Inversión pública en educación social y mejora de la percepción del riesgo ante desastres en el Perú 2025

Por: Mary Mollo Medina. Profesora e investigadora de ESAN. Secretaria técnica nacional de la RiesGIRD-ACC/Perú (Universidades comprometidas con la gestión integral del riesgo de desastres y el cambio climático).

El Perú se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona con alta exposición a amenazas y peligros naturales y fenómenos de cambio climático. Por ello, durante los últimos años, el país ha destinado cada vez más recursos públicos a la reducción de estas vulnerabilidades mediante Programa Presupuestal (PP) 0068, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Sin embargo, estos esfuerzos todavía no son significativos.

La priorización de estas inversiones en educación comunitaria y mejora de la percepción del riesgo todavía es muy limitada. Este factor es fundamental para mejorar la resiliencia del Perú no solo a través de la prevención, sino también de su capacidad para responder a fenómenos como los acontecidos en días pasados, es decir, la amenaza de tsunami y los vientos extremos que se registraron en la costa peruana.

La asignación presupuestal del PP  068 para el 2025

El presupuesto institucional modificado (PIM) para el 2025 del PP 068 abarca un aproximado de S/3184 millones, lo que refleja un incremento frente a los S/2172 millones devengados en el 2024. Para ejecutar este programa, se propone articular acciones entre el Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y las municipalidades, aunque la capacidad de ejecución muestra importantes disparidades territoriales.

La distribución del presupuesto evidencia una mayor concentración en departamentos como Lima (S/1208 millones), Ica (S/437 millones) y Cusco (S/159 millones). Sin embargo, el promedio nacional de ejecución apenas alcanza el 46.1 %, con departamentos como Amazonas, que superan el 66 %, y otros, como Áncash y Arequipa, por debajo del 35 %. Esta disparidad no expresa de forma necesaria una mayor calidad de gasto en unos departamentos frente a otros, sino distinta complejidad y poca capacidad institucional para resolver el desafío.

Gastos en educación social, comunicación y difusión

Según la estructura funcional del PP  068, los gastos en educación social, comunicación y difusión comprenden entre el 5 % y el 10 % del presupuesto total, lo que equivale a un rango de S/159 millones a S/318 millones para el 2025. Estos recursos se dirigen a las campañas de sensibilización, la capacitación comunitaria y el desarrollo de sistemas de alerta temprana y fortalecimiento organizacional cuyo impacto debe medirse.

No obstante, los niveles de ejecución de estas intervenciones son bajos. Algunos proyectos regionales alcanzan apenas un 11.4 % de avance en campañas de difusión. Aunque se registran altos niveles (60 %) de inversión en componentes de organización comunitaria, aún nos sabemos cómo se miden sus efectos cuando, ante una alerta, la población, la comunidad y las instituciones muestran altos grados de desarticulación y un limitado liderazgo territorial. Esta brecha revela una desatención estructural a la mejora de la percepción del riesgo, un elemento clave para lograr cambios conductuales sostenibles.

¿Puede hablarse de calidad del gasto sin atender la percepción del riesgo?

En la actualidad, los cuatro ejes de prioridad del PP 068 (reducción de vulnerabilidades físicas, atención de emergencias, fortalecimiento institucional y reconstrucción) no incluyen de forma explícita la mejora de la percepción del riesgo, a pesar de su énfasis en la prevención. Esta omisión plantea un serio cuestionamiento sobre la calidad del gasto público: invertir miles de millones en infraestructura o respuesta sin transformar la cultura del riesgo en la población puede significar intervenciones correctas a nivel técnico, pero ineficaces desde el punto de vista social.

Propuestas de mejora

Para revertir esta tendencia, es fundamental que los tres niveles de Gobierno prioricen una agenda conjunta que incluya:

1. Educación comunitaria integral. Diseñar e implementar programas continuos de capacitación en gestión del riesgo desde la escuela hasta las organizaciones territoriales mediante el uso de medios digitales, radios comunitarias y metodologías participativas.
2. Alertas tempranas efectivas. Promover sistemas de alerta con enfoque intercultural adaptados a las características sociolingüísticas de las poblaciones.
3. Monitoreo y transparencia. Mejorar los sistemas de seguimiento de la ejecución del gasto en proyectos sociales para facilitar la fiscalización ciudadana.
4. Reforma de prioridades del PP n.^o 068. Incorporar de forma explícita el componente de percepción y educación del riesgo como una prioridad nacional transversal y no como un gasto menor.
5. Construir un mejor y nuevo modelo de trabajo institucional. Involucrar a la comunidad y otros actores en este modelo de trabajo. Es una agenda que urge para aumentar la resiliencia en varios frentes.

Si bien el Perú ha demostrado un compromiso sostenido con la inversión pública en gestión del riesgo en la última década, es necesario redirigir más recursos hacia la educación social y la comunicación para el desarrollo en GIRD, a fin de lograr un cambio de comportamiento y fomentar una prevención efectiva y sostenible. El hecho de hablar de la calidad del gasto sin priorizar la percepción del riesgo, implica desconocer que la resiliencia comienza en la mente y las prácticas de las personas.

Al reforzar la resiliencia desde la base comunitaria, será posible enfrentar futuras amenazas con mayor preparación y cohesión social. Insto a las universidades a comprometerse con este proceso de gran trascendencia e impulsar un rediseño del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Se trata de un desafío compartido por todos los actores, incluidos la academia y la ciudadanía activa.