La Parada: un esquema que prolifera

El telón de fondo del tortuoso traslado del mercado Mayorista # 1 (más conocido como ´La Parada´) hacia la nueva infraestructura ya construida en Santa Anita (que todavía no sabemos cómo terminará) es la existencia de todo un enjambre de economía informal (subterránea o como quiera llamarse) en su entorno (y dentro de La Parada misma) el cual sin duda resultaba un negocio muy rentable.

Dejando de lado todas las actividades ilegales que al parecer también
operaban al amparo de ese desorden y caos y el jugoso potencial negocio
inmobiliario que representa el espacio que ocupaba este mercado, el
esquema laboral principal que regía en La Parada para sus actividades
principales  (estibadores y carretilleros) y en parte también para las
actividades conexas (transacciones entre los comerciantes mayoristas y
los minoristas; trasporte interprovincial de carga) era el trabajo a
destajo (o por comisiones).

El asunto es que este esquema laboral no es ninguna novedad en el país;
también se aplica desde hace décadas en otras actividades informales, a
la vista y paciencia de las autoridades: en el transporte ´pirata´ de
pasajeros, urbano  e interprovincial; en la minería informal-ilegal; en
todos aquellos ambulantes que se suben a los ómnibus para ofrecer un
sinfín de productos, muchos de ellos producidos formalmente. Ni qué
decir de los ´jaladores´ de clientes que están en las puertas de
diversos establecimientos y centros comerciales.  En todos estos casos
esos trabajadores no tienen ningún tipo de contrato  laboral, ganan sólo
comisiones y no cuentan con ningún beneficio laboral, ni social, lo
cual ensancha las ganancias de sus empleadores; ganancias que, por otro
lado, no sabemos si son declaradas en su totalidad y que paguen todos
los impuestos que debieran.

Es cierto que los llamados sobre costos laborales o tributarios que
enfrentan las empresas formales explica en parte la actividad informal,
sobre todo en aquellas actividades donde la productividad y la escala de
producción son muy bajas, pero la actividad informal también puede ser
(y es) un excelente pretexto para que algunos exploten la necesidad de
trabajo de aquellos que no tienen ninguna calificación y que se ven
obligados a aceptar condiciones infrahumanas de trabajo (incluso pueden
ser empujados a actividades ilegales) para sobrevivir.

El rol del Estado en  una economía de libre mercado y abierta como la
peruana (sobre todo cuando  se precia de levantar la bandera de la
inclusión social) debe apuntar principalmente a mejorar los niveles de
calificación y capacitación de los pobladores peruanos en edad de
trabajar.  Simultáneamente ya es tiempo que en lugar de seguir
persiguiendo a los informales en las calles, se apunte a los grandes
proveedores de éstos o a aquellos que los emplean y explotan, que son
los que se llevan la tajada del león.