¿Qué sabemos sobre el gasto en seguridad ciudadana?

Por Carina Solmirano

Es conocido que América Latina y el Caribe sufren una epidemia de inseguridad, manifestada en tasas que promedian los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en Centroamérica, cuatro veces más alta que el promedio mundial, y entre 16 y 24 por cada 100,000 habitantes en Sudamérica y el Caribe.

Los gobiernos nacionales y subnacionales de la región han abordado el reto con importantes aumentos en las partidas presupuestarias del gasto en seguridad. Un estudio del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés) mostró que en Centroamérica y México, el gasto de los ministerios de seguridad pública aumentó un 131% en términos reales entre 2006 y 2012. Estos aumentos, sin embargo, no han sido acompañados por mejoras sustanciales en los indicadores de seguridad.

Frente a este panorama, si los presupuestos de seguridad aumentan, pero el crimen y la violencia no disminuyen, es evidente que hay un problema.

¿Se necesitan mayores recursos humanos? ¿Mejor infraestructura en las cárceles? ¿Mejor tecnología para saber dónde ocurre el crimen? ¿Cómo podemos saber si el gasto en seguridad es eficiente en base a los resultados obtenidos?

Hasta ahora, se han hecho pocos análisis sobre la relación entre el gasto en seguridad ciudadana y los resultados obtenidos en el sector.

Por ejemplo, México triplicó su gasto en seguridad pública desde el 2001, según un informede la consultora Ethos.  No obstante, la violencia sigue elevada, con importantes retos especialmente en el sector de justicia, donde uno de cuatro delitos a nivel federal y uno de cada diez a nivel estatal deriva en una sentencia. El informe sugiere una serie de acciones para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad.

De manera similar, un estudio del Banco Mundial en El Salvador señala que pese a tener el nivel de gasto en seguridad más alto en Centroamérica (2,8% del PIB en 2011), falta coordinación y complementariedad entre las instituciones que componen el sector de seguridad y justicia, entre otros temas. El 45% del presupuesto se dedica a tareas de patrullaje y vigilancia policial, y solo el 3% para la prevención del delito. En Chile, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana destaca que menos del 10% del presupuesto de seguridad se destina a la prevención.

Los estudios mencionados sirven como un antecedente importante en la generación de una agenda para estudiar la eficiencia del gasto en seguridad que la unidad de seguridad ciudadana del BID llevará a cabo en los próximos meses.

Para que los gobiernos puedan asignar mejor sus recursos a la seguridad ciudadana es necesario no solo debatir las prioridades estratégicas del sector, sino también considerar los costos y beneficios de llevar a cabo ciertas políticas, las que deberían estar informadas por la evidencia y conocimiento disponible. El BID ha empezado a generar este conocimiento a través de su nueva agenda (para más detalles, ver este post anterior) y espera poder contribuir en sus futuras operaciones con mejores diagnósticos sobre la mejor utilización del gasto público para la seguridad ciudadana.