La quincena versus la historia

Es una muy buena noticia que la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) retorne al Estado. Sin embargo todavía falta los más importante, la definición de si seguiremos, o no, con el abusivo contrato de Odebrechet.
Es que no hay que ser ingenuos: si cuando se firmó el contrato del GSP, no existía oferta (reservas de gas disponibles) ni demanda, ya que el principal demandante, la Petroquímica, estaba congelada; ¿por qué alguien invertiría en un proyecto con esas características? ; porque tenía Ingresos Garantizados (IG). A razón de US$ 912 millones durante 30 años.
Y todo parece indicar (nada me gustaría más que equivocarme) que el gobierno privilegiaría la quincena sobre la historia. Optaría por lo más fácil, por lo que cree que le generaría menos problemas : nombraría un interventor para el GSP, el que efectuaría una valorización de la concesión; y luego organizaría una o varias subastas. Y venderá la concesión al mejor postor, y el afortunado que compre el GSP lo hará con el abusivo contrato de Odebrecht vigente.
Se argumenta que volver a licitar el proyecto con nuevas reglas del juego tomaría tiempo y que eso costaría ½ del 1% del PBI. Pero no se dice nada del impacto negativo sobre el PBI en los próximos 30 años si el contrato de Odebrecht siguiera vigente.
Sin embargo el objetivo de las subastas es recaudar fondos para pagarles lo que le corresponde a los accionistas del GSP. Por lo que lo más razonable sería que el gobierno asuma transitoriamente el pago a los concesionarios; el que sería reembolsado cuando se concrete la nueva licitación. La parte correspondiente a Odb (55%) no necesariamente debe de representar desembolso de dinero, porque igual se iría a un fideicomiso. Y el gobierno podría negociar una forma de pago con los otros dos accionistas.
De continuarse con el actual contrato de Odb en la nueva etapa del GSP, los beneficiados serían el gobierno (que no sufriría el impacto en el PBI y se libraría de un gran dolor de cabeza ) y la empresa(s) que resulte (n) ganadora (s) en la subasta. Los perjudicados serían los consumidores eléctricos (si continúa el cargo en los recibos) o los contribuyentes, si se adoptara la fórmula de la garantía del Estado, porque el ministerio de economía, luego de un período prudencial vería la manera de transferir la carga asumida ,sea vía una mayor presión tributaría o vía un mayor contracción del gasto. Otros que perderían serían los próximos 6 gobiernos ,pues el contrato dura 30 años. Y mientras la administración Kucksinky solo experimentaría un pequeño impacto ( ya que se reparte una cuota anual de $912 millones a los largo de los 4 o 5 años del período pre operativo); los próximos gobiernos tendrían que enfrentar una carga brutal, ya que tendrían el impacto de los $912 millones (menos lo poco que pueda transportar el GSP) todos los años durante 30 años. Si PPK recibió una papa caliente de parte del gobierno de Humala, él les dejaría bombas atómicas a los próximos 5 gobiernos. ¿Se imaginan las protestas ( o el impacto en Tesoro Público que igual se lo transferirían a los contribuyentes) de los consumidores de luz cuando les apliquen en sus recibos $ 456 millones cada año durante 30 años!! (asumiendo que el GSP solo transportara la mitad de lo establecido contractualmente: 500 millones de pies cúbicos día)
De otro lado PPK ha manifestado en repetidas oportunidades el interés para que se concrete la interconexión eléctrica con Chile. Sin embargo para lograr dicha interconexión un requisito previo sería homologar ambas políticas energéticas. Y un paso indispensable en ese sentido tendría que ser retirar los numerosos sobrecostos que se cargan a los recibos de luz, y los cargos atribuibles al GSP serán los más significativos. Por lo que continuar con el actual contrato seguirían dichas distorsiones, lo que sería contradictorio con lo anunciado por el propio PPK y con las políticas anunciadas por el ministro de energía y minas.
En mi opinión , las posibilidades que no haya habido sobornos en el GSP son casi nulas, como ya lo hemos explicado. Pero las coimas habrían sido fundamentalmente para que Odb pudiera imponer sus condiciones en el contrato de concesión.
Por lo que no se entienden las razones que tendría el Ejecutivo para perennizar un contrato probadamente abusivo y muy probablemente corrupto