El hogar seguro exige ciencia y decisiones públicas

Por: Mary Mollo Medina. Profesora e investigadora de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. Secretaria técnica de la Red GIRD-ACC de Perú y de América Latina y el Caribe

El 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, debe traducirse en decisiones que protejan vidas. El lema de Naciones Unidas para 2026, difundido por la UNDRR —«La resiliencia empieza en casa»—, nos interpela directamente: ninguna familia puede garantizar su seguridad si habita un territorio mal planificado, carece de servicios confiables o recibe alertas que no comprende. Desde la Red de Universidades comprometidas con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático (GIRD-ACC) de Perú y América Latina y el Caribe, convocamos a convertir esta conmemoración en compromisos verificables.

Las cifras peruanas muestran brechas que requieren intervención. Según el INEI, en 2024 el 10,1 % de los hogares presentaba déficit habitacional: el 12,9 % en áreas rurales y el 9,4 % en áreas urbanas.

El déficit cualitativo, asociado a la materialidad, el hacinamiento o los servicios básicos, alcanzaba el 8,0 % a nivel nacional y el 12,6 % en las áreas rurales. Estas proporciones no equivalen a hogares expuestos a desastres ni determinan cuántos necesitan reasentamiento. Revelan carencias que deben cruzarse con mapas de amenazas y evaluaciones técnicas para orientar inversiones.

El costo de postergar decisiones también está documentado. El MINAM recoge daños estimados de US$ 3.500 millones por el fenómeno de El Niño de 1997-1998, equivalentes al 6,2 % del producto bruto interno de 1998. Son valores históricos, no montos actualizados. Detrás de esas cifras hubo viviendas, infraestructura y producción afectadas. La interrupción del suministro de agua, de los servicios educativos y de la atención sanitaria prolonga los impactos y puede profundizar la pobreza mucho después de que termina la emergencia.

La gestión integral del riesgo y la adaptación climática deben orientar una misma política de desarrollo territorial. Necesitamos evitar nuevas exposiciones mediante la planificación y la construcción seguras; reducir las vulnerabilidades existentes con intervenciones técnicamente sustentadas; y asegurar la preparación, la respuesta y la recuperación.

Las amenazas climáticas exigen considerar inundaciones, sequías y calor, junto con los riesgos sísmicos. Una vivienda resistente sigue siendo vulnerable si pierde el acceso al agua, a un hospital o a una ruta de evacuación.

A cuatro años de 2030, el Marco de Sendai obliga a evaluar resultados. Su articulación con los ODS 6, 11 y 13, la agenda climática del Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana exige conectar la seguridad hídrica, la vivienda y la resiliencia. Para América Latina y el Caribe, esa coherencia debe expresarse en presupuestos, ordenamiento territorial y servicios que funcionen bajo condiciones adversas. El cumplimiento debe medirse en función de las personas protegidas y de la reducción de la vulnerabilidad.

Los gobiernos deben instalar mesas técnicas permanentes con universidades, instituciones científicas, empresas y comunidades. Cada territorio necesita prioridades respaldadas por evidencia, responsables definidos, financiamiento y plazos públicos. Corresponde proteger la infraestructura crítica, fiscalizar las ocupaciones y construcciones, mantener los drenajes y preparar alternativas de abastecimiento.

La academia debe asumir una responsabilidad más exigente: investigar para resolver problemas territoriales y entregar conocimiento antes de que se decida una inversión. Creemos que los laboratorios territoriales, como el de Lurigancho-Chosica, constituyen una propuesta que permite articular la ingeniería, la economía, la salud y las ciencias sociales, evaluar alternativas y acompañar su ejecución. Su contribución debe comprobarse en decisiones mejor informadas y soluciones útiles.

Los medios de comunicación son aliados indispensables. Su tarea incluye explicar qué amenaza existe, dónde y durante qué periodo, así como qué debe hacer la población; distinguir los pronósticos de las certezas y dar seguimiento al gasto preventivo. Una alerta efectiva requiere monitoreo, comunicación accesible y capacidad de actuar. Debemos verificar que llegue a los hogares rurales, a las personas mayores y a las personas con discapacidad, y que existan rutas seguras y apoyo para evacuar. Informar oportunamente puede salvar vidas.

El sector privado debe incorporar el riesgo en sus proyectos, transparentar las condiciones de seguridad y garantizar el mantenimiento de la infraestructura. Para ello, es necesario promover el trabajo articulado entre los distintos actores. Las comunidades deben participar en el diseño de soluciones. Reconocer sus conocimientos y necesidades permite construir intervenciones pertinentes, preservar los medios de vida y fortalecer la confianza pública.

Como Red, proponemos convertir el 13 de octubre en un compromiso público de colaboración entre ciencia, gobierno y sociedad. Cada acuerdo necesita una línea de base, metas y seguimiento ciudadano. Las familias requieren opciones seguras, no responsabilidades imposibles de cumplir. La resiliencia comienza en el hogar y se sostiene con instituciones capaces de anticiparse. El conocimiento disponible debe orientar hoy las decisiones que protegerán mañana a nuestras comunidades.