¿Por qué necesitamos la perspectiva de las mujeres en el sector público?
Por Santiago Levy
Contar con mujeres en los órganos de toma de decisión en el sector público conduce a mejores resultados de desarrollo. Numerosos estudios indican que la presencia de mujeres en cargos electos aumenta la probabilidad de que los intereses de las mujeres estén representados. Y esto es muy relevante, ya que las mujeres tienen preferencias distintas a los hombres sobre la asignación de recursos públicos y las prioridades legislativas.
Por ejemplo, un estudio realizado en Bolivia encontró que los municipios con concejalas dedican más a inversión social, dando prioridad al gasto en salud, educación y protección del medio ambiente. Y un estudio en India encontró que el aumento de representación política de las mujeres en las legislaturas estatales condujo a una reducción de la mortalidad neonatal, como consecuencia de la asignación de recursos a los centros de salud pública y el fomento de la atención prenatal, los partos en centros médicos y la vacunación. Otros estudios han encontrado que los consejos de aldea encabezados por mujeres en India invierten más en infraestructura relacionada directamente con los intereses de las mujeres y proporcionan más y mejores servicios públicos.
La inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión también tiene un impacto significativo en las actitudes hacia ellas y su empoderamiento. Diferentes investigaciones sugieren que:
- La participación política de mujeres electas reduce prejuicios y estereotipos negativos sobre la eficacia de las mujeres en puestos de liderazgo.
- La exposición a mujeres líderes influye en las aspiraciones profesionales y el desempeño escolar de niñas y adolescentes
- Los mecanismos de participación política de las mujeres incrementa la aceptación de candidatas y de dirigentes políticos femeninos por parte de los votantes.
Representación de las mujeres en la vida pública
Y sin embargo, a pesar de la evidencia sobre los beneficios de la incorporación de más mujeres a los órganos de toma de decisión en el sector público, las estadísticas siguen presentando un panorama sombrío. Incluso en América Latina y el Caribe, donde la presencia de las mujeres ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles de la vida pública:
- Congreso: Las mujeres representan más del 50% de la población y, sin embargo, sólo ocupan el 25% de los escaños legislativos y el 19% de las presidencias de los comités parlamentarios.
- Nivel ejecutivo: Cinco mujeres ocupan actualmente el más alto cargo electo: Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michele Bachelet en Chile, Portia Simpson Miller en Jamaica y Persad Bissessar en Trinidad y Tobago. Siendo el mayor número de la historia, todavía representan menos del 20% de los jefes de estado. En cuanto a puestos ministeriales, su presencia es ligeramente superior al 23%.
- Partidos políticos: Las mujeres representan más del 50% de la membresía de los partidos pero sólo ocupan el 12% de sus presidencias y secretarías generales y el 20% de los comités ejecutivos nacionales.
- Nivel local: Las mujeres ocupan sólo el 9% de las alcaldías y representan el 22% de los miembros de los consejos municipales.
- Sector público: Las mujeres ocupan alrededor del 50% de los puestos del sector público, pero sólo el 20% de los de alto rango. Y eso a pesar de que las empleadas públicas tienen un 40% más probabilidad de tener una educación universitaria que sus colegas masculinos.
El ritmo del cambio debe acelerarse, tanto para proporcionar a mujeres líderes las oportunidades que merecen como para garantizar que sus prioridades se incluyan en las políticas públicas.
¿Qué podemos hacer? Un enfoque prometedor es apoyar, ofrecer mentoría y fortalecer a las mujeres líderes y a las funcionarias gubernamentales comprometidas con el sector público. Por eso el BID está lanzando la Red PROLID, una red virtual cuyo objetivo es ayudarlas a dar rienda suelta a su potencial para el liderazgo, a que perfeccionen sus habilidades y a que promuevan la igualdad de género a través de sus programas de trabajo y las políticas públicas.