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Atalaya Económica Manuel Romero Caro Manuel Romero Caro

No quieren que Barata hable (I) 08.02.18

Hay una serie de acontecimientos que se están produciendo en los últimos días que apuntarían a impedir que Jorge Barata concrete su esperada declaración ante las autoridades judiciales. El principal problema a resolver por Odebrecht (Odb) , y eso lo sabe el gobierno, es acordar el monto de las reparaciones . Es por ello que llamó la atención que sorpresivamente el procurador Jorge Ramirez anunciara públicamente (1) que Odb tenía que pagar de 3,468 millones de soles como reparación por 3 proyectos. Para mi es evidente que el procurador Ramirez no se disparó anunciando una cifra como la mencionada sin la autorización del Ministro de Justicia , y consecuentemente de PPK; ya que posteriormente siguió insistiendo en dicha cifra. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que PPK experimentó con la ex procuradora Katherine Ampuero por su exposición mediática. Asimismo el procurador Ramirez explicó que los S/ 3,468 millones tenían dos componentes : uno referido “al daño patrimonial –basado en informes previos de la contraloría– y uno extra patrimonial –sobre la afectación a la imagen del Estado y la desconfianza en la población–. Con esto último evaluamos cuánto nos costaría hacer una reforma institucional” (2). Como debe de resultar obvio, esta “metodología” no resistiría ningún análisis en un proceso ante el Ciadi o la Cámara Internacional de París, que es donde muy probablemente terminen estos procesos al no ponerse de acuerdo las partes. Por lo que es indispensable contratar a prestigiadas consultoras internacionales (seleccionadas por el MEF) que tengan experiencia en el tema y que no tengan vinculación directa o indirecta con los acusados. Para mi es imposible que tanto PPK como la PCM y el MEF no se hayan percatado de las evidentes limitaciones de los procuradores en la determinación de las reparaciones. Por lo que lo que debe de estar sucediendo es que el MEF no quiera asumir la responsabilidad del encargo y PPK lo permite. Pero resulta indispensable que el MEF la asuma si es que realmente se desea destrabar los proyectos paralizados y avanzar en los procesos judiciales del Lava Jato Peruano (LJP) . Ya que si no sería más de lo que hemos experimentado en el primer año, aún con las nuevas reglas que se establezcan. Continuaría la parálisis actual en las conversaciones con Odebrecht y este se negaría a seguir colaborando con la fiscalía, lo que favorecería ciertos intereses. Es que es evidente que al día de hoy hay una distancia demasiado grande entre lo que la procuraduría pretende obtener por la reparación (30 veces el monto admitido como soborno) sin ninguna metodología reconocida y lo que Odebrecht desea (que sea dos veces). De otro lado se conoció que en un escrito presentado por el abogado brasileño Carlos Kauffmann a la oficina de cooperación judicial internacional de Brasil, Barata ratifica su voluntad de declarar todo lo que sabe , pero con una condición: que también participe el procurador ad hoc para el caso Odebrecht en el Perú, Jorge Miguel Ramírez, y que este firme un compromiso expreso de no utilizar sus declaraciones para denunciarlo, embargar sus cuentas o perseguir a la constructora brasileña (3). Aunque la Fiscalía insiste en que habrá declaración, existen justificadas dudas. En la segunda parte de este artículo, que se presentaría en la edición de Gestión del 08.02.17, seguiremos presentando otros factores que apuntarían a impedir que Jorge Barata entregue la información necesaria para que los corruptos que todavía permanecen en las sombras rindan cuentas ante la justicia.
(1) Cuarto Poder 28.01.18. (2) EC 31.01.18. (3) LR 04.02.18

 

 

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