Las reformas de segunda generación

(09/02/2016)

Si analizamos la ubicación de nuestro país en los diferentes indicadores del último informe del Foro Económico Mundial (FEM), concluiremos que tenemos un país que funciona muy bien en los aspectos macro (en Entorno Macroeconómico estamos en el puesto 23 de 140 economías por el FEM, y en el puesto 30 en Mercado Financiero) pero muy mal en los aspectos institucionales.

Es así que sobre un total de 140 países, el Perú se ubica en el puesto 135 en servicios de la Policía, 133 en crimen organizado, 130 respecto a confianza en la clase política y calidad del sistema educativo y 133 en rigidez laboral; y en desafíos en relación con la corrupción bajamos siete posiciones. Factores que definitivamente afectan el clima de hacer negocios en el país.

Casi se podría afirmar que tenemos una macro del primer mundo y una institucionalidad del tercer mundo. O que mientras las reformas de primera generación están en el sistema digital, las de segunda todavía están en el modelo analógico. Es que para llevar adelante las reformas de primera generación no se necesitaban grandes consensos políticos, ya que una buena parte de las medidas dependían del Ejecutivo (la reforma arancelaria, la privatización de las empresas públicas, por ejemplo). Naturalmente, hubo que vencer las resistencias de los grupos afectados por cada una de las reformas, pero esas eran menos complicadas de implementar.

En cambio, para avanzar en las denominadas reformas de segunda generación, esas que, a diferencia de las primeras, tienen como un prerrequisito indispensable un consenso político amplio, no dependen fundamentalmente del Ejecutivo y por la naturaleza de las mismas son más difíciles de ejecutarlas y duran más de un periodo gubernamental; para lo cual el gobierno de turno deberá tener una amplia voluntad concertadora y un amplio equipo de operadores políticos, ambas características ausentes en la administración Humala. Por ejemplo, para acabar con el crimen organizado, para lograr la seguridad ciudadana, sería necesario un acuerdo previo con las principales fuerzas políticas y avanzar simultáneamente por lo menos en las reformas de la Policía; del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Es que si bien en los últimos 25 años se ha logrado transformar parcialmente en el país y se ha avanzado con las reformas de primera generación; no solo no ha sucedido lo mismo con los aspectos institucionales, sino que incluso en algunos casos se ha retrocedido; lo que no solo está afectando el crecimiento. Es así que como consecuencia de ello se ha disparado el crimen organizado, la minería informal, la tala indiscriminada de madera, el narcotráfico, etc.

De otro lado resulta indispensable retomar el crecimiento del país, entre otras razones porque se necesitarán financiar el proceso de reformas. Y este va a ser un reto complicado en el complicado entorno internacional, ya que como podemos apreciarlo desde hace un tiempo, va a resultar más difícil mantener la estabilidad macroeconómica, como es el caso del tipo de cambio y de la evolución del Índice de los Precios al Consumidor. Y para recuperar el crecimiento resulta indispensable una verdadera revolución que impulse los niveles de productividad, cuya contribución al crecimiento se ha deteriorado significativamente. En esta misma línea se encuentra la lucha contra la creciente tramitología y la desregulación. Hay que entender que no basta la estabilidad macro, las reformas que faltan son indispensables para el crecimiento futuro, particularmente cuando el boom de los precios de los commodities que exportamos ha llegado a su fin.

Es por ello que el principal reto de quien resulte triunfador en la presente contienda electoral será impulsar las indispensables reformas de segunda generación, y eso, como lo señaláramos en nuestro último artículo, solo será posible si se lanza dicho proceso en los primeros meses de gestión, para lo cual los que aspiran a ser gobierno ya deben de contar con un equipo que solo se dedique a esta delicada responsabilidad.