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Atalaya Económica Manuel Romero Caro Manuel Romero Caro

Atentando contra los intereses nacionales 12.02.19

En mi opinión es muy censurable la manera como la fiscalía y la procuraduría del caso Odebrecht (Odb), han “negociado” el Acuerdo con dicha constructora. En realidad no ha habido negociación porque Odb no ha cedido nada desde su posición inicial. En cambio el lado peruano ha otorgado una serie de “incentivos” ya explicados anteriormente. Y cuando se ha querido obtener alguna concesión de Odb, simplemente habría argumentado que no podía conceder lo solicitado por su muy delicada situación financiera. O manifestado que sus ex ejecutivos ya no declararían. Y todo quedaba en nada.
En el caso de la fiscalía, esta conocía muy bien que el activo más valioso de Odb en el Perú es la hidroeléctrica de Chaglla, cuyo valor de venta es US$ 1,200. De los cuales la parte en efectivo es de $ 640 millones , y, según lo declarado el 29.11.18 por el ministro de justicia a los periodistas extranjeros, $ 320 millones iban para la Reparación Civil (RC). También hay que considerar que la semana pasada se mostró en TV un memorándum del MEF elaborado para justificar la Ley 30737. En dichos cálculos el 50% por la venta de Chaglla representaba el 63% de los ingresos que se obtendrían por vender Chaglla, Rutas de Lima , IIRSAs, Olmos y Chavimochic III. Por lo que la Fiscalía sabía que al aprobar que nada de la venta de Chaglla fuera para el fondo de la RC, no solo rebajaría a esta a un monto mínimo, sino que tampoco alcanzará para pagar las deudas de Odb a Cofide ($127MM) y a Sunat (aproximadamente 400 millones de soles). Y con el elevado riesgo adicional que Odb entre en insolvencia, quiebra o ambas, por lo que lo efectivamente cobrable disminuiría aún más. Con el agravante que los recursos entregados a Odb por la fiscalía se orientarían a los acreedores de Odb. En lo que a la Procuraduría se refiere, en mi opinión no ha cumplido, ni de lejos, con su función de defender los intereses del Estado. Primero por su obsecuencia con la actuación de la fiscalía , y además por otras razones. Por ejemplo ya hemos explicado que la Procuraduría debió exigir que ElectroPerú (ELP) compre Chaglla a un precio algo mayor que el potencial comprador. Una vez adquirida la hidroeléctrica, ELP se desistiría del abusivo contrato por el que está obligado de comprarle casi toda su producción a un precio muy elevado, lo que le genera un gran déficit . Y si luego se hubiera privatizado, ahorraría miles de millones al Estado. ¿Los defensores de la firma del Acuerdo aprueban la actuación de la Fiscalía y Procuraduría?. ¿ Vale la pena tantos incentivos a Odb para conocer a los corruptos de solo el 6.2% de sus obras?. De otro lado, si consideramos que el Presidente Vizcarra sustenta su popularidad en su liderazgo en la lucha contra la corrupción y ha declarado el 2019 como “el Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”, ¿la manera como está actuando el gobierno frente al Acuerdo con Odb es un ejemplo de lo que va a ser su actuación el 2019?. ¿ Vizcarra dio su “venia “ al Acuerdo con Odb como anunció el PCM?. Y no crean que los cuestionamientos les han pasado desapercibidos. Ya que el ministro de justicia no descartó una posible modificación del preacuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en varios puntos, como el referido al monto de reparación civil o el número de obras incluidas en las investigaciones (Expreso 01.02.19). Porque hay que considerar que la misma ciudadanía a la que Vizcarra involucró en la lucha contra la Corrupción, rápidamente puede dejar de apoyarlo si percibe que se estaría atentando contra los intereses nacionales .

 

 

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