públicos, y los jueces que se coludan con los
inversionistas mineros ilegales. Es obvio el delito de defraudación
tributaria en que están incurriendo estos últimos y no requiere de mayor
investigación para procesarlos.

Se requiere, asimismo, cerrar
definitivamente la minería informal una vez que venza el plazo que se ha
dado para que los pequeños mineros artesanales se formalicen (abril del
2014). Y a partir de esa fecha toda minería no formal debe ser
tipificada como ilegal. No parece una buena señal prorrogar nuevamente
el plazo para la formalización, como ha insinuado el flamante primer
ministro, porque eso le quita autoridad y credibilidad al gobierno.